02 de junio de 2020
02.06.2020
La Opinión de Murcia
Desde mi pico esquina

Como en el 36, pero sin Mola ni Franco

01.06.2020 | 22:03
Como en el 36, pero sin Mola ni Franco

Durante la II República, la asimilación del Frente Popular por parte de los portavoces de las derechas como un Gobierno del caos, la tiranía y como una antesala de la revolución comunista guarda muchas similitudes con la campaña mediática y judicial que las derechas, hoy, han emprendido contra el Gobierno de coalición

España no es esto. Aquí hay diputados republicanos elegidos con votos marxistas; diputados marxistas partidarios de la dictadura del proletariado, y apóstoles del comunismo libertario; y ahí y allí hay diputados con votos de gentes pertenecientes a la pequeña burguesía y a las profesiones liberales que a estas horas están arrepentidas de haberse equivocado el 16 de febrero al dar sus votos al camino de perdición por donde os lleva a todos el Frente Popular».

Quien así se expresaba en la tribuna de oradores de las Cortes republicanas el día 16 de junio de 1936 era José Calvo Sotelo, jefe del monárquico Bloque Nacional. Él y José María Gil Robles (CEDA) no ocultaban sus simpatías por el fascismo, por lo que, junto con Falange y la ayuda financiera de las élites empresariales del país, alentaban el levantamiento del Ejército contra la II República. ¿Les suena? Eliminemos las alusiones a los apóstoles del comunismo libertario, hoy inexistente, y encontraremos muchas similitudes con la situación política actual.

Esas acciones desestabilizadoras de las derechas tenían lugar, como hoy, en un contexto de anormalidad constitucional, pues el estado de alarma declarado por Portela Valladares el 17 de febrero de 1936 fue prorrogado, mes a mes, por los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga y fue una constante hasta la tardía proclamación del estado de guerra por Negrín el 23 de enero de 1939.

La Historia no es cíclica, pero los argumentos esgrimidos entonces por las derechas volvemos a oírlos hoy, 84 años después. Durante la II República, la asimilación del Frente Popular, por parte de los portavoces de las derechas, como un Gobierno del caos, la tiranía y como una antesala de la revolución comunista guarda muchas similitudes con la campaña mediática y judicial que las derechas, hoy, han emprendido contra el Gobierno de coalición. En la primavera de 1936, los hechos que llevaron al golpe mortal contra la República eran la crisis del orden público, los mensajes apocalípticos de los líderes políticos, los rumores insensatos y la divulgación de documentos provocadores. Hoy, como entonces, PP y Vox alientan la crispación, las subidas de tono y el enfrentamiento abierto contra el Gobierno, de lo que son muestras las recientes invectivas de Cayetana Álvarez de Toledo contra el padre de Pablo Iglesias y el alegato de Teodoro García Egea para la sublevación de la Guardia Civil.

Ejemplos hay (Chile, 1973) de que, tradicionalmente, las derechas han asumido los resultados electorales cuando éstos les son favorables y muestran su fachada más virulenta e incluso su 'comprensión' a las asonadas militares cuando la izquierda accede al Gobierno y legisla en contra de sus intereses.

Redacto estas líneas cuando el Gobierno 'comunista' acaba de aprobar el Ingreso Mínimo Vital que va a beneficiar a 850.000 familias y a casi 2,5 millones de personas en situación de pobreza. Una medida necesaria para mitigar los efectos de una pandemia cuyas consecuencias reales están aún por ver. Pero esta actuación molesta a las derechas, muy refractarias a los éxitos del Gobierno, como el indudable freno a la expansión del coronavirus, la presión ante Bruselas para elevar la cuantía de los fondos solidarios anticrisis y otras medidas sociales. Porque, poseedoras de un sentimiento patrimonialista del Estado, sienten aversión y repugnancia ante la defensa que la izquierda esgrime de los sectores populares.

La derecha extrema (PP) y la extrema derecha (Vox) han tomado una peligrosa deriva. Miserables y mezquinos, hubieran deseado la expansión sin freno del coronavirus para rentabilizar políticamente la situación. La alusión de Pablo Casado a que «no podemos volver a parar la economía, pues España debe aprender a convivir con el virus» y la judicialización de la pandemia por parte de Abascal van en esa dirección.

La judicialización de la política es un instrumento especialmente vomitivo 'inventado' por los norteamericanos a principios del siglo XXI con la denominación de 'lawfare' (guerra jurídica). Sabedoras de que pierden en las urnas y en la calle (las manifestaciones con coches hace unos días en varios puntos de España registraron una asistencia ridícula), las derechas están imponiendo ese recurso en España para derribar al Gobierno, porque en nuestro país gozan de especial salud las cloacas del Estado y sirven perfectamente a los intereses de quienes quieren subvertir el orden constitucional.

Vox ha interpuesto numerosas querellas, denuncias y recursos ante los tribunales contra el Gobierno, por su gestión de la crisis sanitaria. La última, contra la directora de la Guardia Civil y el director general de Seguridad, al hilo de la crisis desatada en Interior, con la clara intención de forzar la caída de Grande Marlaska.

Con el precedente del Informe PISA contra Pablo Iglesias, hace unos días, como es sabido, se destapó el conocido informe plagado de bulos, irregularidades y noticias distorsionadas, elaborado por la Guardia Civil de Madrid y dirigido a la titular del juzgado de instrucción número 51 de la capital, Carmen Rodríguez Medel, contra la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, Manuel Franco, por permitir la celebración de las manifestaciones del 8M, a las que PP y Vox achacan la expansión del coronavirus.

La especial aversión que han venido mostrando las derechas hacia el feminismo y la igualdad real de la mujer se ha materializado en esta denuncia, que es un claro ataque a sus derechos conquistados y viene a mostrarnos la cara más vil y la bajeza moral de aquéllas.

Y todo ello en un contexto de la complicidad de una parte del sistema judicial con estas prácticas. El pasado 23 de abril, algo insólito, el Consejo General del Poder Judicial arremetía contra el vicepresidente Iglesias por afirmar éste, en relación con un fallo del TSJ de Madrid, que en España mucha gente percibe que corruptos muy poderosos quedan impunes mientras se condena a quienes protestan por un desahucio.

Es preciso que se produzca una renovación profunda de la cúpula judicial y policial heredada del franquismo y la Transición, pues es obvio que, en estos momentos, las derechas y un sector de la judicatura y de las Fuerzas de Seguridad del Estado parecen estar en sintonía para cuestionar la legitimidad del Gobierno de izquierdas, debilitarlo y propiciar su caída.

Hoy nos aproximamos peligrosamente a la situación del 36, pero sin Mola ni Franco. Porque, quizás, pese a las advertencias de Pablo Iglesias, no hay condiciones para un golpe de Estado cruento (Europa no lo permitiría), pero sí un severo riesgo de involución democrática. Hemos de reaccionar.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook