Mucha gente se pregunta cómo vamos a salir de esta situación, tan indeseable como traumática. Y no sólo por lo incierto de la evolución de la crisis sanitaria, sino por la certeza de la crisis económica y social a la que nos avoca. Nadie parece tener la respuesta, salvo el Gobierno en coalición del Partido Popular y Ciudadanos, apoyado por la ultraderecha, gracias al cual nuestro territorio saldrá peor parado que otros. ¿Cómo podemos saberlo? Pues por los dos Decretos-Ley que han aprobado y que modifican cuatro Leyes regionales, que versan sobre puertos, ordenación del suelo, vivienda y protección del medio ambiente.
¿Y eso es malo? Pues sí. Los cambios suponen mayor desregulación, justificándose en el eterno mantra de que desregular acelera la economía. En parte tienen alguna razón: eliminar garantías sociales y ambientales siempre beneficia a unos pocos. Pero también supone hacerlo a costa del interés general, y siempre acaba costándonos mucho más en términos sociales, ambientales y económicos.
Un buen ejemplo: Portmán. Cierto que Peñarroya, la empresa minera que tiraba directamente al mar ingentes cantidades de residuos tóxicos, obtuvo muchos beneficios al ahorrarse el coste de hacer un tratamiento adecuado de los mismos. Algo imposible sin una Administración que se lo permitiera. Pero ¿qué ganó la gente de Portmán? Un futuro muy oscuro. El lucro puntual de Peñaroya se basó en contaminar y colmatar una bahía, sus ecosistemas y paisajes, pero sobre todo en hipotecar de por vida el futuro de un pueblo, económica, social y ambientalmente. Tras más de veinte años de la paralización de los vertidos, sigue sin haber una solución clara.
Con estos Decretos-Ley, Partido Popular y Ciudadanos pretenden decirnos que para salir de la crisis económica debemos permitir, por ejemplo, que la contaminación y el urbanismo terminen de rematar el Mar Menor. Pero se les olvida mencionar que ese lucro de unos pocos a corto plazo, a la larga nos dejará una inasumible deuda social, ambiental y económica. Otro Portmán, otra comarca sin futuro.
Puede que suene exagerado, pero es que lo que permiten esos Decretos-Ley, por ejemplo, es aumentar hasta un 30% el consumo de recursos, la generación de emisiones contaminantes, y la generación de residuos, sin 'control previo'. Lean otra vez: sin 'control previo'. ¿Qué significa?
Que las empresas podrán aumentar sus beneficios privados a costa de contaminar más el suelo, el agua y el aire, que necesitamos todos para vivir, sin 'control previo'. ¿Dónde quiero llegar? El 'control previo' de las actividades económicas protege el interés general de la sociedad, nuestro presente y futuro. Evaluar previamente las posibles consecuencias negativas, sirve para evitar que el beneficio de unos se convierta en el perjuicio de todos. Y eso es lo que hacen las leyes que regulan la actividad económica, prevenir. Obligar a una empresa a prever sus emisiones y poner un filtro que evite contaminar a la población, sin duda reduce su beneficio a corto plazo, pero la hace más sostenible a largo plazo, y evita el daño social y el coste público que tendría no aplicar la Ley.
¿De verdad la salida de una crisis sanitaria y económica se puede basar en contaminar más, o en destruir el territorio reactivando la burbuja inmobiliaria? Muchos creemos que no, que es pan para hoy y hambre para mañana.
Y debemos pensarlo más de uno, cuando el Gobierno en coalición ha optado por evitar el debate. Utilizando de excusa la pandemia, justifica la urgencia de los cambios, y lo aprueba vía Decreto-Ley. Una forma de evitar que la sociedad pueda conocer y opinar sobre estos cambios, y que los órganos consultivos puedan emitir informes valorando la idoneidad y necesidad de los mismos, lo cual malograría la mayoría de ellos, sin duda.
Otra pista, que puede arrojar algo de luz, es que se ha usado hasta textos bíblicos para justificar que las pandemias han sucedido siempre, que son imprevisibles, y que ante ellas se ha de reaccionar y legislar con 'agilidad'. Pero, en un acto torpe, el propio Partido Popular entregó un argumentario al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, para explicar las bondades de eliminar 'el tapón' que suponen las garantías de la Ley de Protección Ambiental Integrada. En dicho argumentarlo, una de las primeras afirmaciones, textual, es: «La Comunidad ha trabajado durante ocho meses en el Decreto Ley de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de Medio Ambiente». Es decir, o bien el Gobierno de coalición conocía por 'arte de birlibirloque' que venía una pandemia y una crisis económica, algo poco probable. O bien, ya se estaban fraguando la mayoría de los cambios legales para desregular Medio Ambiente, por petición y en beneficio de ciertos sectores empresariales que llevan años exigiendo menos regulación, y han aprovechado la pandemia como excusa, para aprobarlo sin transparencia ni participación social. Algo muy grave e injustificado, que supone hipotecar más aún nuestro futuro.
Terminaré recordando que muchas voces científicas autorizadas, como la del biólogo del CSIC Fernando Valladares, afirman que detrás de esta pandemia está la destrucción de la naturaleza, y que nuestra mejor vacuna contra las zoonosis es la biodiversidad.
Parece claro, por tanto, que debemos cambiar nuestra relación con la naturaleza, para protegernos y asegurarnos un futuro. Si volvemos a lo mismo de antes, será como escapar de la sartén para caer en las brasas.
