En las últimas semanas nos hemos sentido tristes y avergonzados al observar en nuestra Región cómo se reproducían dispersos brotes racistas de pequeños grupos de personas incívicas. Unos brotes que han mostrado una lamentable imagen de actitudes despreciables, intolerantes y xenófobas que se alimentan del desconocimiento, la manipulación y el miedo, así como de comportamientos políticos irresponsables y de la forma sensacionalista de contarlo en algunos medios de comunicación.
Las autoridades políticas de la Región de Murcia no deberían perder el tiempo en disputas públicas acerca de quiénes son los competentes de atender de forma digna y segura a las personas que son rescatadas en el mar. Olvidan que son personas, que les asisten derechos y que existe una red de acogida humanitaria pública preparada para proteger a refugiados y migrantes que ha demostrado contar con capacidades y experiencia para atender situaciones de emergencia, como es la atención a personas migrantes que llegan a nuestras costas. En palabras del responsable de una de las organizaciones de ayuda humanitaria murcianas que participa en este dispositivo, «los inmigrantes que llegan en patera a la Región de Murcia están más controlados sanitariamente que las personas que llegan a España por cualquier aeropuerto, porque a todos se les hace la prueba PCR».
Así que no caben más pretextos y se debe dar apoyo, confianza y garantía de medios suficientes para una atención digna y respetuosa con los derechos humanos. Y ello porque existen importantes deficiencias que corregir, sobre todo en los espacios de detención y primera acogida del puerto de Cartagena. La propia Oficina del Defensor del Pueblo constató la inexistencia de cualquier tipo de instalación idónea para la recepción de personas y la utilización de la detención con exceso, sin desarrollar otras alternativas que garanticen una respuesta más humanitaria a las personas rescatadas del mar en condiciones muy precarias. Este constante recurso a la detención provoca que potenciales solicitantes de protección internacional, posibles víctimas de trata o menores no identificados como tales, sean privadas de libertad.
De ahí que consideremos urgente una revisión de los actuales mecanismos de recepción y detención de personas migrantes, al objeto de garantizar, por un lado, los derechos que les corresponden y, por otro lado, asegurar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas contraídas por España.
Los medios de comunicación también tienen oportunidad de mejorar para «ayudar a generar una opinión pública madura y responsable, sin la cual no existe una sociedad pluralista y democrática», en palabras de la catedrática de filosofía, Adela Cortina. En estos contextos de incertidumbre y miedo, deben averiguar qué preguntas tienen sus lectores, oyentes o telespectadores sobre la Covid-19 o la situación de los migrantes que llegan a nuestras costas. A nuestro juicio, deben de llenar esas zonas de penumbra con datos y periodismo de servicio, generando información fidedigna, huyendo de sensacionalismo y no alimentando con estereotipos el racismo o la xenofobia.
En la relectura de una publicación de Convivir sin Racismo, Medios de Comunicación e Inmigración, que coordinó nuestro añorado compañero Manuel Lario, enfatizaba un editorial muy singular de este periódico, LA OPINIÓN, mayo del 2006, titulado, significativamente, Periodismo xenófobo, que señalaba el comportamiento irresponsable y dañino de un medio acerca del tratamiento informativo sobre la crisis de los cayucos en Canarias. Tras alabar la responsabilidad de la mayoría de los medios de comunicación ante las manifestaciones xenófobas causadas por la «crisis humanitaria provocada por la inmigración clandestina», este periódico advertía: «Alguno ha caído en el error de la demagogia y el tremendismo al informar sobre la llegada de los inmigrantes (...), el periódico tinerfeño El Día subió el tono de sus comentarios editoriales, pasando de la clara beligerancia ante el fenómeno de la inmigración clandestina a una explícita xenofobia. Comentarios sobre un supuesto plan africano para colonizar las islas, alegatos contra los países magrebíes, falsas noticias sobre la llegada de terroristas de Al Qaeda o enfermos contagiados por el ébola, se han sucedido en sus páginas hasta llegar estos últimos días a presuntas incitaciones al odio racial y reflexiones que parecen más propias de una sociedad totalitaria y racista que de una democracia».
La alarma social provocada por el miedo al extraño extrema los prejuicios, alienta reacciones de temor y favorece manifestaciones del racismo estructural contenidas e invisibilizadas. Culpabilizar a los otros no mitiga nuestra responsabilidad en el compromiso por buscar soluciones y respuestas para atender las situaciones cotidianas de explotación, precariedad y vulneración de derechos humanos que atentan directamente contra los colectivos más vulnerables. En este empeño se han reunido más de un millar de entidades ciudadanas de todo el Estado por una demanda urgente por la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia social, económica y sanitaria provocada por la Covid-19.
Estamos ante una oportunidad histórica para que los responsables políticos emprendan una recomposición social, poniendo en el centro la preservación de la vida, la defensa de los bienes comunes, la solidaridad y la justicia social, como principios rectores para este nuevo acuerdo de reconstrucción de país. Estas respuestas implican también reconocer las luchas de organizaciones de personas migrantes que denuncian el racismo en las estructuras institucionales y legales vigentes que las excluyen y les niegan derechos, y reivindicar sus demandas de reconocimiento e inclusión social que hoy más que nunca son necesarias y urgentes.
