Ha sido una importante comparecencia en la Asamblea Regional la del colectivo de la Marea Blanca ante la Comisión de Reactivación Económica y Social y de Evaluación del Impacto del coronavirus en la Región de Murcia, constituida con la finalidad de elaborar un dictamen que recoja iniciativas para superar la crisis económica y social ocasionada por la pandemia.

El informe presentado en nombre de las 52 asociaciones y colectivos que integran la Marea Blanca, constata claramente el déficit histórico de nuestra región, tanto en infraestructuras sanitarias como en personal sanitario, agravado por los recortes presupuestarios tras la crisis de 2008 (todavía hoy no recuperados), de tal modo que a principio de la pandemia las plantillas de Atención Primaria estaban por debajo de la media nacional en personal médico y de enfermería, apenas incrementados desde 2010.

A la larga, la situación ha tenido consecuencias negativas en términos de salud para la ciudadanía, tales como aumento de los tiempos de espera en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, peores índices de salud en aspectos como el 'número de años de vida saludables a los 65 años, tasas de mortalidad o morbilidad, y en tasas de prevalencia de patologías crónicas como la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o las enfermedades del corazón'; conclusiones puestas también de manifiesto por el Consejo Económico y Social en la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Región de Murcia 2019.

Pero de todas las importantes aportaciones del informe, querría destacar básicamente dos. La primera se refiere a la importancia de disponer de una Ley de Salud Pública en la Región que afronte los principales factores determinantes del estado de salud de la población que tienen que ver con las condiciones de vida, sociales y económicas, como se ha podido comprobar durante esta pandemia. La salud también es cuestión de clase.

Y, en segundo lugar, el llamamiento tanto a la ciudadanía como a los partidos políticos para consensuar un Pacto Regional por el Sistema Sanitario Público, que tiene que fundamentarse en un servicio de Atención Primaria fortalecido que mejore presupuestariamente desde el 13,9% del gasto sanitario actual al 25% que recomienda la OMS y orientado fundamentalmente hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

La próxima tramitación de los Presupuestos Generales de la CARM para 2021 deben marcar ya un cambio de rumbo en este sentido.