Aún no hay acuerdo entre los dos gobiernos que hay en la Glorieta para la firma del presupuesto de este año que está elaborando el PP y que debe negociar con Cs, el socio de los populares. Lo que sí está claro es que el gasto de cada euro deberá ser mirado con lupa y que habrá que apretarse el cinturón ante la merma de ingresos de las arcas municipales por la crisis generada por la pandemia.

Cerca de catorce millones dejará de ingresar el ayuntamiento de Murcia en este 2020, lo que condicionará de manera decisiva el capítulo de gastos e inversiones. En ese contexto, la gestión deberá dar un giro e ir a lo fundamental en una situación en la que las empresas y los trabajadores están ya asfixiados por los ERTE y la ausencia de negocio. Así, los primeros que deberán claudicar en sus reivindicaciones serán los funcionarios municipales, que consiguieron a finales de 2019 del Gobierno local un compromiso de pago de la carrera profesional. En total, el desembolso sería de cinco millones en dos años, empezando por el presente ejercicio.

La situación derivada del coronavirus invita a la prudencia y los empleados públicos lo más probable es que no vean colmadas sus expectativas ni siquiera con protestas o movilizaciones. Cuando hay tantos frentes abiertos sería inviable detraer esos millones de euros para subir la nómina a los funcionarios, que ya andan con la mosca detrás de la oreja por lo que pudiera decidir el Gobierno central con respecto a sus nóminas.

No es la primera vez que en crisis se echa mano del recurso fácil de tocar las retribuciones de los trabajadores públicos. Sin embargo, en el contexto actual existe una baza que juega a favor de ellos. Con qué fuerza moral las Administraciones plantean el recorte de sueldos a los funcionarios cuando en este paquete entran los sanitarios, que se han estado jugando la vida en los momentos más duros de la pandemia mientras la población estaba confinada protegiéndose de la Covid-19. Nadie con un mínimo de decencia haría tal cosa.

Y hablando del Gobierno central, una de las quejas del ayuntamiento de Murcia es la falta de apoyo por parte de la Administración del Estado, que ha prometido ayudar a las Comunidades autónomas, pero no a corporaciones locales, que llevan años esperando que les compensen por las denominadas competencias impropias, es decir, la prestación de servicios que no les corresponden y que suponen una aportación de muchos millones de euros.

En el caso concreto de la capital de la Región, unos treinta millones, casi tanto como las inversiones de todo un año. El alcalde de Murcia, José Ballesta, ya se ha aliado con otros regidores de grandes ciudades para exigir 5.000 millones por los gastos que tendrán derivados de esta extraordinaria situación. Le den o no dinero de las arcas centrales, es de cajón que habrá que ir a unos presupuestos municipales restrictivos. Se acabaron los cohetes y el confeti. Por nadie pase.

Las juntas municipales y los productos perecederos. Lo que ayer parecía imposible hoy es una realidad. Así ha ocurrido con la reivindicación de las juntas municipales, que han reiterado en distintas ocasiones la necesidad de ayudar a sus vecinos con la compra de productos perecederos (carne, pescado, etc.), una acción más necesaria que nunca y que puede complementar la distribución de comida que hacen los bancos de alimentos y las ONG que, hasta ahora, no sirven alimentos frescos. El Ayuntamiento se ha negado a autorizar a las juntas y a los alcaldes pedáneos a realizar este tipo de gasto, pero la situación que se vive en estos momentos, distinta a cualquier otra realidad conocida, ha obrado el milagro. A este cambio de criterio se une también la autorización reciente para que puedan adquirir mascarillas y productos sanitarios para luchar contra la Covid. No era lógico que pudieran gastar en cohetes y en fiestas y no en productos que salven a las familias.