Para comprender lo sucedido es necesario enmarcar los hechos en las circunstancias que los rodearon.

En enero de 2014 se produce un pacto entre la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente Valcárcel por el que se pretendía imponer una llegada del AVE a Murcia en superficie, transgrediendo el Convenio de 2006 que ordenaba un nuevo acceso ferroviario soterrado. Curiosamente aquel pacto Valcárcel-Pastor fue el último de los cocinados por los Gobierno de España y de la Región de Murcia, y meses después Valcárcel fue propuesto para las elecciones europeas en puesto de salida y se convirtió en europarlamentario.

Desde el primer momento de aquella propuesta los vecinos de los barrios del entorno de la Estación se opusieron a ella por el peligro de que el soterramiento se pospusiera indefinidamente y la partición de la ciudad fuera un hecho irreversible como lo había sido ya en Valladolid en circunstancias semejantes.

Fomento no tuvo en cuenta las peticiones vecinales. El 12 de Mayo de 2015 adjudica a Aldesa la obra de un acceso ferroviario en superficie impenetrable salvo en el paso a nivel de Santiago el Mayor, sin un estudio de impacto ambiental específico y sin someterse a la DIA vigente desde 2009. Esta obra suponía la partición de la ciudad y la exclusión de los barrios del sur del tendido ferroviario.

La Plataforma Pro-Soterramiento asumió la defensa del Convenio 2006 y de manera pacífica y no violenta ha venido promoviendo acciones para evitar la partición de la ciudad dentro de los cauces legales, ante todas la instituciones: Ayuntamientos, Gobierno regional, Asamblea Regional, Congreso de los Diputados, Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

El 30 de Septiembre de 2017 más de 50.000 ciudadanos acuden en manifestación pacífica en apoyo del soterramiento, para que la llegada del AVE se produzca de manera soterrada.

El ministerio de Fomento, ADIF, el Gobierno Regional y municipal, en manos del PP, mantienen una actividad de acoso policial en el entorno de las obras avanzando hasta el paso a de Santiago el Mayor, que en la mañana del 3 de Octubre llegan a ser de verdadera provocación institucional con compañías de Policía Nacional con fusiles de asalto a las puertas del IES Mariano Baquero, en horas de entrada y salida del alumnado, llegándose a producir enfrentamientos con grupos de vecinos que querían paralizar la culminación del muro que iba a dividir la ciudad.

El delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, realiza manifestaciones públicas amedrentadoras y amenazantes que van creando un ambiente de estrés en alza que tiene su mayor expresión a la hora en que los vecinos vienen concentrándose, desde el 12 de Septiembre, en el entorno del paso a nivel a partir de las 20 h. Aquella noche, mientras que una brigada de Policía Nacional vigila el paso a nivel para evitar que los ciudadanos invadan las vías, un grupo de desconocidos encapuchados invade el entorno de las obras y de manera sorpresiva procede a desmontar las pantallas que separaban las vías y constituían ya el muro separador de los barrios.

Dotados de la herramienta necesaria y en presencia de la Policía Nacional, que no hace nada para evitarlo, desmontan pantallas, postes metálicos y demás elementos del muro, muchos de los cuales son lanzados sobre los propios raíles del ferrocarril, incluso un contenedor de basura que arde sobre las vías. Varios miles de vecinos son testigos de estos hechos, entre los que se encontraban los tres jóvenes que han sido denunciados a los que se pretende someter a juicio.

En el momento de los hechos, Íñigo de la Serna era ministro de Fomento; Juan Bravo, presidente de ADIF; Pedro Rivera, consejero de Fomento; Francisco Bernabé, delegado del Gobierno; Fernando López Miras, presidente Región Murcia.

Con la moción de censura que llevó a la Moncloa a Pedro Sánchez y con un nuevo equipo gestor en el ministerio de Fomento y en ADIF, por fin se han empezado a cumplir las previsiones del Convenio de 2006: nuevo acceso ferroviario soterrado a la Estación de Murcia y proyecto de soterramiento integral hasta Nonduermas. Con el consiguiente desmontaje y eliminación de las obras en marcha hasta aquel momento cuyo objetivo era la llegada del AVE en superficie a la capital de la Región y con una evidente recuperación de la paz ciudadana de la mano de una gestión acertada del nuevo delegado del Gobierno, Diego Conesa.

En esta situación, cuando ya está en muy avanzado estado de ejecución la primera fase del Soterramiento desde Los Dolores a la Estación y las obras de la nueva estación avanzan a buen ritmo, la Fiscalía cita el 26 de Junio de 2020 a acto de conciliación previo a juicio por los hechos sucedidos aquella aciaga noche del 3 Octubre de 2017.

No podemos comprender que el referido acto de conciliación se haya planteado en los mismos términos que cuando fuera instruido, como si nada hubiera cambiado en estos casi tres años. Sin pruebas fehacientes de culpabilidad de los jóvenes imputados, con una valoración de daños muy cuestionable tanto por parte de ADIF como de la Constructora Aldesa, realizada en caliente y en unas circunstancias de acoso institucional y provocación a la ciudadanía, con un evidente objetivo de criminalizar una lucha ciudadana ejemplar en defensa de los intereses generales de Murcia y dar un escarmiento a quienes no se someten dócilmente a las propuestas de grandes infraestructuras que en pos de un objetivo quizás defendible en términos generales, en este caso una irregular llegada del AVE, atacan y lesionan derechos ciudadanos tan graves como la partición de una ciudad y la exclusión de ella de barrios enteros.

Y todo ello en aplicación de la Ley Mordaza, de la que estamos a punto de sufrir cinco años de vigencia y bajo cuya aplicación se han venido interponiendo sanciones, de manera arbitraria, sin observar los estándares internacionales de derechos humanos que deben estar por encima de toda ley en cualquier Estado de Derecho. Una ley creada con la mayoría absoluta de Rajoy en 2015, pero que un Gobierno de España de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que se han ganado muchos votos con la promesa de su derogación, la aplica sin ningún problema, también frente a tres jóvenes que van camino de convertirse en mártires de una causa ciudadana legítima y llevada a cabo siempre bajo la premisa de pacífica y no violenta.

Todos esperábamos que ADIF y Aldesa hubieran rebajado sus demandas por daños y perjuicios, cifradas en más de 133.000 euros, para facilitar la conciliación de demandantes y demandados y que esta rebaja en la responsabilidad civil hubiera justificado la consiguiente disminución de penas que hubieran evitado que estos jóvenes entraran en prisión. Esto era lo deseable, respetando siempre la separación de poderes, y lo que esperábamos tras los contactos mantenidos por esta Plataforma muy recientemente con el delegado del Gobierno, José Vélez. Con esa expectativa, cientos de ciudadanos acudimos a la puertas del Palacio de Justicia el 26 de Junio, pero nuestras esperanzas no tardaron en truncarse y el desarrollo de aquel nunca peor llamado 'acto de conciliación' fue el mismo que si no se hubiera producido cambio alguno desde el 17 de Junio de 2017 en que Fiscalía y Abogacía del Estado instruyeran el caso. No esperábamos que aquel acto fuera un 'sostenella y no enmedalla' dos años después de su instrucción; cuando han cambiado los gestores del ministerio de Fomento y ADIF y el murciano Pedro Saura es el 'segundo de a bordo de Fomento' y Diego Conesa, el 'pacificador de las vías', es el secretario general de PSRM-PSOE; cuando hemos visto demoler una obra innecesaria e inservible del Gobierno anterior (los andenes para la llegada del AVE en superficie), un derroche del erario público del que a nadie se le van a pedir responsabilidades y cuyos responsables se irán de rositas; cuando el AVE que justificaba el desatino de partir una ciudad fue un puro bulo que aún está en pruebas entre Elche y Orihuela; cuando sabemos que el delegado del Gobierno Francisco Bernabé derrochó 2.200.000 euros de manera injustificada para financiar un acoso policial desmedido e innecesario, que para muchos fue el germen de los hechos ocurridos aquella aciaga noche del 3 de Octubre.

Ha sido un jarro de agua fría que abona la tesis de desprestigio de la clase política española de 'todos son iguales'. ¿O va a ser cierto que gobierne quien gobierne no se van a reconocer las conquistas sociales defendidas desde la Ley y la no violencia porque cuestionan decisiones gubernamentales injustificables? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir tragando una ley tan antidemocrática como 'la ley Mordaza'?