Cuando este país se encontraba en plano enclaustramiento; cuando todos los ciudadanos nos parapetamos en casa, salíamos a las ocho de la noche a los balcones a aplaudir, llamábamos compulsivamente a los familiares y amigos por teléfono, enviábamos cientos de mensajes con las más nimias cosas, tuvimos la sensación, por un tiempo, de que cuando esa excepcional situación pasara saldríamos de ella mejores. Mejores personas, más solidarios, más capaces de valorar lo auténticamente importante.
Pero pasado todo aquello, cuando ya estamos en eso de la desescalada, en la que comenzamos a recobrar cierta normalidad en nuestras vidas, no estamos tan seguros de que esto sea así, quizás porque hemos descubierto algunas cosas que nos siembran muchas dudas sobre la condición humana.
Sí, hemos descubierto que pertenecemos a una sociedad que, llegada una pandemia, elige a quienes atender y a quienes no. A quienes dejar que se mueran, y a quienes no. Hemos descubierto, sí, que puestos a elegir, y como quiera que los de más edad son el colectivo más vulnerable, desde el comienzo de la crisis ocasionada por el coronavirus, muchos hospitales decidían no ingresar a personas mayores que procedieran de residencias, dejando la sensación, desde el primer momento, de que las residencias de mayores se estaban convirtiendo en una gran tumba, y es que, al parecer, (tal y como se están facilitando los datos esto puede cambiar de un momento a otro), el numero de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas (públicas, concertadas o privadas) con Covid-19, se sitúan en 19.415, según los datos proporcionados por las Comunidades autónomas. Que tan alto porcentaje de decesos, casi 20.000 de 27.000 fallecidos, aproximadamente, se hayan producido en las residencias de mayores, por dejadez, por abandono, por que los hospitales se negaran a auxiliarles, es incalificable.
En el centro sanitario Hospital Infanta Cristina de Parla, en Madrid, apareció un documento de fecha 25 de marzo que reflejaba lo siguiente: «Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital». Apoyándose en este documento, se despachaba a una mujer que presentaba un cuadro de 'neumonía bilateral' y que era 'probable Covid-19'. La paciente falleció tres días después en su residencia, cuando podría haber continuado viviendo si tenemos en cuenta que, tras recibir una sesión de hemodiálisis, el facultativo que la atendió en Urgencias certifico que «la mujer mejora hasta llegar al 95% de saturación. Sin embargo, de igual manera consta por escrito la orden dada esa misma mañana por la dirección médica del hospital: 'No se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital'». El resultado final es que la mujer fue enviada de nuevo a la residencia, donde la carencia de apropiado material médico, por ejemplo, inhaladores, provocó su fallecimiento.
Estos escritos, absolutamente indecentes, se enviaron a todos los hospitales de Madrid, aunque la señora presidenta diga ahora que no se había hecho. Esos escritos se llegaron a enviar, tal y como ha tenido que aceptar el propio consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que ha reconocido que uno de los seis borradores del protocolo que negaba la asistencia hospitalaria a los ancianos con Covid-19 se envió a los centros. Y nos dice que fue un 'error'. Un 'error" es que personas de esa altura moral puedan estar dirigiendo una Comunidad, sea la que sea.
Iñaki Gabilondo hablaba el pasado lunes sobre los mayores muertos en estas condiciones: «Una generación tratada por este virus como material excedente».
Suena muy duro, pero tristemente ha sido así: esta es la sociedad que tenemos.
