08 de julio de 2020
08.07.2020
La Opinión de Murcia
Escaño cero

Veintisiete años después

08.07.2020 | 04:00
Veintisiete años después

La UE avisa de nuevo a España (también a la Región de Murcia) sobre el incumplimiento en la elaboración y aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), como instrumentos de planificación y gestión de los espacios naturales protegidos que deben determinar la adecuación entre los usos y actividades permitidos con la conservación medio ambiental y de la biodiversidad en estos espacios.

Dichos planes fueron introducidos de manera prescriptiva por la ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales, desarrollada en la Región de Murcia tres años después por la ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio.

Esta última, establecía la obligatoriedad de iniciar en el plazo de un año la tramitación de los PORN de los espacios protegidos declarados en la misma, salvo en los casos de Cabo Cope y Cañaverosa, los cuales debían encontrarse, no ya iniciados, sino terminados en dicho plazo por ser Parque y Reserva Natural respectivamente. Después de 27 años, el Gobierno regional ha incumplido el plazo inicial, el plazo marcado por la UE en 2012 para la finalización de todos los PORN y la prórroga concedida de dos años, lo que conllevó con un expediente sancionador de Bruselas a España en 2015, en el desarrollo del cual se enmarca este nuevo aviso que puede concluir con nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La razón del incumplimiento, una vez más y como en el caso del Mar Menor, es la colisión entre las restricciones y limitaciones que lógicamente impondría un PORN y los intereses económicos de ciertos sectores empresariales. El caso más paradigmático es el del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, que a pesar de tener la más alta calificación regional de protección ambiental, sigue sin el correspondiente Plan de Ordenación desde 1993, continuando aún hoy la pugna judicial por la aprobación del mayor proyecto urbanístico regional.

Pero lo peor no son la desidia intencionada de los Gobiernos regionales del PP, que debería provocar la actuación de oficio de la Fiscalía, ni los daños medioambientales irreversibles por la ausencia de los correspondientes PORN; lo peor es tratar de justificar el retraso de 27 años para su aprobación aduciendo que en Murcia el procedimiento adquiere mayor complejidad porque conlleva una gran cantidad de consultas participativas, resultando ser el procedimiento más garantista de todo el estado.

Por esta falacia nada más, alguien debería dimitir.

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