Digámoslo claro, los Gobiernos regionales del PP (y ahora con Cs), nunca tuvieron la intención de planificar el desarrollo de la actividad del juego y las apuestas en la región de Murcia. Es más, su objetivo ha sido siempre el de facilitar la máxima implantación de las empresas del juego y las apuestas en todo el territorio regional como elemento complementario al desarrollo del modelo turístico de sol y playa por el que siempre apostaron, a costa, incluso, de los efectos que dicho despliegue pudiera tener en la salud pública.

Según los datos, podemos concluir que han alcanzado el objetivo con éxito. Hoy contamos en la región con 364 salones de juego, lo que supone un salón cada 4.088 habitantes: la mayor densidad de España, donde la media se sitúa en 1/13.326 habitantes, y muy superior a la de otras Comunidades, como Cataluña, con una ratio de 1/59.185 habitantes. Consecuentemente, también encabezamos la tasa de salones por cada 100.000 habitantes, duplicando la tasa de la Comunidad siguiente y triplicando la media estatal.

Pero vayamos al origen. La ley del juego de la región aprobada en marzo de 1995 asignaba al Consejo de Gobierno la competencia de planificar la actividad del juego, y el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de 2008 prescribía que esta competencia debía ejercerse determinando de manera motivada el número de salones y máquinas a autorizar teniendo en cuenta su incidencia social; además, en dicha motivación debía tenerse en cuenta como criterio la distancia entre salones y centros docentes.

Después de doce años y ocho procedimientos legislativos para desarrollar reglamentariamente la ley del 95, la cuestión de la planificación sigue sin afrontarse por el Gobierno regional, y mucho menos se ha tenido en cuenta la distancia a centros educativos que hubiera limitado enormemente el número total de salones.

Ahora, cuando ya está consolidada la red por toda la región, en un ejercicio de cinismo retórico y retorcido, el Gobierno regional está tramitando desde 2018 un nuevo procedimiento legislativo (el noveno en 25 años), que reforma los reglamentos del juego para introducir la distancia mínima de 500 metros a centros escolares como requisito para la autorización de nuevos salones, pero sin que se alteren las condiciones iniciales de los ya existentes para sucesivas renovaciones de su autorización administrativa.

Ahora que su incidencia será totalmente nula, estarán contentos los de siempre, Fernando.