Han pasado los años, pero aún conservo frescos en la retina y en mi memoria olfativa los paisajes, colores y olores del Campo de Cartagena de mi infancia, anterior a la llegada de las aguas del Trasvase. El campesinado se afanaba en arrancar de unos terrenos salitrosos, con su incansable esfuerzo, cosechas de algodón, tomates, melones, pimientos de bola, sandías€

Paisaje adornado por el giro de las aspas de los molinos de viento, con su velamen blanco, moviendo los cangilones de la noria que extraían el agua del pozo para llenar las balsas de riego. Aquellos pozos del acuífero, muy superficial entonces, pero con un agua escasa a la espera de la larga y demandada llegada de las aguas foráneas, contribuían a mantener el apego del campesino a la tierra, con unos cultivos que, hoy, he llegado a comprender que eran sostenibles medioambientalmente.

Evoco también aquellas salidas con mi familia al Mar Menor, esa laguna litoral única en el Mediterráneo. Tiempos difíciles en los que la economía familiar sólo permitía alguna que otra escapada para que nos diéramos un baño, a la espera de la tortilla de patatas y el conejo frito con tomate y pimiento para la comida del mediodía, que mi madre custodiaba en la fiambrera. En aquella playa de Los Nietos aún nos era dado en aquellos tiempos disfrutar de aguas limpias en las que, a veces, detectábamos la presencia de ese simpático caballito de mar, hoy ausente.

Han pasado los años y aquel paisaje campesino y ese Mar Menor de mi infancia han fenecido. La presión demográfica sobre las riberas de la albufera litoral, la actividad agrícola incontrolada, la apertura de la gola del Estacio y los desechos de metales pesados de la minería aportados por la rambla del Llano del Beal la han llevado a su lenta agonía y, de paso, han degradado y desnaturalizado el paisaje del Campo de Cartagena. Por eso, en la medida en que aún resuenan en nuestros oídos los ecos de la protesta vecinal de hace unos días por la muerte, tantas veces anunciada, de esos espacios otrora tan bien conservados es bueno detenerse en señalar responsables.

No podemos obviar la responsabilidad directa de quienes durante veinticinco años han estado al frente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia (CARM), que, sin duda alguna, se dejan llevar por la presión del lobby empresarial agroexportador, que ha hecho del Campo de Cartagena uno de sus territorios donde hacer buen negocio.

Miguel Ángel Esteve, profesor de Ecología de la UMU y miembro de Ecologistas en Acción (EeA), denunciaba a este respecto que «sectores influyentes de la sociedad murciana y especialmente sus poderes públicos alientan desde hace tres décadas la expansión ilimitada de la actividad agraria industrial en el Campo de Cartagena [€] perturbando los ciclos locales de nitrógeno y fósforo, contaminado los acuíferos más superficiales y generando un proceso de eutrofización de la albufera del Mar Menor».

Y según EeA, cuando en la Región de Murcia la falta de aplicación de la normativa europea, por parte de la Comunidad Autónoma, en materia de contaminación por nitratos de origen agrícola ha sido reconocida en múltiples documentos como la causa de la degradación ambiental del Mar Menor, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Luengo, haciendo suyas las declaraciones de ciertos sindicatos agrícolas y grandes productores agrarios, no tiene empacho alguno en afirmar que «el lobby ecologista ha ganado el pulso al sector agrícola y ganader0». Y mientras que la Unión Europea decide aumentar las áreas naturales protegidas terrestres y marinas hasta un 30% de la superficie, el Gobierno de la CARM modificó, hace unos días, la Ley Regional de Medio Ambiente para permitir incrementos de un 30% de emisiones contaminantes, sin nueva Evaluación de Impacto Medioambiental, según nos recuerda EaA.

Muerte lenta de nuestra albufera. Degradación de nuestro paisaje agrario litoral. Y unas víctimas invisibles: los jornaleros agrícolas del Campo de Cartagena, que, las más de las veces, caen en las redes, hasta ahora también invisibles, de mafias que omiten los más elementales derechos laborales y humanos que asisten a quienes, con su sudor, extraen el producto de la tierra.

Hace unos días, LA OPINIÓN daba cuenta de una operación llevada a cabo por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad documental (UCRIF) de la Policía Nacional que concluyó con la detención de 19 personas en Murcia, entre ellos los responsables y encargados de un entramado criminal presuntamente autores de delitos contra los derechos de los trabajadores.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha sido la encargada de introducir estas inspecciones en el campo. Y la reacción de los sectores empresariales no se ha hecho esperar. Félix Barián, presidente de Asaja, vino a afirmar que como no se retiren las inspecciones «no vamos a ser pacíficos», en clara amenaza a la ministra por haber repartido entre los trabajadores del campo un cuestionario sobre condiciones laborales.

Estas inspecciones, en tiempos atrás, han venido siendo inexistentes o muy permisivas con la situación de explotación laboral en el campo. Mi amigo marroquí que vive ya veinte años entre nosotros y conoce el Campo de Cartagena como la palma de su mano, me dice que, en efecto, la laxitud de la Inspección de Trabajo ha venido siendo la norma y la causa principal de lo que sucede. Me aclara que los inspectores no han ido a visitar casi nunca directamente a los trabajadores y que el empresario estaba avisado, casi siempre, de esas visitas.

Muchas empresas contratan a través de una Empresa de Trabajo Temporal, que impone unas condiciones leoninas: ausencia de contratos para gente 'sin papeles'; trabajos a destajo, mal pagados, superando las ocho horas estipuladas en el convenio con ingresos diarios del trabajador que no superan, en muchos casos, los veinticinco euros. Se lamenta de que la Inspección no disponga de una sede, cerca de las explotaciones agrarias, donde tramitar las quejas.

Respecto de las condiciones de habitabilidad de las viviendas que ocupan los jornaleros, aunque éstas no son las muy lamentables de Huelva, es cierto que los inmigrantes del Campo de Cartagena ocupan, a veces hacinados, viviendas en mal estado de herederos que renuncian a las mismas o directamente casas desocupadas antiguas.

Cuando legítimamente estos días se exigen situaciones para el espacio físico del Mar Menor y el Campo de Cartagena, no podemos obviar, pues, el drama humano de quienes sufren para seguir contribuyendo, con su sudor, a que el sector agrario y ganadero aporte nada menos que el 20% del PIB regional.