12 de octubre de 2020
12.10.2020
La Opinión de Murcia
El Foro Político

Las políticas del miedo, la otra pandemia

11.10.2020 | 22:14
Las políticas del miedo, la otra pandemia

Es inaceptable que ocupen tu vivienda, esa que con esfuerzo pagas mes a mes. Tu casa, el lugar en el que has criado a tus hijos, has construido tu felicidad o es tu segunda vivienda, esa en la que te permites disfrutar como en ningún sitio, en la que sueñas envejecer. Que alguien pueda ser privado de su hogar es algo inadmisible y causa un rechazo unánime. La ultraderecha tiene clara la solución: okupas, una patada en el culo y a la calle. 

Sencillo ¿verdad? Este mensaje, instalado en varias vallas repartidas por toda la Región de Murcia, constituye una respuesta en apariencia 'fácil' para acabar con una amenaza que algunos presentan como inminente y simple de resolver. Por desgracia, a menudo, la realidad es tan simple de manipular que es necesario observar desde una perspectiva documentada para interpretarla en toda su magnitud. 

Según los mensajes lanzados por la extrema derecha, se está produciendo en nuestro país un incremento de las ocupaciones de viviendas, pero la realidad es que, tomando los datos de las denuncias por ocupación proporcionadas por el Ministerio del Interior, la evolución en 2020 ha sido de un 5% con respecto al año anterior, una tendencia menor que la experimentada años atrás. Es decir, ni existe una amenaza al alza, ni estamos ante una actividad delictiva en crecimiento. De hecho, la mayor evolución se produjo en 2018, pero lo curioso es que en aquel momento no hubo ningún debate al respecto.

Pese a los anuncios de las empresas de alarmas y de algunos personajes políticos poco rigurosos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca advierte de que más del 90% de las viviendas ocupadas pertenecen a bancos y en la mayoría de casos los ocupantes son familias en una situación de vulnerabilidad social.

Hay mucha insistencia en mensajes erróneos señalando al movimiento 'okupa' y colectivos que se muestran contrarios a la propiedad privada como si fueran de verdad una amenaza para todos los propietarios. Sin embargo, quienes ocupan una vivienda que no les pertenece son mayoritariamente los mismos a quienes la derecha y ultraderecha les gusta instrumentalizar vanagloriándose de que les repartieron alimentos durante los meses más duros de la pandemia. Son familias que no llegan a fin de mes, que no pueden mantener el pago de las cuotas de unas hipotecas que firmaron en condiciones a veces abusivas, o personas a las que les resulta imposible asumir el precio de una casa de alquiler. No son 'okupas', son ocupantes.

Lo más alarmante de todo es el modo en el que la derecha está instrumentalizando a estas personas para generar odio, alarma y ocultar las vergonzosas cifras de su gestión: un tercio de la población del municipio de Murcia vive en situación de riesgo de exclusión social. Uno de cada tres murcianos. Esto sí es un escándalo, esto sí que merece una gran alarma, pero los Gobiernos regional y municipal y sus socios de la utlraderecha siguen tratando de convencernos a todos de que el problema es el aumento de okupas, cuando el problema de verdad es que en 25 años de políticas del Partido Popular no se ha hecho nada para apoyar a tantas familias que no pueden permitirse tener un hogar propio.

En cuanto a vivienda social, si en España los datos están muy por debajo de la media europea con un 0,9 por 100 habitantes frente a las doce de Países Bajos, la realidad en Murcia es desoladora, ya que está en torno al 0,2 por cada 100 habitantes, una tasa ínfima que provoca que más de 900 personas con derecho a vivienda social la capital se encuentren a la espera de una que difícilmente se les otorgará. 

A falta de viviendas sociales, el alquiler tampoco se torna como una opción para muchos murcianos que no pueden asumir con sus exiguos sueldos (los segundos más bajos de toda España) los 500 euros de media que cuesta un piso de 70 metros cuadrados.  

Y es que Murcia tiene la tercera peor tasa de temporalidad y precariedad laboral de España, un nivel de desigualdad de los mayores de todo el país, pero, a pesar de todo esto, el presidente Fernando López Miras anunció sin pestañear que tendrá mano dura con la 'okupación', aplicando multas de hasta 90.000 euros y la imposibilidad de acceder a una vivienda social en diez años. Parece que al Partido Popular le interesa mezclar a las personas vulnerables con delincuentes. Todos en el mismo saco. Sale más barato a las arcas regionales y concuerda con su plan de bajada de impuestos.

Partiendo de una perspectiva de derechos humanos, es importante tener en cuenta que las personas que ocupan son en muchas ocasiones víctimas del sistema. No son criminales, son familias, a veces monoparentales encabezadas por mujeres que no tienen otra opción que dar una 'patada' para guarecer a sus hijos, son trabajadores pobres a los que su sueldo no les da ni para pagarse una habitación. ¿O acaso creen que la existencia de infraviviendas cerca de El Rollo, lugar donde se recoge a temporeros para llevarlos a trabajar al campo es casualidad? No es casualidad. No nos llevemos a error. Lo que está pasando en las Calderas del Gas y en el edificio en construcción junto al Alias en  Murcia no es una okupación con 'k', se trata de infraviviendas que albergan a decenas de personas que recogen la fruta que comemos y que están enriqueciendo a criminales a los que la extrema derecha no señala, tal vez porque consideran que están en su derecho de explotar a seres humanos. 

Pero, claro, quien vive de la confrontación, quien se gana el sueldo a base de instaurar una política del miedo, insistirá en que los okupas son otra pandemia, una enfermedad creciente. Poco les preocupan los problemas que afectan de verdad a la gente de Murcia: la desigualdad social, el desmantelamiento de la educación, de la sanidad pública, el precio de la vivienda, la precarización de los servicios sociales. Todo eso da igual. No hay crítica ni propuestas, lo importante es enfrentar a los que tienen poco con los que tienen menos aún, crear fricciones para emerger como la solución a todos los males y peligros que amenazan a la sociedad. Poco importa señalar, criminalizar, culpabilizar a los débiles si con ello logran su objetivo. Es lo que tiene la política del miedo.

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