Creo que hay dos interpretaciones erróneas respecto de lo que representa el fondo europeo para la reconstrucción, del que España percibirá 140.000 millones, de los cuales más de 72.000 son a fondo perdido. Hay quienes piensan que este acuerdo supone prácticamente la implementación de una Europa plenamente federal, en la que existirá un presupuesto más o menos redistributivo que canalizará recursos hacia las áreas y personas menos favorecidas de la UE, una vez que ésta conforme sus cuentas a partir, sobre todo, de los territorios y colectivos con más ingresos. Keynes y el espíritu del 45, en apariencia. Pero no exactamente.

Es verdad que el gran logro de este proceso es la mutualización de la deuda, es decir, los 27 son solidarios respecto del dinero que se va a pedir en los mercados para financiar la recuperación económica, obteniéndose los recursos necesarios para amortizar aquélla desde tasas e impuestos de carácter ambiental, digital y financiero recaudados en el ámbito comunitario. Ahora bien, aparte de que la cantidad se ha quedado por debajo de las expectativas (Francia y Alemania propusieron 500.000 millones en subvenciones), el presupuesto plurianual apenas ha crecido porque se han efectuado recortes en importantes partidas (sanidad, cambio climático€) como consecuencia de que Alemania y los llamados frugales recibirán un más abultado cheque compensatorio por su condición de contribuyentes netos a las finanzas europeas.

Eso no destila solidaridad precisamente, máxime teniendo en cuenta que estos países son los principales beneficiarios de la existencia del euro y el mercado único, siendo algunos de ellos, además, paraísos fiscales. Tampoco abunda en el espíritu de la Unión el hecho de que la recepción de los fondos no se vincule explícitamente al mantenimiento del Estado de Derecho y las libertades democráticas, lo que permite a países que bordean el fascismo, como Polonia y Hungría, irse de rositas. Finalmente, será el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, no órganos más 'federales' como la Comisión o el Parlamento, el que decidirá, en última instancia, sobre los proyectos nacionales de reformas que presenten los países para captar los fondos. Y ahí, Holanda y sus socios pueden frenar las propuestas que se pongan sobre la mesa.

Otra versión que circula sobre el dinero conseguido por España, y que sostendrían tanto una derecha que no quiere que a este país le vaya bien bajo un gobierno progresista, como cierta izquierda instalada en el infantilismo, es que la lluvia de millones esconde una condicionalidad, al menos implícita, fundada en la vieja austeridad. Ambos sectores, desde perspectivas e intereses diferentes, aseguran que Europa impone, para hacer efectivo el pago, el mantenimiento de la reforma laboral del PP y rebajas en pensiones, sueldo de los funcionarios y gasto público en general.

Unos por mala fe y otros por ignorancia, ocultan que el paradigma que ha llevado a esta situación está en las antípodas de lo que ocurrió en 2008. Ahora la consigna, emitida desde el FMI hasta la Comisión es gastar y gastar. Y ello, en el caso europeo, por dos razones. El capitalismo del viejo continente, capitaneado por Alemania, está sumido en un profundo desconcierto ante la incertidumbre sobre el alcance y naturaleza de la actual crisis sanitaria y económica. Además, el repliegue comercial impuesto al mundo por Trump y el propio virus deja a las potencias exportadoras de la UE con el mercado único de este espacio como recurso de última instancia. Es decir, España e Italia tienen que disponer de capacidad adquisitiva para comprar productos alemanes, franceses y holandeses.

El sur tiene que consumir, no limar su presupuesto para liberar recursos con que pagar la deuda con los bancos septentrionales. Por eso ahora no hay hombres de negro que vengan a fiscalizar recorte alguno. Incluso las recomendaciones de 2020 del Consejo de Europa se limitaban a aplaudir las acciones tomadas por España para preservar los puestos de trabajo y reforzar la protección por desempleo. No se impone mantener la normativa, laboral o de pensiones, previa al estallido de esta crisis. Es más: explícitamente se señala que los 140.000 millones deben ir hacia la transición verde y digital, además de educación. Implícitamente se está orientando hacia la búsqueda de la inclusión y la superación de las desigualdades. Y aquí es donde encaja la derogación de la reforma laboral: un mercado de trabajo empobrecido y precario ni es inclusivo ni estimula la demanda.

Lo cual no quiere decir que los países 'tacaños'y las derechas española y europea no intenten, en el proceso de materialización de las inversiones, que las clases trabajadoras del sur paguen un tributo en sufrimiento por esta inyección de liquidez. Aquí opera estrictamente la ideología. Y en ese campo habrá que pelear.