Han pasado tres meses desde que la eurocámara, tras un trabajo extraordinario del Grupo de Socialistas Españoles en el Parlamento Europeo, aprobara una serie de ayudas temporales dentro del FEADER (Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural). Un apoyo financiero que será de vital importancia para agricultores, cooperativas y pymes que, de alguna manera, se hayan visto afectados por la crisis sanitaria del covid-19.
Entre las medidas anunciadas a finales de abril, en el llamado 'segundo paquete de respuesta a la covid-19', se enmarca la propuesta de modificación del Reglamento de Desarrollo Rural, para que sus fondos puedan destinarse a este tipo de apoyo. El Parlamento Europeo ha elevado el importe máximo de la ayuda a 7.000 euros por agricultor, frente a los 5.000 euros propuestos por la Comisión Europea, y mantiene 50.000 euros para la pymes y cooperativas.
El trabajo del eurodiputado murciano Marcos Ros y el de su compañera Clara Aguilera, portavoz socialista de la Comisión de Agricultura en la eurocámara, ha dado sus frutos en forma de ayudas para todas las Comunidades autónomas de España, quienes tienen que convocarlas y tramitarlas, debiendo acreditar que éstas se destinan a los agricultores más afectados, aplicando criterios objetivos y no discriminatorios.
Sin embargo, como decía, han pasado ya tres meses de la aprobación de estas nuevas normas que permitirán dar liquidez a los agricultores que más lo necesitan y el Gobierno de López Miras no las ha convocado. Teniendo en cuenta que el plazo para las solicitudes vence el próximo 31 de diciembre, no sé a qué esperan para hacerlo. Resulta curioso que al presidente del Ejecutivo murciano se le llene la boca hablando de las necesidades del sector y tenga tan poca prisa para facilitarles el acceso a estas ayudas, que esperan como agua de mayo.
En estos más de seis meses de crisis sanitaria y social que azota a nuestro país y a nuestra Región, las únicas medidas implementadas para ayudar al sector agrícola, como a otros muchos sectores, han venido exclusivamente del Gobierno de España.
Es de justicia recordar que Murcia, a diferencia de otras Comunidades autónomas, no ha complementado estas ayudas con fondos propios. Ahí la muestra del compromiso de una y otra Administración.
La agricultura atraviesa una situación complicada: los precios de producción son casi siempre muy superiores a los de venta. Esto ocasiona que los agricultores tradicionales tengan serios problemas para continuar viviendo del oficio que le ha visto nacer, crecer y desarrollar sus vidas profesionales.
En este sentido, el Gobierno de España está haciendo frente a este problema que ha sido obviado durante muchos años con la Ley de la Cadena Alimentaria. El pasado 10 de febrero, el líder socialista, Diego Conesa, acompañado de una delegación del PSRM-PSOE, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para tratar asuntos relacionados con la futura Ley. Tuvimos, entonces, la oportunidad de trasladarle la necesidad de atajar esta práctica abusiva donde unos pocos se benefician del trabajo de la mayoría, haciendo hincapié en la solución inminente al problema de los precios en origen de los productos agrícolas. Esta dependerá, en gran parte, del control y garantías de cumplimiento que establezcan las propias Comunidades autónomas.
Frente a la acción decidida del Ejecutivo del Estado, en la Región sufrimos a un Gobierno inmovilista que, gracias a su inacción, está dejando caer al vacío el oficio de la agricultura, sin promocionar e incentivar el cambio generacional que precisa el sector desde hace años. Y para muestra, un botón. Hace unas semanas, el Ministerio hacia públicos los datos sobre el ejercicio 2019 referentes a las ayudas a jóvenes agricultores. Éstas se han visto incrementadas en un 16% respecto al año anterior. Un total de 14,5 millones de euros se han repartido entre 2.807 jóvenes agricultores en toda España. De éstos, solamente 21 son murcianos. En Comunidades como Aragón, por poner solo un ejemplo, los beneficiarios han sido 499 jovenes. La diferencia es abismal y las consecuencias, fatales para el sector.
Una muestra más de la incompetente gestión del Gobierno de López Miras.
No obstante, desde el PSOE de Diego Conesa seguiremos trabajando estrechamente en todas las instituciones y Parlamentos para que la agricultura de la Región de Murcia no salga debilitada por la dejadez de un Gobierno regional desgastado, sin ideas y mas pendiente de no defraudar a Vox y a la industria del juego, que al millón y medio de murcianos y murcianas.
