Para que después digan que la Justicia improvisa. Con vista a diez años, ya se está preparando y organizando el funcionamiento de la misma. Imagino que la finalidad primordial será la de agilizarla, sin minimizar un ápice la seguridad jurídica y el sistema de garantías, con los sistemas de recursos y defensas, de la que tanto podemos presumir.
Diez años antes también, o sea desde el 2010, la Región de Murcia fue pionera junto con Burgos en toda España de un plan ambicioso de socialización. Y aunque no se ha llegado aún al ideal ‘papel cero’, es cierto que se han dado enormes pasos en ese sentido. Ya los expedientes judiciales figuran en un sistema informático (desgraciadamente no el mismo para todas las Comunidades autónomas, por mor de la existencia o no de transferencias en materia de Justicia), a través del cual se consultan desde el inicio de un procedimiento hasta su finalización, incluidas las pruebas de todo tipo, pues incluso las practicadas en la fase de plenario, esto es, en el juicio oral, se encuentran grabadas en vídeo. La firma de las diferentes resoluciones judiciales, también de forma digital, cierra el proceso. Gracias a ello se ha podido trabajar de forma no presencial durante este periodo de alarma.
Por tanto, avances en la modernización de la Justicia, desde el año 2010 se han producido, con sus dificultades e inconvenientes, propios de toda innovación. Pero visto el resultado positivo, mantengo la esperanza en el nuevo plan de transformación total digital de la Justicia, prevista para el año 2030, cuya finalidad no es otra que producir un cambio esencial en la atención y en el servicio judicial a los ciudadanos.
Y nuevamente es nuestra Región pionera en esta materia. Son tres las medidas programadas: a) la utilización de video conferencias, con una identificación segura de los interlocutores; así se espera, que se acabe con la citación de una persona a las nueve de la mañana y empiece a declarar a las doce; b) fomentar el teletrabajo, que visto lo visto ha sido muy eficiente y además va a servir para la conciliación de la vida de los empleados; y c) se pretende implantar el sistema de cita previa con la finalidad de agilizar y garantizar la atención al usuario. De hecho, desde hace tiempo ya se está pudiendo obtener certificados de todo tipo vía digital. Ahora lo que se trata es de la obtención de aquellas gestiones que solo pueden hacerse de forma presencial, evitando esperas innecesarias e indignantes. Para que funcionen correctamente estas premisas, la Administración de Justicia va a contar con dos apoyos y ayudas imprescindibles: una, de la Agencia Tributaria, y otra, de la Secretaría de Formación de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Justicia.
Finalmente, también se ha pensado en potenciar algo que está funcionando desde hace tiempo. El Consejo General del Poder Judicial ya ha venido advirtiéndolo permanentemente, y la doctrina científica o profesores lo universitarios vienen reclamando.
Se trata de dos figuras jurídicas como la mediación y el contrato de compromiso o arbitraje, ya sea solucionando problemas por los propios contendientes en el primero, ya sea a través de someterse a la decisión de un tercero, que no es un juez, para el arbitraje. La primera de esas medidas siempre se ha aplicado antes de acudir a un litigio; ahora, la novedad es la potenciación del acuerdo o mediación intrajudicial, donde a través de un jurista independiente, los propios litigantes ponen fin a un proceso judicial ya iniciado, a través del propio entendimiento. Si se lo lograra implantarlo con éxito no solo como obligatorio, sino también como imprescindible para los propios litigantes, la celeridad de la Justicia está garantizada. E, insisto, con orgullo podemos decir que los murcianos fuimos y vamos a ser otra vez, pioneros.
Lástima que no sea así en nuestras reivindicaciones, como sobre la creación de nuevos órganos judiciales.
