Cuando Valcárcel, viendo venir por fin la bicha, decidió retirarse al paraíso dorado (y aforado) del Parlamento Europeo, quiso despedirse con un libro, supuestamente financiado por el PP, en el que se pormenorizaban las maravillas de sus infinitos mandatos, pero tal vez por pudor o por hacer bulto incluyó también obras y labores de algunos Ayuntamientos de su bando, y ahí fue donde le dieron el cambiazo, a él, tan listo que parecía.

Porque el arte final de aquel catálogo quedó en manos de gente afín a Miguel Ángel Cámara y, oh filigrana, la portada reproducía, como guinda del resumen de tres décadas de poder, una foto del tranvía de Murcia, el gran empeño del alcalde de la capital que puso en marcha sin coordinación alguna con la Comunidad autónoma, de tal manera que en su trayecto solapaba la línea de autobús concesionaria del Gobierno regional creando una competencia ruinosa para ambas empresas mientras muchas pedanías del sur se veían privadas de un servicio público esencial gracias a los recortes derivados de esa ruina.

Valcárcel no se mostró nunca amigo del tranvía porque Cámara lo hizo a sus espaldas, y además lo puso en dirección a ninguna parte, es decir, a donde menos densidad de población había, aunque quería servir a la urbanización frustrada del promotor Samper, al que se le ofrecía un servicio con coste público para dotar de valor añadido a sus viviendas; a la amiga UCAM y a los desarrollos comerciales de Nueva Condomina, cuyas infraestructuras se costearon con los impuestos de los comerciantes del centro, financiadores involuntarios de su propia competencia.

Esto es el pasado, un pasado que se extiende al presente, pues las consecuencias de la falta de coordinación entre Administraciones (¡del mismo signo político!) sigue gravitando con especial crudeza en los presupuestos públicos tanto municipales como autonómicos. Pero aunque el tópico señala que del pasado se aprende, Comunidad y Ayuntamiento capitalino siguen yendo, hoy como ayer, cada cual por su lado.

El pasado agosto, el consejero de Fomento, Díez de Revenga, presentó a la prensa un enésimo plan de movilidad. Sería divertido comprobar qué se podría haber hecho en favor del transporte público a lo largo de las últimas décadas con el coste de las decenas de planes de movilidad que, sin ningún efecto posterior de mejora, se han ido presentando como una ristra de ocurrencias a las que siempre les faltaban, como ahora, dos capítulos esenciales: el calendario y la financiación.

La gracia es que esta vez es la Comunidad la que toma la iniciativa sin consultar al Ayuntamiento de Murcia, y todo se produce al revés que antes. El alcalde Cámara apostaba por el tranvía frente a la Administración autonómica; ahora es ésta la que se sube al tranvía, justo cuando el alcalde, José Ballesta, está comprometido en su programa electoral para desarrollar el tranvibús, que más que tranvía es un autobús. Para mayor sorpresa, el PSOE, que en anteriores mandatos reclamaba el metro, ahora se ha apuntado al tranvía, que tanto denostaba.

Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue sin asumir, como marca la Ley Garre (la sombra de Garre es alargada), las competencias sobre el transporte extraurbano, y han prorrogado, sin causa coherente, la concesión a la empresa Lat, dejando el preceptivo concurso al ya te veré.

A su vez, Lat, que durante un año tiene en los Presupuestos de la Comunidad aseguradas las subvenciones, está aprovechando la crisis del coronavirus para reducir servicios y costes, sobre todo de personal, hasta el punto de que el sindicato de mayor implantación en el sector, USO, hablaba ayer de que «hay un tufillo raro en todo esto», aunque han tardado en olerlo. Tienen la mitad de buses en circulación; dada la precariedad del servicio, cada vez tendrán menos demanda, de modo que la caída de viajeros les hará justificar nuevos recortes por baja rentabilidad social.

El consejero de Fomento, según se desprende de su incontinencia tuitera, está muy preocupado por la entrevista Sánchez-Casado, pero a la vista del funcionamiento del trasporte público, muy poco por lo que constituye su responsabilidad. Tal vez sea que el Gobierno central también tiene la culpa de esta desidia, una más.