El Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado un Decreto-Ley por el que se establecen medidas de lucha contra la ocupación irregular de viviendas, con el objetivo de frenar el movimiento 'okupa' en nuestro territorio e impedir así que se menoscabe el derecho a la propiedad privada.
Con esta iniciativa, Fernando López Miras se convierte en el primer presidente autonómico que, ante la inacción de Pedro Sánchez, impulsa una normativa contra la 'okupación' ilegal de viviendas, una lacra social que cada vez afecta a más familias que ven cómo los okupas asaltan sus casas sin que el Gobierno de España adopte medida alguna.
De tal forma que el Gobierno regional ha transformado la Ley de Vivienda en la 'Ley de Vivienda y Ocupación de la Región de Murcia', con el fin de acabar con esta práctica ilegal. El nuevo Decreto-Ley, además, establece un asesoramiento específico para las víctimas de 'okupaciones', que no son precisamente empresas tenedoras de 'fondos buitre' como demagógicamente quiere hacer ver la izquierda radical, sino modestos propietarios que con gran esfuerzo y ahorro han adquirido su vivienda habitual o su segunda residencia.
Además, el perfil de okupa no es precisamente el de familia vulnerable, que cuentan en la Región de Murcia con una amplia red de servicios sociales que ofrecen viviendas a quienes las necesitan. Se trata, bien al contrario, de auténticas mafias organizadas que 'okupan' viviendas para hacer negocio con ellas, lo que además provoca focos de delincuencia y degradación de barrios enteros.
El Decreto-Ley, en ese sentido, establece la creación de un canal de denuncias que proteja la identidad de los denunciantes. También refuerza la cooperación entre Administraciones para luchar contra esta práctica, y obliga a los Ayuntamientos a notificar los casos que se detecten en sus municipios a través de la Policía Local y los Servicios Sociales.
Asimismo, propone mecanismos para impedir la transmisión o cesión fraudulenta de una vivienda ocupada ilegalmente, como que las empresas de servicios y suministros deben asegurarse de que los solicitantes de un servicio son los legítimos ocupantes del mismo, y además comuniquen los casos de ocupación de los que tengan constancia.
Esta iniciativa pionera del presidente López Miras se une a otras actuaciones que contra la 'okupación' el Partido Popular está llevando a cabo, como una proposición de Ley en el Congreso que permite el desalojo rápido de los 'okupas' y prohíbe su empadronamiento en las viviendas ocupadas ilegalmente, una recogida de firmas a través de la plataforma change.org y una ofensiva para que los Parlamentos autonómicos y los Ayuntamientos manifiesten su compromiso en la lucha contra esta lacra social. El PP es el gran defensor de la propiedad privada, y no está dispuesto a mirar hacia otro lado mientras se atropella de manera frecuente, y sin respuesta alguna, un derecho reconocido y consagrado en la Constitución.
Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez niega esta oleada de 'okupaciones' que venimos sufriendo en España y se pone del lado de los que cometen el delito, en vez de posicionarse junto a las familias y vecinos, algo que desde el Partido Popular no vamos a permitir. El PSOE demuestra una vez más que está dispuesto a cruzar muchas líneas rojas con tal de mantener a Sánchez en Moncloa, en vez de solucionar los problemas reales de los ciudadanos, que ven cómo se les puede usurpar sus viviendas con absoluta impunidad.
El PSOE en la Región tendrá que posicionarse a favor del derecho constitucional a la propiedad privada, o bien seguir plegado a las exigencias del socio de Gobierno de Sánchez, Pablo Iglesias, que sigue respaldando al movimiento okupa. Porque la Región de Murcia no es precisamente ajena al problema de la okupación: hoy hay 1.078 viviendas okupadas, según datos del Ministerio de Interior, y es un fenómeno creciente, ya que el año pasado hubo 147 denuncias por ocupación y en lo que llevamos de 2020 hay ya 176, un 20% más.
El Partido Popular, como defensor de las libertades individuales y los derechos constitucionales, ha decidido abanderar la lucha contra este fenómeno para atajarlo de raíz. No permitamos que la okupación pueda entenderse como una vía de acceso a la vivienda, sino como lo que realmente es: un delito contra la propiedad privada. Tenemos absolutamente claro que sin propiedad no hay libertad.
