Atender las necesidades de las familias en esta crisis sin precedentes es prioritario para el Partido Popular y el Gobierno regional. Debemos transmitirles seguridad y certidumbre en esta grave coyuntura, y en ese sentido resulta fundamental garantizar su permanencia en los hogares y evitar la tragedia de los desahucios. Así, gracias a las medidas del Decreto de Vivienda, más de 650 familias en alquiler pasarán a ser propietarios de la casa en la que llevan habitando en precario durante décadas.

Lo cual, además de liberarles de la continua amenaza de que puedan ser expulsados de su único hogar, les permite pasar a ser titulares de pleno derecho de la vivienda. De tal forma que, además de convertirse en propietarios, podrán dedicar el dinero de la renta del alquiler a otras necesidades básicas ante la crisis del coronavirus, y salir así de posibles situaciones de exclusión.

Pero el presidente Fernando López Miras ha dado un paso más en el cumplimiento de su compromiso de no dejar a nadie atrás, en especial a los más vulnerables, en estos momentos tan difíciles para todos, adoptando nuevas medidas que faciliten el acceso a la vivienda y garanticen a las familias la conservación de su hogar. La convocatoria de ayudas extraordinarias que, enmarcadas en el Plan Reactiva del Gobierno regional, buscan minimizar el impacto económico y social del coronavirus en el alquiler de la vivienda habitual de las familias, redundan en ese objetivo.

En concreto, y ante esta situación extraordinaria, el Ejecutivo regional ha reorganizado las partidas del Plan de Vivienda de este año para destinar 16 millones de euros a consolidar la permanencia en sus hogares de aquellas familias que deban afrontar una reducción de ingresos derivada de los efectos de la pandemia. La ayuda podrá ascender a 500 euros al mes y cubrir la primera mensualidad de abril de este año, dentro de un importe global de la subvención que podrá alcanzar los 3.000 euros por un plazo máximo de seis meses.

Los beneficiarios de estas ayudas son aquellas personas que padezcan una situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del covid-19 provocada por una pérdida de empleo, quienes formen parte de un ERTE, y también aquellos autónomos que hayan visto disminuidos sus ingresos por la reducción de su jornada laboral o actividad. Además, esta convocatoria establece en sus condiciones un especial reconocimiento a las familias con hijos o mayores a su cargo.

Pero, en estos momentos de emergencia, es de suma importancia que las familias tengan un acceso fácil y rápido a estas ayudas. De ahí que el Gobierno regional haya reforzado la reducción y simplificación de la tramitación administrativa de las peticiones, de modo que sea muy sencillo cumplimentar la solicitud. Además, por primera vez se incluye en la convocatoria un modelo de declaración responsable normalizado, en virtud de la cual la persona solicitante declara que cumple los requisitos, y habilita así a la Administración regional a comprobar las bases de datos oficiales.

Que la Región de Murcia sea una de las comunidades autónomas que más presupuesto destina a este programa de ayudas al alquiler, tan solo por detrás de Andalucía y por delante de Cataluña o la Comunidad Valenciana, resulta muy significativo: plasma con meridiana claridad que el compromiso adquirido por Fernando López Miras con las familias de la Región de Murcia para ayudarles a salir de la crisis es absolutamente decidido, y no se queda en las meras palabras. Más de uno debería tomar cumplida nota.