López Miras y Díez de Revenga son, y por este orden, los máximos y únicos responsables del cumplimiento del artículo 47 de la Constitución en la Región de Murcia, dado que gestionan de forma plena y exclusiva dicha competencia. El 47, sí, ese que reconoce el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada, y a la vez obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para ello, y les mandata a evitar la especulación.

Pues bien, Díez de Revenga, de cuya consejería supimos en febrero que había tenido que devolver a Europa una subvención finalista de cuatro millones para adquirir viviendas a fin de luchar contra el sinhogarismo por no haber encontrado necesidad para invertirlos. Que meses después, y para mitigar el efecto de la pandemia en vivienda, lanza medidas radicalmente opuestas al mandato constitucional, ya que dificultarán enormemente el acceso de sectores amplios de la población, reduce el exiguo parque público de menos de 2.900 viviendas, y allana el camino a la especulación con viviendas protegidas construidas con ayudas y en suelo públicos. Que alardea de poner 16 millones que le llegan desde Madrid para ayudas al alquiler, mientras deja pasar el plazo de solicitar ayudas para adquisición de vivienda para parque público.

Ahora Díez de Revenga, en lugar de crear un observatorio para determinar necesidades y las consecuentes medidas urgentes para cumplir con el derecho a la vivienda en la Región, se sube a la ola de intoxicación que desde los ámbitos conservadores políticos y mediáticos han lanzado este verano sobre la ocupación, basada en falsos datos y orientada a dar satisfacción a las necesidades de los grandes propietarios de vivienda (banca y fondos buitre fundamentalmente) y vendedores de alarmas.

Sí, he dicho intoxicación, y lo digo porque, no sólo la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, PAH, sino también desde la judicatura, están siendo muchas las voces que expresan que existe protección jurídica suficiente frente a la ocupación. Pese a que desde los medios conservadores se han empleado en airear supuestos casos de ocupación de viviendas propiedad de particulares para expandir el miedo al fenómeno, la realidad es que esos casos apenas alcanzan el 0,5% de la totalidad, siendo el resto propiedad de grandes tenedores, que en muchos casos mantienen esas casas fuera de mercado para subir de forma especulativa los precios de las otras que sí tienen en el mismo.

El BOE del 12/6/18 se publicó la ley 5/2018 de 11 de junio, de modificación de la ley de enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas, que establece un desahucio exprés en un plazo máximo de cinco días, para viviendas de particulares, y entidades públicas o del tercer sector ocupadas. Esta ley, propuesta por el PDeCAT, que entonces era el partido de Puigdemont y Torra, consiguió ¡oh milagro! los votos de PP y Cs. Entonces, los grandes tenedores saltaron a la palestra alegando sentirse discriminados por no poder utilizar esta fórmula en sus casas abandonadas y ocupadas, y es para beneficio de éstos para los que la derecha político/mediática está intoxicando, tratando de generar la sensación de que si vuelves a casa y no te la han ocupado eres un privilegiado o un donnadie.

Nadie que puede pagarla decide ocupar una vivienda ajena por ahorrarse el alquiler, sólo quienes carecen de medios optan por esta peligrosa forma. Somos la región de España con los terceros salarios más bajos; el parque público regional de vivienda apenas llega al 0,36% del total de vivienda disponible, según el INE; tenemos más de 129.000 casas desocupadas, la inmensa mayoría propiedad de esos grandes tenedores, las cifras de pobreza en la región son gigantescas, y mientras, López Miras y Díez de Revenga con sus socios de Cs y Vox derogan medidas que pueden aliviar la subida de más del 25% en los alquileres, liquidan el ridículo parque, renuncian a prerrogativas que pueden servir para incrementar dicho parque facilitando además la especulación? ¿Cómo quieren que no haya ocupación si la otra alternativa es la calle?

La solución de Casado: encarcelar a los pobres, y para ello ha presentado un proyecto de ley con penas de hasta tres años de cárcel. Cs, un poco más light, sólo pide hasta uno de cárcel, y Vox, mucho más expeditivo, opta por métodos que le son más propios, como la patada en el culo que practican empresas como Desokupa, utilizando todo tipo de violencias contra ocupantes.

La vivienda, además de bien social, en tiempos de pandemia debiera ser también considerada como bien de salud pública, ya que es donde se nos confinará si no remite. Que para López Miras y Díez de Revenga; su partido, el PP, y sus socios Cs y Vox, en este momento la ocupación y el poner a gente en la calle o en la cárcel sea el eje de su acción política y su aparente mayor preocupación deja bien claro su calidad humana y sus prioridades.

La okupación no es el problema, es sólo una de las consecuencias de la pobreza provocada por sus políticas. Desde la PAH enviamos una receta simple contra la ocupación: parque público suficiente que garantice el derecho de acceso que establece la Constitución, movilización y utilización temporal como parque público de los 3,4 millones de casas desocupadas en poder de grandes tenedores, para empezar a recuperar el dinero público empleado en el rescate bancario, y también una Ley estatal de Vivienda en desarrollo del artículo 47 de la Constitución, que establezca unos derechos mínimos obligatorios de acceso que impidan que gobernantes ineptos y egoístas como López Miras, Díez de Revenga y sus socios, actúen de forma contraria a dicho artículo.