Mario, primero, y Fernando III

Uno, la forma ritual de perdonarle la vida a la vicepresidenta del Gobierno, Isabel Franco, en respuesta florentina a la felicitación de ésta, dos textos de intercambio tuitero que rebasan la dosis aceptable de hipocresía para el observador externo. En realidad, Martínez Vidal y quien ha apostado por ella desde Madrid han aplicado a Franco, que ha superado las presiones para que renunciara a su cargo en favor de la nueva lideresa, un temporizador que estallará cuando se resuelva judicialmente el asunto del supuesto pucherazo de las primarias a las elecciones autonómicas. Tiene gracia que, si hubiera existido irregularidad, deba pagarlo en exclusiva la beneficiaria de una operación oscura del partido (pues no cabe suponer que Franco organizara técnicamente aquellas primarias), y que sea después ese partido el que excite a la Justicia mediante la desobediencia a los requerimientos informativos de ésta para que concluya que hubo pucherazo, por mucho que los supuestos trucos informáticos beneficiaran en igual medida a su oponente denunciante. Franco se ha resistido a dimitir de la vicepresidencia, y el partido no ha querido forzar esa voluntad para evitar una posible crisis en el Grupo Parlamentario de Cs, de modo que ha optado por un veneno de eficacia lenta, consistente en facilitar que la Justicia llegue a una conclusión de la que el partido, actor directo de la organización de aquellas primarias, no se responsabilizará, e implicará políticamente a la beneficiaria entonces de sus supuestos manejos. Tras el tosco «váyase, señora Franco», viene ahora la respuesta sofisticada, que requiere de un cierto retardo. De ahí que Martínez Vidal haya dado lugar a titulares del tipo: Franco seguirá siendo vicepresidenta... de momento.

La resolución de la dirección nacional del pasado lunes es expresiva de que Cs no hace prisioneros. Ni en Murcia ni en el resto de España. Esta no es una característica exclusiva de ese partido, pues tampoco Diego Conesa (PSOE), López Miras (PP) o José Ángel Antelo (Vox) se distinguen por la voluntad de integración de sus respectivas oposiciones internas (o a nivel nacional Pedro Sánchez, Pablo Casado 0 Pablo Iglesias), pero al menos aportan la dignidad de haber sido elegidos por los militantes en primarias, no designados a dedo desde la mesa camilla de la sede central. Aquí es cuando adquiere categoría la anécdota, aparentemente superficial, de que la portavoz nacional de Cs justificara la designación de Martínez Vidal en honor a que fuera 'la más votada' en la candidatura para la elección de Arrimadas frente a Igea, acontecimiento en el que ni siquiera compareció salvo como animadora externa de quienes se expusieron a las urnas, no fuera a ser que perdiera u otro u otra de su cuerda obtuviera más votos que ella. El develador lapsus de la mencionada portavoz nacional admite implícitamente el déficit de calidad democrática en Cs, pues necesita justificar con un dato falso lo que de naturaleza se denomina en política como un Dedazo.

A lo anterior hay que añadir una mentirijilla más, en este caso propia de la nueva lideresa, cuando en su ronda de ocho entrevistas por distintos medios de comunicación, con desprecio expreso al requerimiento de LA OPINIÓN (¡la portavoz del Gobierno, que se debe a todos!), aseguraba que se había enterado de su designación unos días antes de que ésta se produjera. Ni siquiera cuando adelanté en esta columna que se llevaría a cabo su designación en hora y fecha admitió tener conocimiento del Gran Hecho, algo increíble a todas luces, pues si la dirección nacional estaba presionando a Franco para que dejara el hueco a Martínez Vidal no se explica que lo hiciera sin el conocimiento previo de ésta: cuando a alguien se le pide que ceda un cargo en favor de otro cabe deducir que quien lo hace cuenta de antemano con la aceptación del sustituto, pues de otra manera se podría encontrar sin uno y sin el otro, en este caso sin la una y sin la otra. Por otro lado, como aquí se ha acreditado, Martínez Vidal ya venía ejerciendo como lideresa y vicepresidenta en decisiones institucionales que no le correspondían en sus estrictas funciones de consejera (Consejo de la Transparencia) y parlamentarias (Mar Menor y otras) si no fuera porque tenía otorgado ese poder de antemano.

En su descargo, cabe alegar que esas mentirijillas solo intentan proteger la formalidad de su procedimiento de elección, pero son mentirijillas al fin y al cabo. Y además, de las que exigen la complicidad de quienes la escuchan. Algo así como: «Sabéis que tengo que decir esto». Muy propio del partido que venía a cambiar los usos y costumbres de la política caduca, pero es que esta señora viene del PP.

La exclusión en la nueva dirección de Franco, que fue quien se presentó hace un año a las elecciones autonómicas, siquiera como vocal oyente, es un anuncio de su futura defenestración de la vicepresidencia y del Gobierno, pero la decisión contiene un error estratégico. Al no haber sido compulsadas ante la militancia las adhesiones de una y de otra, queda la duda de los apoyos reales, más allá de los órganos directivos nacionales, con que se distribuyen las simpatías, aunque es bien cierto que éstas nada cuentan en un partido en que el militante es un simple espectador. De casi 2000 militantes hace dieciocho meses, la organización ha pasado a tener unos seiscientos en la actualidad, y esto sin que realmente lo acrediten. A razón de diez euros al mes, pagan el alquiler de la sede, el mantenimiento y algún empleado, pero no se les admite decir esta boca es mía. Cuantos menos militantes, menos crítica interna, y así hasta llegar a la futura integración electoral con el PP en Murcia Suma para prolongar la trayectoria política de la media docena de dirigentes de Cs que representa públicamente a la marca. Este es el verdadero proyecto del actual Cs: salvarse en las faldas del PP.

La exclusión de Franco es también la de su equipo y la de la red de apoyos que la vicepresidenta, frente a Martínez Vidal, conserva en una serie de municipios. Al no haber sido integrados, se les obliga a constituirse en oposición latente, lo cual augura un futuro precario para la organización, a la vista de que ésta no deja resquicio. Ni siquiera se han percatado de que la más inteligente estrategia habría consistido en integrar al equipo de Franco para aislar a ésta: han preferido aislarlos a todos, de modo que han dado lugar a una oposición sólida, tenga ésta la ventura que tenga. Juegan al todo o nada, en la seguridad de que no dependen de la militancia o de los ciudadanos, sino de los propios resortes orgánicos del partido como estructura burocrática.

Y una última cuestión en este capítulo, que debería advertir incluso a la propia Martínez Vidal: ¿qué clase de partido es el que cambia a dedo a Miguel Sánchez por Isabel Franco y a ésta por Martínez Vidal, sin dar lugar a ninguno de sus líderes a ejercer como tales ni a consumar los mandatos lógicos que se conceden a todo dirigente? ¿No estamos ante la dictadura del capricho, de la improvisación permanente y de la exigencia de la fidelidad a ultranza? ¿Podríamos concluir que esta vez han acertado?

Dos. La primera iniciativa de la designada nueva coordinadora de Cs ha consistido en reunirse con Mario Gómez, portavoz del partido en el ayuntamiento de Murcia, supuestamente en el contexto de unos encuentros con sus equivalentes en las primeras ciudades de la Región (Murcia, Cartagena y Lorca, en cuyas dos últimas localidades Cs, a diferencia de la capital, gobierna con el PSOE, o en el caso de Cartagena con quien fue elegida en nombre del PSOE). De esa reunión con Mario Gómez, a juzgar por lo que controladamente se ha dado a conocer, puede deducirse que Martínez Vidal ha venido a pagar la factura que debe al portavoz municipal, quien la ha apoyado para su estrenado liderazgo.

Aunque Jerónimo Moya, hombre de Gómez o Gómez hombre de Moya, sea el único miembro de la ya extinta Gestora que no ha pasado a formar parte de la nueva dirección, su influencia permanece a través de la propia Martínez Vidal, uña y carne. El resultado de la reunión con Gómez es estupefaciente: se resuelve que los problemas de éste como socio de gobierno del popular José Ballesta en el ayuntamiento de Murcia se deben a una colusión de competencias entre los distintos departamentos adjudicados a PP y Cs, de modo que habría que resolver el asunto con una definición más precisa en favor de Cs, o sea, que Gómez gestione la empresa municipal concesionaria de la ORA, como pretendía en complicidad con el PSOE, iniciativa pactada con éste que finalmente no se atrevió a votar en el último pleno por advertencia de la dirección nacional de Cs, a la que Ballesta recurrió a través de la también dirección nacional del PP.

Considerar que este sería el problema es un chiste, porque la ofensiva de Gómez frente a su socio Ballesta no se justifica en una cuestión formal, sino en su propia ambición de convertirse en alcalde con el apoyo del PSOE ofreciendo a éste a cambio la responsabilidad sobre las concejalías principales. Esto es público y notorio desde el mismo inicio del actual mandato municipal, en el que Gómez fue conducido a la fuerza por su partido al pacto en el PP. El PSOE, como oposición, legítimamente se aprovecha de las ambiciones de Gómez, de manera que lo excluye de la crítica al Gobierno municipal, se apoya en él y se convierte en correa de transmisión de sus denuncias, hasta el punto de llevarlas a la Fiscalía, pues Gómez no puede hacerlo, ya que es socio del gobierno. Llegaron a pactar unos presupuestos alternativos, una Junta de Gobierno B, y una política de concertación en alternativas, de modo que el socio del gobierno era a la vez socio de la oposición, y primeramente de ésta.

En realidad, la única oposición a Ballesta es la de su propio socio de gobierno, una oposición impropia aparte de que en cualquier gobierno los partidos coaligados dispongan del derecho a hacer valer los matices de diferencia, que es cosa distinta y legítima. Pero aquí no hay matices: Gómez pretende meter en la cárcel a Ballesta a cuenta de unos contratos llamados menores que están avalados por todo el staff administrativo funcionarial (jefes de servicio, servicios jurídicos, jefes de intervención) frente a sus denuncias, que solo las avala él sin ningún respaldo técnico y que distribuye y filtra por aquí y por allá, ni siquiera con su firma, no fuera a ser que esos papeles tuvieran trascendencia judicial.

Lo probado hasta ahora es que Gómez ha sido denunciado por acoso por el más alto funcionario del servicio de contratación del Ayuntamiento, con treinta años de impecable servicio, quien a la vista de que el concejal ni siquiera se ha permitido acudir a declarar ante el departamento de Personal para justificar su actitud (desacreditando con su indiferencia a la institución a que representa en nombre de su partido) se ha visto obligado a acudir a la Fiscalía y al juzgado de guardia. Para que se observe la soberbia de Gómez, no le ha bastado que el funcionario acosado pida su relevo, sino que ha preferido que en el cese del mismo conste que éste se produce a petición suya, y para esta formalidad no le ha importado que se prolongue una semana más la paralización del trámite de servicios básicos de la gestión municipal.

Cualquiera que tenga un socio así debería pensar que es mejor buscarse un enemigo. La paciencia de Ballesta (un hombre que, con independencia de las discrepancias que quepa considerar sobre su gestión pública, no tiene que demostrar ya nada) es sorprendente, y más cuando observa que la nueva líder de Cs y las componendas que ésta tiene previstas con el líder de su partido, se anteponen a la estabilidad de su gestión. ¿Cuántas horas faltan para que Ballesta destituya a Gómez? Quienes ponen el reloj en hora observan que el alcalde se deja llevar más por las conveniencias de su partido, aunque su partido no lo ampare, que por su obligación de ser el alcalde de todos los murcianos con independencia de cualquier adscripción política, que en el fondo es el mensaje que siempre ha querido transmitir y por el que ha obtenido un plus electoral.

Martínez Vidal no entró en su entrevista con Gómez, de manera que hay que suponer consciente, al fondo de las cuestiones que vienen provocando una crisis permanente del pacto, y le dio la razón en todo a su compañero, hasta el punto de que anunció una reunión con la cúpula del PP, es decir, con su admirado López Miras, para resolver desde el otro lado el conflicto de gobernabilidad en el ayuntamiento de Murcia. Esta actitud significa excluir a Ballesta, víctima principal de los movimientos tóxicos de Gómez, y una manera de facilitar a López Miras una oportunidad de corregir a Ballesta, que es con diferencia el referente político del PP de mayor prestigio personal por encima de las siglas, lo cual genera una enorme incomodidad en San Esteban. Todo lo que pueda importunar a Ballesta es bien visto por López Miras, y esto lo sabe Martínez Vidal, de modo que se acomoda a la lógica del PP (el cual debe acogerla en Murcia Suma cuando López Miras deba agradecerle su colaboración decisiva en el cambio de la Ley del Presidente para que tenga opción a presentarse de nuevo a las elecciones), y en vez de consultar a Ballesta, declara que el problema político de la coalición en el ayuntamiento de Murcia ha de resolverlo López Miras y de acuerdo al mutuo diagnóstico establecido por Mario Gómez con su propia aceptación.

Matínez Vidal obvia que el pacto PP-Cs en el ayuntamiento de Murcia se ha judicializado, e intenta hacer creer que las jeremiadas de Mario Gómez tienen justificación en que no están perfectamente delimitados los servicios de asistencia social entre concejalías o cualquier otra tontería. Esta actitud no es inocente por lo ya dicho: hay que pagar los apoyos recibidos y hay que facilitar las cosas a López Miras. Esa es la segunda parte de la jugada, que tendrá lugar la semana entrante.

Y tres. Ahora se trata de pactar con Vox la reforma de la Ley del Presidente que permitirá a López Miras presentar su candidatura a un nuevo mandato contra lo que establece la Ley Garre (la sombra de Garre es alargada): será Fernando III, aunque sería prematuro denominarlo El Santo, ni falta que le hace. Pero Vox (que, por cierto, dispone de un candidato, José Ángel Antelo, elegido democráticamente por las bases de su partido) pone sus condiciones para el apaño. Quiere que PP y Cs apoyen la modificación del Reglamento de la Asamblea para que los tres diputados disidentes dejen de utilizar su adscripción a Vox y sean confinados en el Grupo Mixto. El problema es que el legislador ha previsto que cualquier reforma del Reglamento no se aplique en la legislatura corriente, sino en la siguiente, precisamente para impedir que se hagan cambios en las reglas de juego de acuerdo a intereses de coyuntura. Hay un hueco: dado que el caso que se observa (que tres diputados dejen de obedecer a las directrices del partido por el que fueron elegidos) no está contemplado en la ley podría ser que la reforma del Reglamento viniera a reparar el olvido, no a modificar un precepto ya existente, de tal manera que en ese caso el cambio podría contemplarse en el actual periodo. Es un debate jurídico, y en ello están. En cualquier caso, Vox no se fía: si López Miras y Martínez Vidal pretenden que el tercer partido de la mayoría parlamentaria vote por el cambio de la Ley del Presidente, primero y antes que eso, habrá que aprobar la reforma del Reglamento, y con la perspectiva de que tendrá consecuencias en el periodo vigente, con el añadido de que el único diputado de Vox reconocido como tal pase a ocupar un lugar en la Mesa de la Asamblea. Esto ya lo tiene apalabrado el PP con Vox, pero faltaba el visto bueno de Cs, que tendrá que darlo la nueva lideresa, pues hasta ahora no había interlocutor autorizado. Se puede adelantar que Martínez Vidal dará el visto bueno a las dos cosas: reforma de la Ley del Presidente y reforma del Reglamento de la Asamblea.

Tres en uno, ya ven.