Como hizo el Estado en enero, y a la par que vienen haciendo otras Comunidades Autónomas, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia adoptó la pasada semana la decisión de declarar la región en emergencia climática y ambiental.
Suena muy escandaloso, pero tampoco es para asustarse. Declarar la emergencia climática no es una nueva ley ni otro tipo de estado de alarma, sino un acto declarativo en el que los Gobiernos reconocen la necesidad y la urgencia de actuar ya contra el cambio climático y se comprometen a desarrollar líneas de acción para hacer frente a la crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición ecológica.
El objetivo de la Declaración, tanto en Europa, como en España y en la Región de Murcia, es lograr un proyecto de futuro común, más justo y equitativo, que responda al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.
Se trata de priorizar en todas las agendas la crisis climática y ambiental que ya es una realidad constatada en todos los territorios, y de la que la Covid-19 es una más de sus múltiples manifestaciones. La declaración de emergencia implica reaccionar, o decir que se va a reaccionar, ante el desafío ambiental que marca como único camino posible el alcanzar la neutralidad climática en 2050. Y para ello hay que emprender una senda valiente de mitigación y adaptación al cambio climático, avanzando a la vez en la modernización, la innovación, el empleo de calidad y la mejora de la economía en un contexto de crisis socioeconómica generalizada, lo que no es poco reto.
En nuestra región, los efectos de las situaciones meteorológicas extremas y la insoportable crisis ecosistémica del Mar Menor, son muestra palpable de que, efectivamente, la emergencia ambiental no es un cuento. El principal objetivo que se ha fijado en Gobierno regional en la declaración de emergencia climática es el de reducir en un 26% las emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte de 2030 y el de adaptar la Región a las nuevas condiciones que impone el cambio climático.
Y para eso, para que la declaración no se quede en un papel mojado, hay que tenerlo muy claro y dar pasos muy potentes. Sin retroceder en legislación ambiental, sino todo lo contrario, ampliando la conciencia y la educación climática a todos los niveles, actuando con consenso pero con mano firme, y desarrollando la Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático que el Gobierno ha anunciado con suficientes medios y creyéndosela muy en serio.
Entre pandemias, Mar Menor y Danas, esta región sabe lo que es la emergencia ambiental. Vaya si lo sabe. Y aunque su manifestación más amenazante, el calentamiento global, es un problema generalizado que atañe a todas las regiones y países, es precisamente desde los territorios donde más lo podemos sufrir el lugar desde donde más hay que hacer para solucionarlo.
