30 de mayo de 2020
30.05.2020
La Opinión de Murcia
Espacio abierto

Un Ingreso Mínimo Vital no es la Renta Básica pero... bienvenido

De los 9.284.806 euros que para Servicios Sociales de Atención Primaria de los Ayuntamientos, enviados a la Región por el ministerio de Derechos Sociales, el Gobierno de la Región de Murcia ha distribuido 6.121.349 euros entre los municipios

30.05.2020 | 04:00
Un Ingreso Mínimo Vital no es la Renta Básica pero... bienvenido

El Gobierno ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el último Consejo de Ministros y, según anunció el presidente, será «una medida histórica en nuestra democracia para que nadie se quede atrás y que, además, ha sido un compromiso desde el inicio de la andadura de este Gobierno de coalición». ¿Es esto realmente así? Efectivamente, el IMV tiene poco de novedoso, a pesar de que la crisis sanitaria que vivimos haya acelerado su aprobación y fomentado su debate público, los dos partidos del gobierno lo han propuesto en sus programas políticos en distinta forma y medida.

En España hay diez millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza y, según la información publicada por el Ministerio, el IMV llegará a 2,3 millones de personas. Hagan las cuentas y calculen cuántos se quedan fuera. Con más dinero se podría llegar, seguramente, a más personas. El Gobierno calcula que el IMV tendrá un coste de 3.000 millones y, seamos sinceros, esta cantidad es ridícula. Los beneficios fiscales del ejercicio 2018 superaron los 34.000 millones. Solamente en la Región de Murcia se dejaron de recaudar más de novecientos millones de euros en el mismo ejercicio, como por ejemplo, cuando el sector del juego (máquinas tragaperras, casinos€) tienen rebaja por beneficios fiscales de 6,9 millones de euros.

En cualquier caso, llegar o no a más personas en este tipo de prestaciones responde a criterios de oportunidad política o, como escribió el sociólogo Erik O. Right, provee de sustento a las clases empobrecidas en épocas de crisis y evita 'revoluciones'. En vista del viraje aporofóbico de las cacerolas que plantean un mundo más desigual y miserable, bienvenido sea el IMV.

Bienvenido sea como medida que pretende disminuir la pobreza de muchas personas y bienvenido sea para debatir acerca de la pieza que le falta al puzle del Estado de Bienestar, la Renta Básica: universal, incondicional e individual. Pero nada más. Y en ese debate, hay que dejar claro que el IMV está conceptualmente en las antípodas de la Renta Básica. Para que nadie se quede atrás seguramente el IMV no sea la medida más efectiva. Mientras que el IMV será el techo económico al que puede aspirar un hogar muy pobre, la Renta Básica nace como el suelo del que parten todas las personas. En el primero de los casos se estigmatiza a las personas; en el segundo se materializa el derecho a la vida digna. El IMV no redistribuye la riqueza; la Renta Básica, sí, haciendo valer un mandato constitucional. Y la diferencia más importante, la prevención de la pobreza: el IMV actúa cuando están establecidas y acreditadas las situaciones de pobreza, mientras que la Renta Básica aspira a evitar situaciones de pobreza y desigualdad.

Por otro lado, el IMV estará vinculado a eso tan moderno, permítasenos la ironía, llamado 'itinerarios de inserción laboral'. Pero, ¿qué inserción laboral? Está demostrado que el único empleo que se logra, en su caso, a través de los sistemas de prestaciones es de muy baja calidad. Estas políticas, más propias del workfare anglosajón, donde se exige al ciudadano algo a cambio, fomentan la existencia de trabajadores pobres en una sociedad donde se estima que más del 13% están en esta situación.

¿Y cómo va a impactar el IMV en la Región de Murcia? Durante el Estado de Alarma hemos podido observar la debilidad del sistema de protección social para la población más vulnerable económica y socialmente de nuestra región.

En primer lugar, hemos visto en llamas los Servicios Sociales de la capital, que han reaccionado levemente ante la crítica de la sociedad, pero han demostrado que estructuralmente están infradotados y de momento no tienen capacidad para combatir la pobreza en momentos de crisis, ni para afrontar una situación de normalidad. Este es un problema histórico desde hace más de veinte años. Veremos si la presión social y política es capaz de frenar el encubierto proceso de privatización, como bien advierte el Consejo General del Trabajo Social, y se orienta principalmente a conseguir unos Servicios Sociales públicos, de calidad y como derecho subjetivo, en la anunciada nueva Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Pero permítasenos también un cierto grado de escepticismo por lo que hemos observado durante este Estado de Alarma. Leímos en el decreto regional número 28/2020 de 7 de mayo que de los 9.284.806 euros que para Servicios Sociales de Atención Primaria de los Ayuntamientos enviados a la región por el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Gobierno de la Región de Murcia ha distribuido 6.121.349 euros entre los municipios. Y nos preguntamos: ¿Qué va a hacer el Gobierno regional con los 3.163.457 euros de diferencia? (Quizá la respuesta sea otra vez ese bulo que corre por ciertos mentideros de que se lo han gastado en la atención a personas sin hogar. Que se lo pregunten al SEMAS).

Así las cosas, el 'ilustre murciano' Teodoro García también ha actuado en el teatro regional con una crítica al IMV estatal, aludiendo a que en la Región de Murcia tenemos ya una renta básica, ¿para qué necesitamos otra? se preguntaba retóricamente.

Y explicamos. La mal llamada Renta Básica de Inserción (RBI) regional (no es la Renta Básica, porque no es básica, ni universal, ni incondicional, ni individual, ni regular) cuando comenzó la pandemia, estaba bloqueada (desde hacía meses). Murcia es una de las regiones con menor cobertura en el país de estas RBI regionales y, además, se facilitan sólo durante un año (en algún caso, con enfermedad grave o mientras se asista a cursos de formación, algunos meses más). En la estimación de los presupuestos regionales, la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la vicepresidenta Isabel Franco, anunció en febrero de este año sin rubor alguno que disminuía la inversión en RBI, 1,9 millones de euros, con el disparatado argumento de que 'no hay demanda'. Y esto en una región en la que el el 32,7% de la población está en riesgo de pobreza según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, y sabiendo que los más afectados de esa injusta pobreza en nuestra región son niños y niñas, con una tasa que supera el 35%.

Esperemos que nuestras instituciones regionales estén por la labor, y todos arrimemos el hombro para que el IMV llegue al mayor número de personas económicamente vulnerables de nuestra región.

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