28 de julio de 2020
28.07.2020
La Opinión de Murcia
Tribuna libre
Secretario General de CC OO de la Región de Murcia

Transparencia e independencia

28.07.2020 | 04:00
Transparencia e independencia

El Consejo de la Transparencia ha vivido años duros desde el mismo momento en el que el anterior Gobierno regional, que se impuso la misión desde el principio de impedir que se convirtiera en ese órgano que fue concebido, en los primeros borradores de la ley impulsada por el Gobierno corto, e innovador en lo legislativo, de Alberto Garre, como participativo, independiente y al servicio de la ciudadanía murciana, no ahorró ataques para neutralizarlo, bien por omisión (negando los medios básicos para funcionar), o bien por la acción directa mediante el bloqueo constante de propuestas o resoluciones

La Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, del año 2014, puso en el escenario público un hecho que a pesar de su importancia ha pasado desapercibido para una gran parte de la sociedad murciana: la creación del Consejo de la Transparencia como un órgano INDEPENDIENTE y de control de la publicidad activa de las instituciones, que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos y, totalmente PARTICIPATIVO en su composición, al estar representados todos los sectores de la sociedad civil.

CC OO ha desarrollado durante los últimos cinco años un trabajo intenso para consolidar el Consejo de la Transparencia, en el convencimiento de su necesidad en un democracia avanzada del entorno europeo en el que vivimos. Y ha colaborado decididamente con un presidente, José Molina, convencido también de la necesidad de un consejo independiente y al servicio del control ciudadano de la res publica. No es un secreto la sintonía que este sindicato ha mantenido con su presidente.

El Consejo de la Transparencia ha vivido años duros desde el mismo momento en el que el anterior Gobierno regional, que se impuso la misión desde el principio de impedir que se convirtiera en ese órgano que fue concebido, en los primeros borradores de la ley impulsada por el Gobierno corto, e innovador en lo legislativo, de Alberto Garre, como participativo, independiente y al servicio de la ciudadanía murciana, no ahorró ataques para neutralizarlo, bien por omisión (negando los medios básicos para funcionar), o bien por la acción directa mediante el bloqueo constante de propuestas o resoluciones. Este tiempo coincide con los momentos de mayor tensión entre el Gobierno regional y el Consejo de la Transparencia por los casos de corrupción que se conocieron por entonces, desatándose una campaña contra todo lo que hacia la institución con el único objetivo desestabilizar y restar credibilidad al trabajo que realizaba.

Tras la elecciones autonómicas de mayo de 2019, y aprovechando la incorporación de nuevos vocales surgidos de las mismas, el presidente del Consejo de la Transparencia, con el apoyo decidido de la representación de CC OO en el mismo, tomó una decisión: poner en valor la independencia que le otorgaba la ley, haciendo todo lo posible por resolver el ingente número de resoluciones que demandaban respuestas de los ciudadanos y que estaban atascados por la insuficiencia endémica de medios técnicos y humanos disponibles.

Transcurridos seis meses de la puesta en marcha de ese plan el Consejo de la Transparencia se pudo reunir y aprobar todas las resoluciones pendientes y dejar el camino expedito para el nuevo presidente que asuma el cargo.

Y así llegamos a la situación actual, en vísperas del nombramiento de un nuevo presidente del Consejo de la Transparencia y con la presentación en sede parlamentaria de una Proposición de Ley 10L/PPL-0012 de Gobierno Abierto, Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción que se debatirá a principios del otoño y que CC OO rechaza porque su aprobación supondrá la desaparición de facto del Consejo de la Transparencia, en el que nuestro sindicato ha participado de forma totalmente proactiva, como órgano de control ciudadano.

La Proposición de Ley 10L/PRL-0012 'profesionaliza' el Consejo de la Transparencia, eliminando su carácter electivo, independiente, participativo, y garante de que la ciudadanía va a ver satisfecho su derecho fundamental de acceso a la información pública. Lo 'profesionaliza' en el peor sentido de la palabra: retribuyendo pecuniariamente su actividad y controlándolo jerárquicamente. Pero aún en el caso de que la Proposición de Ley no prospere en la Asamblea Regional, no cualquier persona vale para presidir un órgano tan importante para cualquier democracia avanzada. La independencia solo se consigue con una persona con prestigio profesional y calidad humana que permita una actuación libre de presiones.

El presidente del Consejo de la Transparencia, y los vocales que se han sucedido a lo largo de cinco intensos años no han recibido ni un solo euro de retribución por las funciones reconocidas legalmente, lo que no deja de ser lo más alejado de lo que se conoce como 'chiringuito'. Estos, en su definición clásica, están concebidos para repartir prebendas y asegurar fidelidades. El Consejo de la Transparencia ha hecho gala de su independencia, de su profesionalidad, de su voluntad de servicio público y de su compromiso con los valores que inspiraron la ley que posibilitó su creación, valores que CC OO comparte plenamente y que pretenden ser cercenados por una nueva ley y un nuevo presidente elegido para pilotar la transición a una nueva institución a sueldo y dependiente del poder del momento, con independencia de su signo político.

El trabajo iniciado por José Molina y sus vocales en el Consejo de la Transparencia debe tener su continuidad, de lo contrario estaremos ante una pérdida de derechos y un retroceso de una Ley, la de Transparencia y Participación Ciudadana, que su momento en el año 2015 fue calificada por el portavoz del PP como la mejor y más avanzada de España, y así está recogido en los audios de la época de la Asamblea Regional.

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