Hoy se aprueba en la Asamblea Regional la Ley de Protección Integral del Mar Menor tras su convalidación como decreto-ley y posterior tramitación como proyecto de ley. A la hora de redactar este artículo, la previsión es que se cumplan los acuerdos firmados por PSOE, PP y Ciudadanos, por una parte, y PSOE y el partido naranja, por otra.
Sin embargo, y a pesar de que el acuerdo alcanzado incluye aspectos fundamentales, éste sigue siendo insuficiente y puede convertirse en otra oportunidad perdida para, de una vez, poner en marcha medidas efectivas, necesarias y urgentes para la recuperación de la laguna.
Y es que, no se entienden bien los vaivenes del PP enmendándose a sí mismo y dispuesto ahora a asumir medidas que ya estaban contempladas en la ley de 2018, y que hace unos meses derogó de manera tajante, tales como la implementación de sistemas de desnitrificación en la desalobración a nivel de parcela, la ampliación de la franja costera libre de fertilización hasta los 1.500 metros y alguna regulación sobre el uso de fertilizantes.
Pero menos se entiende la posición del PSOE blanqueando a un Gobierno negligente que no ha abandonado la defensa de los intereses de la agroindustria intensiva, causante de la mayor parte de la contaminación del Mar Menor, se diga lo que se diga, y teniendo en cuenta que el resultado final del texto consensuado queda lejos, en materia de ordenación agrícola, del texto aprobado en 2018 con el apoyo que entonces le dieran Podemos y Ciudadanos y buena parte del colectivo ecologista; igual de lejos que en materia de ordenación territorial, mantenimiento todas las excepciones que hacen inútil la moratoria urbanística contemplada.
Se quedan en la ley (puede que definitivamente) cuestiones importantes como la eliminación de la agricultura ecológica como referente del modelo agrario en la cuenca del Mar Menor, la renuncia de la Administración regional a auditar regadíos ilegales fiándolo todo a la CHS, la devaluación de medidas imprescindibles como la implantación de estructuras vegetales de conservación, la dedicación del 5% de las parcelas a sistemas de retención de nutrientes y la prohibición de laboreo a favor de pendiente plagada de excepciones, entre otras muchas.
En definitiva, la estrategia de hechos consumados del Gobierno regional: consolidación del actual estado agrícola en el campo de Cartagena a cambio de algunas concesiones, insuficientes para la recuperación del Mar Menor.
