La actual crisis sanitaria está provocando una enorme grieta en la capacidad económica de las familias, como consecuencia del cese de actividad de un número extraordinario de empresas. La cara visible de esa realidad no está en los datos publicados, ni en las encuestas de opinión, sino en las despensas vacías, las facturas sin pagar, las miradas impregnadas de temor o los profundos silencios. En esta situación, las solicitudes a las instituciones públicas se disparan irremediablemente, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de éstas.
Después de reflexionar acerca de la respuesta de nuestro Ayuntamiento capitalino ante esta catástrofe, percibo la escasa eficiencia de los servicios sociales municipales en atención a familias atrapadas por la crisis. Y lamento sinceramente esta impresión por tener perfecta consciencia (y algo de conocimiento) de la entrega y la capacidad del grupo de profesionales que a diario trabajan en este servicio, complicado siempre, poco conocido (en este mundo de expertos polifacéticos) y peor provisto de recursos.
Por supuesto, la solicitud de recursos se ha disparado a una velocidad extraordinaria. Las grandes cifras publicadas hablan de triplicar la atención en un tiempo mínimo. No obstante, no concibo ese como el mayor problema en la actual gestión municipal, sino la ausencia de planificación y de organización de la respuesta desde la concejalía de Derechos Sociales y Familia. Creo que la falta de dirección política se encuentra en la base de una serie de carencias manifestadas a lo largo de este periodo. Actuaciones inacabadas, otras anunciadas y suspendidas al día siguiente, transferidas a organizaciones sin capacidad ni medios, o llevadas a cabo por iniciativa propia desde los centros municipales de Servicios Sociales, cada uno en momentos distintos. La pandemia no es origen de estas carencias, pero sí el desencadenante que las ha puesto de manifiesto.
La atención a los menores usuarios de comedores escolares ha tardado. Cartagena la resolvió en una semana. Aquí la coordinación entre concejalías y con la consejería de Educación ha sido un tormento, resuelto por el pundonor de un puñado de trabajadoras municipales.
Los centros municipales de Servicios Sociales, que están asumiendo a pulmón la atención a familias solicitantes, no han desarrollado un plan de trabajo específico ante una circunstancia excepcional como esta, muy probablemente porque nunca les llegó una directriz política al respecto de parte de quien se ocupe de analizar y disponer en función de los acontecimientos.
Derivar familias desde los servicios municipales a Cáritas es un mecanismo agotado. Las personas voluntarias de Cáritas ponen todo de su parte, aunque su encomiable voluntad (más de un mentecato debería guardar silencio para no demostrar su ignorancia), se ve desbordada por la situación. Por eso llegaron a acudir al Ejército. El voluntariado ha funcionado por propio impulso, a falta de aliento institucional.
El compromiso de habilitar un establecimiento hotelero como residencia temporal para personas sin hogar quedó en anuncio y acabó en Mazarrón. Conviene que la foto no preceda al hecho real.
La última medida anunciada dispone ayudas directas a las pedanías para procurar su 'reactivación social y económica', mediante partidas económicas gestionadas por los responsables de juntas municipales, que actuarán como eslabón entre entidades sociales colaboradoras y la concejalía de Derechos Sociales. Me pregunto cómo la harán, puesto que de los tres agentes, Concejalía, Entidades y Juntas, estas últimas disponen de menos medios para ejercer la atención social. En realidad, los responsables pedáneos dedicarán su labor a prestar el escaso apoyo logístico de que disponen: un lugar de distribución de alimentos, generalmente sin cámara frigorífica, que algún vecino prestará. Y como segunda labor, coordinar las ayudas dirigidas a las entidades sociales: los fondos económicos. Si se trata de subvencionar a esas entidades para asegurar su tarea en todo el municipio, ¿qué aporta la intermediación del pedáneo? No quiero responder. Si nadie ha planificado las actuaciones, ¿a qué viene introducir un elemento más en la estructura? ¿Por qué derivar a las Juntas unas labores que competen a Servicios Sociales, en vez de dotar a éstos de medios suficientes? Por ejemplo, agotada la actual, una bolsa de trabajadoras sociales.
Para otro capítulo queda la necesaria reflexión sobre el significado profundo de toda esta experiencia y su repercusión tanto en una concepción distinta de la protección social como de otro diseño de las estructuras y los recursos puestos a disposición.
Mientras, mi modesto reconocimiento a quien se deja la piel por cada persona a la que atiende.
