Decía Ulpiano que justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde en derecho. Este gran Pacto por la Justicia viene a reivindicar lo que corresponde a todos los ciudadanos de la Región de Murcia: más medios humanos y materiales que redunden en el bienestar de nuestros ciudadanos a fin de que puedan obtener una tutela judicial efectiva que proteja sus intereses legítimos y sus derechos fundamentales sin dilaciones ni indefensión.
La Región de Murcia sufre una infradotación de medios que lastra nuestro sistema judicial y seguimos a la cola de España en cuanto a número de jueces y fiscales. Es un clamor que todos debemos reivindicar juntos ante el Gobierno de España una mayor dotación de recursos que nos iguale al resto de Comunidades autónomas. Un mal funcionamiento de la Justicia produce también efectos negativos, frena a los inversores y mercados y lastra el funcionamiento del tejido productivo haciéndolo menos competitivo y menos atractivo, perjudicando de manera injustificada a nuestros ciudadanos.
El pacto es una respuesta al compromiso del presidente, Fernando López Miras, con una reivindicación de los agentes relacionados con la administración de Justicia y cuyo documento ha contado con la colaboración de más de medio centenar de colectivos y agentes sociales, más de 540 participaciones y casi mil aportaciones de ciudadanos. La alta participación ha sido muy enriquecedora, ya que han podido colaborar asociaciones, organizaciones y colectivos de diversos ámbitos, lo que le da una visión multidisciplinar y lo despoja de cualquier tinte político.
La Región de Murcia presenta una alta tasa de litigiosidad y es una de las Comunidades autónomas con menor ratio en número de jueces y fiscales de toda España, lo que produce una distorsión muy significativa en el sistema judicial con dilaciones en los procesos que suponen una absoluta indefensión en el justiciable. Los murcianos tenemos asignados diez jueces por cada 100.000 habitantes mientras que Asturias dispone de casi quince jueces por el mismo número de habitantes, catorce Cantabria o trece Castilla y León. En cuanto al número de fiscales, somos la Comunidad con la ratio más baja de toda España, con un fiscal por cada 23.846 habitantes.
El documento también recoge reivindicaciones casi históricas tantas veces demandadas por el Partido Popular como la necesidad imperiosa de una Ciudad de la Justicia de Cartagena, Lorca, Molina; la necesidad de una retribución digna para los abogados del turno de oficio; el impulso de potenciar la mediación como herramienta de resolución extrajudicial de conflictos o el compromiso de hacer una Justicia más accesible e inclusiva.
Es un deber como representantes públicos dar respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos y hacer una sociedad más justa. Era de justicia atender las reivindicaciones de toda la sociedad para poder solicitar al Gobierno de España una dotación de recursos no discriminatoria para poder crecer en plena igualdad con todas las garantías y los mismos derechos que cualquier otro español, sobre todo en estos momentos críticos de la Covid-19. En estos momentos de incertidumbre, donde es más importante que nunca blindar nuestra Justicia y respetar nuestro sistema judicial, base de la separación de poderes y, por tanto, de nuestro Estado democrático y de Derecho, se hace más necesario que nunca este gran acuerdo.
Una Justicia sin medios no es Justicia, una Justicia tardía es otro tipo de injusticia.
