Decía el rector Miguel de Unamuno que «renovarse es progreso». Posteriormente el sentido popular lo transformó en ‘renovarse o morir’, Pues eso, no quiero que se muera mi Consejo General del Poder Judicial, el actual. El único que ha contado con un magistrado murciano preocupado de verdad por su tierra. No obstante, como la ley es la ley, la falta de renovación es un despropósito legal y un sinsentido. Desde el 4 de diciembre de 2018 los vocales que componen ese Consejo se encuentran prorrogados en sus funciones. Después de casi dos años, los partidos políticos, que son los encargados de renovarlos, no se han puesto de acuerdo.
El presidente del Consejo y a la vez del Tribunal Supremo, no se cansa de pedir la venida de los nuevos vocales. Sin ir más lejos, el pasado lunes en la apertura del año judicial ante todas las autoridades, incluido el Jefe del Estado. Pero ni caso, supongo una vez más.
Al parecer, si nos fiamos de lo que cuentan los políticos, en agosto estaba todo hecho, pero el PP se ha echado para atrás, porque no quiere que Podemos entre en este reparto. Si es eso verdad, creo que el PP se equivoca totalmente.
Por tres razones, la primera y más importante, porque se trata de un mandato constitucional, y del artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La segunda, porque no se pueden bloquear las instituciones del Estado.
Finalmente, porque se quiera o no, Podemos está en el Gobierno. Y además no sería la primera vez que un miembro de la entonces Izquierda Unida formó parte del Consejo General del Poder Judicial.
No estamos, pues, ante una cuestión de legitimidad o no del prorrogado Consejo, que en mi opinión la tienen toda, sino en simplemente cumplir la Constitución y tener visión de Estado. Entretanto, la posición del actual Consejo es sumamente delicada. Si no actúa, se le puede achacar inactividad y no cumplir con sus obligaciones de nombrar por ejemplo, a los altos cargos de la carrera judicial, o convocar un mero concurso de traslado entre jueces y magistrados.
Si lo hace, también puede ser criticado por tomar decisiones trascendentes en aquellos puestos, como los del Tribunal Supremo, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia o Audiencias Provinciales, donde la antigüedad en el escalafón no es la única que rige, puesto que los méritos y la idoneidad para el puesto son también tenidos en cuenta, por lo que se les puede criticar que quieren poner a los suyos en esos cargos.
O sea, les coge el toro por donde vayan.
No me extraña, por tanto, que estén hasta el gorro de tanta dilación y año tras año y mes tras mes soliciten su marcha y que entren otros.
Todo esto es una muestra más de lo mal que funcionan algunas cosas en este país, sobre todo porque sean los partidos políticos los que elijan a los que gobiernan a los jueces.
No sé si es la trigésimo novena vez que lo digo, pero ¿no resultaría más lógico que sean los propios profesionales del Derecho quienes los designen? Los políticos quieren participar en esto. No les basta con tener el dinero, que es la auténtica libertad para una institución, sino también quieren que los suyos estén en todos los organismos públicos.
En cualquier caso, creo que no es tanto la dilación en que los partidos políticos se pongan de acuerdo en los nuevos nombres para vocales del Consejo como que se reforme de una vez la norma jurídica que les permite esos nombramientos.
Si están de acuerdo conmigo pongan, por favor, el dedo pulgar hacia arriba cuando lo lean. Es el único consuelo que me queda.
