La consejera de Educación, Esperanza Moreno, acaba de subir un poco más el listón de los despropósitos y la incertidumbre respecto al inicio del curso académico no universitario con la introducción, a última hora, de cambios en los criterios organizativos que han motivado el retraso del calendario escolar, lo que, por otra parte, podría aprovecharse para rectificar errores iniciales.

Entre ellos, la reducción de la ratio de los diferentes grupos y etapas educativas como única medida reconocida desde todos los ámbitos que garantiza la distancia social en los centros educativos y que, junto con el uso de la mascarilla y las medidas higiénicas, constituyen el 'abc' de la minoración del riesgo de contagio en las escuelas e institutos.

Sin embargo, la consejera ha optado por la enseñanza semipresencial (incluso en la etapa de educación infantil) para eliminar el excedente de ratio, interpretando de manera muy particular las recomendaciones de la Comisión Mixta de las Consejerías de Salud y Educación que en el documento elaborado en la reunión del 17 de agosto recoge literalmente lo siguiente: «Ante la evolución actual de la epidemia, se debe garantizar que en el ámbito educativo se mantengan las distancias de seguridad en todo momento y reducir el número de alumnos en las aulas de los centros educativos». La consejera entendió que esto se resuelve enviando a los alumnos/as a su casa.

Otro error de la consejera ha sido ignorar por completo a las organizaciones sindicales como interlocutores necesarios con los que debe llegar a acuerdos para la organización del curso escolar, máxime en el que está a punto de comenzar. El profesorado, además de un colectivo funcionarial lo es de trabajadores/as con derechos, incluido el de representación sindical como recoge la Constitución, que reconoce dicha interlocución para la negociación colectiva. Esto debería saberlo la consejera.

El tercero, ha sido centrarse más en el rifirrafe político contra el Gobierno central que en planificar el curso académico de forma tal que se garantice tanto el derecho a la educación como el derecho a la salud. Así, se toman decisiones cuyos criterios no se explican. Pondré un ejemplo: ¿En qué se basa el cálculo de 500 profesores/as de refuerzo (800 después), necesarios para este curso? ¿de qué especialidades? ¿qué funciones tendrán? ¿cómo se adjudicarán a los centros? Pequeños detalles que los equipos directivos de colegios e institutos desconocen todavía a día de hoy.