Ya ha terminado el periodo de alegaciones al Proyecto Inicial del Plan Director de Transportes de Viajeros de la Región de Murcia. Pensaba yo escribir sobre ese tema, pues he presentado alegaciones tras habérmelo leído. Como al anteproyecto también envié mis sugerencias y ni han hecho caso en nada, ni tan siquiera un acuse de recibo, LA OPINIÓN me ha dado el espacio para dar a conocer a sus lectores mi versión del susodicho Plan. Pensaba.

Pero los trabajadores de LAT están de huelga y creo que su esfuerzo merece un apoyo por nuestra parte, pues una huelga representa una pérdida de salario.

Su huelga es por ellos, por defender su trabajo y por la precariedad de este. Pero también es por nosotros. Porque se ven en la obligación de dejar en tierra a viajeros porque ya no caben más debido a la restricción de aforo y porque se nos restringe el derecho a la movilidad.

Su huelga también es para que el Ayuntamiento de Murcia, la Asamblea Regional y las oposiciones respectivas hagan algo. Estas instituciones no hacen nada y los grupos políticos no se unen ante estos hechos.

El Ayuntamiento, que no ha hecho nada por tomar las líneas que por la Ley 10/2015 le corresponden. Por aceptar una orden del consejero que va en contra de una ley y hacerlo sin rechistar. Por no aclarar de una vez su posición y por anteponer el Partido a los ciudadanos.

La Asamblea tiene su responsabilidad por no obligar a cumplir la Ley 10/2015 o dar las debidas explicaciones. Los grupos políticos en la oposición deberían hacer frente común ante estos hechos que perjudican a los vecinos y pedir explicaciones.

La Consejería de Fomento, acuciada quizás por el presupuesto y anteponiéndolo, vea solo en términos de rentabilidad económica el servicio de transporte público.

La directora general de Movilidad anuncia 'su' verdad afirmando que las líneas 26 y 30 están al 100% o que la 39 circula con autobuses con más capacidad para que los universitarios comiencen el curso de la forma más segura, cuando lo que se hizo fue lo de siempre: poner los autobuses articulados de toda la vida.

La línea 26, por si no lo sabe la directora general, lleva dos recorridos; 26B, sufragada por el Ayuntamiento que sí circula al 100%; y la 26A, que pese a sus anuncios, a día 13 de octubre circula al 82,1 %. Según el BORM del 19 de septiembre de 2012, deberían circular cada 15 minutos con un total de 123 expediciones en un día laborable de invierno.

Con la 'nueva' ampliación que no se toca desde junio, hay 7 franjas horarias de una hora punta (cada 15 minutos) que ni por asomo se ajustan al decreto de servicios mínimos. Es curioso que ustedes consideren unas horas punta para una cosa, pero si hay huelga las horas punta son otras.

En la línea 30 ocurre otro tanto con la 30dD Zeneta que el Ayuntamiento de Murcia subvenciona en la ampliación de expediciones que la concesión no contempla. Pues bien, ni sumando las expediciones del Ayuntamiento se llegan a las 61 expediciones que sería lo estipulado, pues solo circulan 46.

Hay, sí, algunas líneas en las que se han puesto más autobuses, pero lo normal es que se ajustan a 'sus' horas punta y dejan el resto de servicio con franjas horarias de 3 horas sin servicio en algunas líneas (véase la línea 31B de Alquerías).

Pediría a las autoridades que oigan a otros agentes sociales. Que no vean a los sindicatos como enemigos y sí como interlocutores válidos por saber de primera mano la realidad que no se quiere ver. Que oigan a los pedáneos, que reciben las quejas de los vecinos, o a las asociaciones, que se preocupan de mejorar el transporte.

Como dicen los sindicatos, y se quedan cortos, «esta huelga es contra el consejero Díez de Revenga, que ha optado por no invertir en el transporte público». Y quien cita al consejero cita también a quien está por encima.

Nosotros añadimos al alcalde de Murcia y a todos los políticos implicados. Para terminar, y como ejemplo del interés del señor Díez de Revenga por el transporte, es que en el pasado 1 de octubre se publicó en el BORM una resolución de la Dirección de Movilidad y Litoral en la que se comunicaba que el 21 de junio terminó el estado de alarma.

La resolución, dentro de un desarrollo jurídicamente correcto, viene a decir que se adecuarán los niveles de oferta de los servicios de transporte público a la evolución de la recuperación de la demanda, con objeto de garantizar la adecuada prestación de los mismos, facilitando a los ciudadanos el acceso a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos, atendiendo a las medidas sanitarias para reducir el riesgo de contagio, evitando en cualquier caso las aglomeraciones, y respetándose las medidas sobre el volumen de ocupación de vehículos. Las negritas son mías al estar pensando en las fotos y vídeos que circulan por las redes sociales.

Por ello se resuelve que los titulares de las concesiones adaptarán la oferta de servicios a la evolución de la demanda, conforme ésta se vaya produciendo, y lo comunicará a la autoridad. Sigue siendo bastante indicativo que todo según lo vea la concesionaria, sin interesarse ella misma u oír a otros agentes sociales implicados.

Posdata: La semana próxima sí hablaremos del Plan Director de Transporte de viajeros. Sé parte de una realidad falsa, así que vayan preparándose.