Resulta curioso comprobar cuando se produce un cambio en el Gobierno español las diferentes lecturas interesadas que se hacen de los nombramientos de segundo y tercer nivel en la Administración pública; en la política regional ocurre lo mismo, pero aquí llevamos más de veinte años sin cambios y, por lo tanto, los que se producen son del mismo palo de la baraja, por lo que ya pasan hasta desapercibidos.

Estos días atrás hemos conocido que dos excargos socialistas han sido nombrados para dirigir o, mejor dicho, presidir, dos empresas públicas (el 51% del capital es público), de carácter eminentemente técnico, y lógicamente mucha gente ha puesto el grito en el cielo cuando han conocido que, por ejemplo, una enfermera va a estar al frente de un organismo del que seguramente no había oído hablar en su vida.

Pero más allá de la preparación técnica que se tenga, incluso se obvia de manera descarada poner en valor la experiencia que ambos hayan adquirido en sus cargos públicos, donde han tenido cierta responsabilidad de gestión, lo que resulta sorprendente es el tratamiento que se hace de la información, y esa que como decía el gran Pau Donés: «Todo depende del cristal con que se mire».

Cuando se nombra al presidente de la Autoridad Portuaria se elige; en cambio, cuando el actual Gobierno español nombra un alto cargo público, lo 'coloca'.

Lo que sería bueno es que los que venimos exigiendo, a veces solos por el desierto, una profunda reforma del sector público, se nos hiciera caso de una puñetera vez. Seguir manteniendo sistemas de nombramiento y estructuras de mediados del siglo XX en pleno XXI nos está llevando a situaciones tan absurdas como a veces indecentes.

Tenemos altos cargos públicos en los Ayuntamientos sin la más mínima preparación; hay direcciones generales duplicadas, otras sin estructuras y sin trabajadores, y para colmo ponemos al frente de organismos públicos a gente sin la más mínima experiencia en el sector. Estas anomalías lo único que contribuyen es al descrédito de lo público, por eso es más necesario que nunca afrontar de una vez por todas una profunda reforma.

Pero mientras eso no ocurre, que lamentablemente me temo tardará aún lustros si no décadas, sería bueno que la ley del embudo desapareciera, y se utilizara la misma vara de medir para todos. Los partidos políticos eligen, nombran o colocan, utilicen el adjetivo que consideren, pero, por favor, unifiquemos criterios.

Lo dicho, si queremos que el sector público sea una de las soluciones para el futuro, hay que cambiarlo de arriba abajo y de lado a lado; si queremos que siga formando parte del problema, vamos por el buen camino.