No sé si estamos llegando al fin, dadas las constantes advertencias de que habrá uno o mas rebrotes del maldito virus. Pero alguna luz se va viendo. Todo ello a expensas de que siga o no prorrogándose el estado de alarma y a lo que diga el Tribunal Constitucional (no el Supremo) sobre la constitucionalidad del Decreto de Alarma. No se puede olvidar que algunos juristas lo han puesto en entredicho por tratarse más de un estado de excepción que de alarma, debido a la restricción de derechos impuestos. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ya se ha pronunciado en tal sentido de exceso de competencias del Gobierno para la adopción de esas medidas bajo el nombre de estado de alarma. La verdad es que, por una parte, la salud es lo primero y, por otra, los derechos individuales son asimismo sagrados.
En mi opinión, a lo mejor por una vez y sin que sirva de precedente, el fin justificaría los medios. Pues peor es que se esté legislando por el Ejecutivo y no por el Legislativo, a base de decretos suprimiento derechos aprobadas por una ley, cuando no orgánica. Y es que la pena de confinamiento o de arresto domiciliario solo cabe tras una condena judicial. Ya habrá doctores que nos lo aclaren. Por lo que ahora interesa es saber cómo se saldrá de ésta. Y en lo que a mí respecta, la materia es judicial. Por lo pronto, el Consejo General del Poder Judicial mantiene la suspensión de todas las actuaciones judiciales que no sean esenciales hasta el 24 de mayo.
Más cercano, en lo que respecta a nuestra Región, desde el pasado lunes, por acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justica de la Región de Murcia, reunida en sesión extraordinaria, se ha pasado de los turnos rotatorios y de disponibilidad de jueces y magistrados, establecido el pasado 15 de marzo, a la modalidad ya presencial o en su caso telemática, para aquellos que se encuentren dentro de los grupos de riesgo sanitario, siempre con plena disponibilidad, en cualquier caso.
Y lo último es lo acordado hace solo dos días por esa misma Sala de Gobierno como Plan de Reactivación de la actividad judicial en nuestra Región. Sin perjuicio de lo que se adopte a nivel nacional, como la habilidad o no del mes de agosto o la suspensión de plazos procesales acordada el 15 de marzo, con la excepción de los servicios y actuaciones esenciales ya conocidas, que seguirán en suspenso hasta el fin del estado de alarma.
Para el diseño de este plan de desescalada y reactivación de la actividad judicial se han pedido opiniones tanto de la Comisión Judicial de Seguimiento Covid-19, como de los colegios profesionales de nuestra Región. Y es precisamente hoy cuando probablemente se darán a conocer las medidas adoptadas. No tengo dudas, dadas sus actuaciones anteriores, que serán claras y efectivas. Y ojalá sirvan para paliar al menos esta crisis, que es lo que le quedaba a la administración de Justicia. Colaboración y trabajo, tanto de los funcionarios como de los profesionales de la Justicia en general de nuestro territorio no les va a faltar. Así que seré optimista y saldremos también de ésta, dando respuesta adecuada a esos ciudadanos que esperan todo de nosotros.
