La Región de Murcia es la Comunidad autónoma uniprovincial peor financiada y, entre todas las Comunidades, la segunda más castigada de toda España, solo por detrás de la Comunidad Valenciana. Todo como consecuencia de un injusto sistema de financiación, que hace que arrastremos una deuda estructural y que, por ejemplo, un murciano perciba 818 euros menos que un cántabro. En concreto, nuestra Región recibe 250 millones menos que la media de comunidades, 451 millones menos que la media de las uniprovinciales y 1.056 millones menos que la mejor financiada.

Un sistema absolutamente nefasto que, recordemos, tiene su origen en el año 2009 bajo el Gobierno socialista de Zapatero, que aprobó el vigente régimen de financiación sin el consenso de todas las Comunidades autónomas, pero sí con el acuerdo de los partidos nacionalistas catalanes. Un modelo de financiación que ha producido numerosos desajustes en las arcas públicas regionales y generado desde entonces una deuda que se ha ido incrementando con los años. Las cifras cantan: en diez años, la Región de Murcia ha dejado de percibir un total de 8.675 millones de euros que, en condiciones normales, procederían de la financiación del Estado, lo que representa más del 85% del total de la deuda viva regional. Lo cual ha llevado a que la deuda autonómica haya crecido en ese periodo en 8.221 millones de euros, según el informe de la consultora independiente AFI (Analistas Financieros Internacionales), lo que ocasiona una desigualdad absolutamente discriminatoria y arbitraria que perjudica notoriamente a los ciudadanos de la Región de Murcia, por el mero hecho de vivir en esta tierra.

La infrafinanciación que sufre nuestra Región, reconocida por todos los expertos en la materia, nos obliga a destinar un 80% por ciento de nuestros recursos económicos a sufragar educación, sanidad y servicios sociales, cuando la media nacional emplea el 66,8%. El coste de estos servicios, básicos e irrenunciables, obliga a priorizar y a sacrificar otras políticas destinadas a infraestructuras, turismo o incentivos empresariales.

Cabe hacer constar que, al contrario de lo que difunde el PSOE, durante el Gobierno de Mariano Rajoy se realizaron importantes avances para la reforma del sistema de financiación autonómica, de acuerdo con criterios de igualdad y no discriminación, y llegó a elaborarse un informe en la Comisión de Expertos creada al efecto, conformada por veintiún especialistas nombrados por la Administración central, y en la que estuvieron representadas todas las Comunidades autónomas, excepto Cataluña. En este informe se reflejaban amplios consensos sobre la naturaleza de los problemas y las vías para solucionarlos, y validaba sustancialmente el diagnóstico y las conclusiones expuestas por la Región de Murcia. Por desgracia, irrumpió la moción de censura de Pedro Sánchez, respaldada, por cierto, por esos mismos partidos nacionalistas e independentistas catalanes que aprobaron el actual modelo de financiación, y se paralizaron los trabajos y los pasos dados para esta necesaria y urgente modificación.

La llegada de la crisis del Covid-19 ha hecho todavía más patente el grave perjuicio de este pernicioso sistema de financiación para la Región de Murcia, además de poner de manifiesto la importancia de dotar de recursos a las Comunidades autónomas ante las crecientes demandas sociales derivadas del impacto socio-económico de la pandemia y los devastadores efectos sanitarios de la misma. Pero, para más inri, el Gobierno de Sánchez nos ha vuelto a castigar con un reparto absolutamente discriminatorio, sectario y partidista del conocido como 'Fondo Covid'.

Un reparto en el que, además de no haberse realizado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera tal y como reclamaba el presidente Fernando López Miras, tampoco ha prevalecido el criterio poblacional que incluso se adoptó en la Comisión Interterritorial de Sanidad con el acuerdo de los consejeros del ramo, sino simple y llanamente el parecer unilateral, arbitrario e injusto de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Nuevamente se ha perjudicado a las Comunidades peor financiadas, como la Región de Murcia, que hemos dejado de percibir más de 120 millones de euros. Una vez más, el Gobierno de Sánchez hace caso omiso de la opinión de expertos como el director de Investigación del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Francisco Pérez, que en su último estudio expresa claramente que el reparto de este fondo debería compensar a las comunidades infrafinanciadas para que no partan en situación de desventaja a la hora de afrontar la dura crisis que se avecina.

Por todo ello, consideramos muy necesario que el Gobierno de la nación apruebe de manera urgente un Fondo Transitorio Compensatorio por la Justicia Financiera que corrija los efectos lesivos del actual sistema de financiación autonómica en las comunidades autónomas de la Región de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Lo planteamos como medida transitoria hasta la elaboración de un nuevo modelo, para acabar con la injusticia, mejorar la equidad del sistema, y reforzar la capacidad de respuesta de las autonomías frente a la crisis, con especial atención a las comunidades peor financiadas.

Se trata de hacer llegar fondos muy necesarios y urgentes para esta Región, especialmente en esta coyuntura tan grave y difícil que hemos de afrontar. Unos recursos económicos que, por supuesto, se gestionarán optimizando hasta el último céntimo de euro, y que no nos cansaremos de seguir reivindicando desde el Partido Popular. Porque es de justicia.