Cuando uno es opositor, o simplemente te preparas para un examen, es frecuente avivar la memoria con productos de todo tipo (legales, claro), con el fin de mantenerte mentalmente en forma. Desde un fosgluten reforzado hasta un memory, pasando por cafeína y anfetaminas, aunque te hagan perder peso por disminución del apetito, siempre que no te creen adición o problemas cardiacos.
Pues bien, para evitar todo eso, tenemos un Gobierno que nos nutre de esa memoria sin necesidad de consumir esos productos. El nuevo anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, ya no se llama memoria histórica, con la finalidad de recoger los hitos de la lucha del pueblo español por sus libertades y derechos hace más de doscientos años. Ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Solo falta que el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal informen y después pase la tramitación parlamentaria. 66 artículos en cinco títulos y disposiciones transitorias, derogatorias y finales componen esta Ley.
Sus objetivos principales son dos: la defensa y conocimiento de la historia democrática de España y el reconocimiento, la reparación, la dignidad y la justicia para las víctimas de la dictadura y de la represión.
Busca, dice la señora Calvo, encontrarnos con la verdad, la justicia, la dignificación de las víctimas, el perdón y la convivencia de los españoles (sic).
Muchas son las cuestiones que trata de abordar la nueva ley, desde la ilegalización de fundaciones y asociaciones que hagan apología de la dictadura o inciten al odio o violencia contra las víctimas de guerra o el régimen franquista, hasta declarar radicalmente nulas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa.
Mi duda en la nulidad de esas sentencias es si se aplicó la ley que en esos momentos estaba en vigor, lo que más bien sería nula por atentar a esas razones sería la ley y no la sentencia, pues imaginen que los jueces de esa época se negaran a aplicar la ley, cuando la objeción de conciencia no está permitida ni antes ni ahora a los jueces y tribunales.
Supongo que se trata más bien de una reparación para que se recuerde de ahora en adelante que no caben condenas por lo que se piense o se crea. Por eso, la propia ley especifica que esa nulidad no es para todas las sentencias, sino solamente para aquellos juicios y sentencias que sin ningún tipo de garantías procesales y al margen de la legalidad propia de cualquier Estado de Derecho (que no existía entonces, por lo que mal existiría su legalidad) supusieron condenas y ejecuciones. Con lo cual también es bueno recordar a los que hacen las leyes que no las dicten de esa manera en un futuro y en una democracia.
También incluye medidas de carácter educativo para incorporar a curriculums de ESO y Bachillerato y formación del profesorado. Y sobre todo, lo más importante, la posibilidad de identificación de las víctimas sepultadas en fosas comunes, para que las familias que lo deseen puedan recuperar los restos de sus antepasados, para lo cual se creará un archivo de datos específico y un banco de ADN.
Y hace hincapié en las situaciones que fueron especialmente indignantes, como las que afectaron a las mujeres, al colectivo LGTBI y al pueblo gitano. El Valle de los Caídos se convertirá en un cementerio civil y el Panteón de Hombres Ilustres pasará a denominarse Panteón de España.
La creación de una fiscalía de sala especifica en el Tribunal Supremo, un Consejo Territorial para la cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas y un Consejo de la Memoria Democrática, junto con dotaciones presupuestarias cierran el circulo de la memoria en este país, por ahora.
