Desde hoy y hasta el 22 de julio se abre en la Asamblea Regional el proceso de debate de enmiendas del decreto-ley 2/2019 de Protección Integral del Mar Menor, aprobado en diciembre pasado y que derogó el de Medidas Urgentes (aprobado veinte meses antes y que, a su vez, enmendaba el decreto-ley original de febrero de 2017).

Serán, por tanto, cuatro leyes en tres años y medio, resultantes de la correlación de fuerzas existente en el parlamento regional que Ciudadanos ha decantado, en un sentido u otro, en función de sus propias contradicciones, alineándose primero con ecologistas y la oposición de izquierdas para aprobar el decreto 1/2018 de medidas urgentes y después derogarlo, junto con el PP y Vox, sustituyéndolo por el anteriormente mencionado decreto-ley 2/2019. Si el primero abría un hilo de esperanza para la recuperación del Mar Menor, el segundo nos retrotraía a la casilla de salida. Y todo ello sin finalmente aplicar la casi totalidad de las medidas contempladas.

Este largo e ineficaz proceso legislativo refleja la pugna existente sobre el modelo agrícola del Campo de Cartagena entre un sector empresarial agroexportador, apoyado por la derecha política, y sectores sociales ecologistas y ambientalistas cuyas posiciones defiende la oposición de izquierdas.

Y, aunque este nuevo proceso legislativo empieza con un principio de acuerdo entre PP, Cs y PSOE, la pugna sigue latente en medio de una situación explosiva que no admite medias tintas ni soluciones parciales, como tampoco más dilación en la aplicación de medidas, teniendo en cuenta que éstas deben venir determinadas, necesariamente, por criterios científicos verdaderamente independientes.

Pero también conviene no perder de vista las referencias que nos ayuden a situar el debate. En este sentido hay que recordar que la principal causa de contaminación de la laguna sigue siendo la agricultura intensiva (estudios de la UMU lo cifran en un 85%), que, además, ha transformado el paisaje y contribuido al aumento de las escorrentías que terminan en el Mar Menor; que la propia laguna ha generado un proceso interno de producción de nutrientes que contribuye al empeoramiento de la situación; que el peligro de la presión contaminante que ejerce sobre la laguna el desarrollismo urbanístico, la navegación recreativa, la ganadería intensiva y la minería sigue presente, que las normativas de protección regional, estatal y europea nunca se han cumplido; y que todo esto tiene responsables.