Todos veíamos venir el enorme problema en el que iba a convertirse la vuelta a clase de niños, adolescentes y jóvenes tras las atípicas vacaciones este primer —y no sabemos si último— verano de la pandemia. Diversas formas de enseñanza a distancia tuvieron que ser puestas en marcha de un día para otro durante el último trimestre del pasado curso, sin pruebas o simulacros previos, que de hecho a ninguna mente preclara de las diecisiete Administraciones educativas se le habría ocurrido nunca antes que hubieran podido llegar a considerarse necesarios.

A la vista de los pobres resultados de esas probaturas, era obvio que había, no ya fisuras o pequeñas grietas, sino fracturas y hasta enormes boquetes estructurales en el edificio del sistema educativo; en particular del sistema educativo público, tras casi dos décadas sufriendo los embates ideológicos y recortes y la consiguiente pérdida de recursos humanos y económicos en favor de la concertada, especialmente en las Comunidades autónomas, como Murcia o Madrid, que recibieron las competencias estando ya gobernadas por el PP, y a lo largo de los años posteriores emprendieron una progresiva precarización de la enseñanza pública en favor de la concertada, amparándose en esa 'libertad de elección' de los padres supuestamente consagrada por el problemático artículo 27.3 de la Constitución.

El ministerio de Educación recordó el pasado jueves la orden publicada en el BOE el 24 de junio con los catorce puntos del principio de acuerdo alcanzado con las Comunidades autónomas en la conferencia sectorial para la 'vuelta al cole, que suscribieron todas salvo País Vasco y Madrid. Pero ahora todo son prisas y reproches mutuos cruzados entre profesores, asociaciones de padres, Administraciones autonómicas y Gobierno central. Ahora todo es un echarse la culpa unos a otros, y un empeño particularmente notorio de algunos presidentes y/o consejeros de Educación de hacer oposición con este asunto al Gobierno central, acusándolo de imprevisión y echándole en cara estar de vacaciones en vez de trabajando para coordinar un plan de vuelta a las aulas común para todos.

Un plan común cuyas bases se pusieron en junio, y que todos sabemos que —de haberlo impuesto en vez de consensuado el gobierno de Sánchez— habría conllevado una catarata de ruedas de prensa de esos mismos presidentes y/o consejeros autonómicos acusándolo de imposición, falta de consenso y centralismo. ¿Qué no€? Juzguen ustedes mismos, a la vista de dos artículos del mismo medio digital que circulan masivamente estos días por redes sociales, cuyos titulares rezan respectivamente: «Clamor para que Sánchez delegue la desescalada en las Comunidades autónomas, municipios y empresas» (24 de abril); y «Clamor para que Sánchez retome el mando único en la pandemia y acabe con el caos autonómico» (14 de agosto).