Prende con fuerza una idea: en estos momentos de dificultades, no es oportuno subir los impuestos (se entiende que a las rentas altas, pues al resto nadie lo plantea). Según los teóricos del aplazamiento indefinido de una reforma fiscal progresiva, aumentar la tributación de las empresas y de las familias adineradas detrae la iniciativa emprendedora, impidiendo el despegue de la economía. Esta tesis con lo que primero confronta es con la experiencia histórica. Veamos.

En 1933, Roosvelt gana las presidenciales americanas por primera vez y se encuentra con la broma de una caída del PIB nada menos que del 25%, con una tasa de paro del mismo porcentaje. No tardó mucho el presidente reformista en, a través de su programa New Deal, en financiar el enorme caudal de gasto público para reactivar la economía no sólo mediante el déficit, sino también elevando las tasas a los privilegiados de entonces, hasta el punto de que, a principios de la década de los 40, el tipo superior llegó al 90%. Y EE UU comenzó a respirar, si bien la recuperación plena llegó gracias al esfuerzo bélico de la II Guerra Mundial, bajo el cual la presión sobre los ricos no aflojó.

En la Europa de 1945, absolutamente devastada por la guerra, el resurgimiento no vino en un contexto de impuestos bajos precisamente: quienes más tenían aportaron más, con tipos marginales de hasta el 80%. Es decir, el mundo occidental ha salido de sus más dramáticas crisis mediante un esfuerzo solidario, de manera que cada cual ha arrimado el hombro en función de sus posibilidades. No es verdad que la fiscalidad que se propone desde el mundo progresista suponga en estos momentos un palo en la rueda de la actividad productiva. No se pretende gravar la inversión y el consumo, sino los excedentes, sobre los gastos de inversión, que obtienen las empresas, así como el patrimonio de los particulares. Porque hay quien en estos momentos difíciles sigue ganando mucho dinero, incluso algunos han estirado considerablemente sus ganancias (alimentación, farmacia, telecomunicaciones, etc). En cualquier caso, no es de recibo que un trabajador medio tenga una retención en su nómina de un 16%, mientras que un banco la tenga, sobre sus beneficios, de un 4%; y una gran empresa, de un 7%.

No retrae la economía gravar la riqueza, porque a partir de un determinado nivel de ingresos, su incremento no se destina al consumo, sino a la acumulación de más patrimonio (compra de acciones, fincas?), a la adquisición de bienes de lujo y al engorde de los depósitos bancarios. Al contrario, si el Estado no recauda lo suficiente de estos sectores acomodados, no podrá formalizar contratos públicos, mantener y mejorar los servicios básicos y hacer transferencias sociales a los sectores más vulnerables: la demanda sufre entonces un golpe mortal. Y con ella la inversión.

Y a estas ideas, hay que añadir dos especificidades de la situación española. Por un lado, está nuestro déficit tributario en relación a los países de nuestro entorno: recaudamos 7 puntos del PIB, unos 80.000 millones, por debajo de los estándares europeos. Y esto hay que resolverlo, máxime cuando la financiación de esta crisis Covid está disparando la deuda pública hasta la estratosfera. Y en segundo lugar está el espinoso asunto de la desigualdad en este país, la mayor de entre los socios más relevantes del euro. Todos los expertos coinciden en que superar esa inequidad es determinante para emprender una senda de crecimiento sostenible y equilibrado. Y una mayor igualdad sólo tiene dos vías: por un lado, más y mejor empleo; por otro, una fiscalidad más equilibrada. Ambas retroalimentándose.

Por todo lo expuesto, no es de extrañar que en la reunión de ministros de Finanzas de la UE del pasado 12 de septiembre, Paolo Gentiloni, Comisario de Economía, solicitara una imposición mínima para las empresas a nivel europeo y una tasa digital, como aspectos clave para avanzar hacia una tributación más justa y efectiva. En Reino Unido, dirigido por liberal-conservadores, se está hablando de implementar una tasa sobre las grandes fortunas e incrementar el Impuesto de Sociedades.

Pero todo esto es por ahí, en la Europa sin duda tocada por el virus bolivariano. Pero España es diferente. Aquí, los empresarios amenazan con el apocalipsis si se tocan los impuestos. La derecha propone incluso bajarlos (en Murcia o en Madrid lo ha hecho, generando déficits colosales y pidiendo ayuda al Estado para enjugarlos), en una muestra de irresponsabilidad absoluta en momentos en los que todo el mundo demanda ayudas públicas. Y el ala liberal del Gobierno se apunta a aquello de en tiempos de tribulación, no hacer mudanza, cuando precisamente en épocas de zozobra es cuando más cambios se requieren.