El 25 de abril de 1986, el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley General de Sanidad, que permitiría garantizar la cobertura de los servicios sanitarios a todos los españoles. Sí, fue un Gobierno de Felipe González, ese gran político al que muchos querrían amordazar para que no diga las 'verdades del barquero' el que, siendo ministro de Sanidad, Ernest Lluch, más tarde asesinado por ETA (para cuando la condena de Bildu al derramamiento de sangre de tanta gente inocente como Lluch), aprobaba la Ley General de Sanidad: la universalización de la atención sanitaria. La ley, extendía a todos los ciudadanos las prestaciones de servicios sanitarios que, hasta ese momento, solo se aplicaban a los cotizantes de la Seguridad Social. Es decir, a los que pagaban esa seguridad. Sí, aquella ley supuso un cambio trascendental en el modelo político de asistencia sanitaria: se pasó de un sistema de Seguridad Social financiado con las cuotas de trabajadores y empresarios, a ser financiado directamente a través de los Presupuestos Generales del Estado.

A partir de entonces, nuestro sistema sanitario fue puesto como ejemplo en todos los países europeos. Pero se fueron sucediendo las transferencias sanitarias a la Comunidades autónomas, y cada una de ellas, en mayor o menor medida, fue moldeando la Sanidad publica, según sus intereses: en muchos casos, intereses que no tenían nada que ver con la mejora de esa Sanidad y sí con los objetivos de esos Gobiernos en favorecer la Sanidad privada. Tanto, que algunos de esos consejeros de Sanidad de muchas comunidades autónomas proceden de ese mundo, lo que facilitaba, y facilita, las concesiones, los convenios y todos los trapicheos que ustedes puedan imaginarse.

Mientras tanto, el dinero para la Sanidad pública ha ido disminuyendo escandalosamente (el ejemplo más palpable es lo ocurrido, durante la pandemia en Madrid y Cataluña) y el resultado ha sido lo que hemos vivido durante este tiempo, de manera especial en esas Comunidades.

Porque es cierto que nadie estaba preparado para esto, ningún país del mundo puede cantar victoria de cómo ha actuado, pero no es menos cierto que antes del Coronavirus, en muchas comunidades (en Murcia también) permanecían cerradas plantas de hospitales públicos mientras los enfermos eran desviados a los hospitales privados, a la vez que las plantillas de sanitarios han ido disminuyendo escandalosamente (en la Región de Murcia, el presidente del Colegio de Médicos considera que faltan quinientos en la Sanidad pública), cerrándose gran numero de centros de atención primaria.

Sí, 71 de los 172 consultorios de de esta Comunidad, dedicados a la atención primaria, permanecen cerrados por que el sistema de salud: al parecer, no cumplen con la medidas necesarias en sus instalaciones para prevenir la propagación del coronavirus, si es que se nos presenta otra vez, que parece ser que puede ocurrir.

Es decir, no se aprendió nada de todo lo que hemos pasado y estamos pasando, porque justo ahora es cuando hay que hacer examen de conciencia, ver donde se han detectado los fallos y aprender, de una vez por todas, entre otras cosas, que los centros de atención primaria son absolutamente necesarios, si no se quiere volver a colapsar los hospitales y, como consecuencia de ello, dejar morir a los ancianos por falta de asistencia en esas residencias convertidas en tanatorios.

Es tiempo de reflexión para el Gobierno, para el ministerio de Sanidad, para los responsables de las Comunidades autónomas. Hay que meditar, y mucho, sobre todo aquello susceptible de mejorar en la Sanidad pública, pues el coronavirus ha venido a destapar nuestras vergüenzas.