Es difícil en estos momentos saber el número real de personas contagiadas y fallecidas en nuestro país por la crisis sanitaria del coronavirus. Escribo estas líneas cuando en el BOE se ha publicado la Orden SND /352 /2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información por las Comunidades autónomas al ministerio de Sanidad de los datos confirmados, con las pruebas de PCR y de anticuerpos, de personas fallecidas por el coronavirus.
Si hay un sector de la población especialmente afectado por esta pandemia es el del colectivo de personas mayores de 65 años, que, en virtud del envejecimiento de la población española, va a ir en aumento. El INE ya ha estimado que una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años en 2033, tendencia demográfica que, sin embargo, no viene acompañada de un aumento de inversión pública en residencias de mayores, pese a ser un servicio contemplado en la Ley de Dependencia.
Según datos del Imserso, España cuenta con un total de 372.985 plazas residenciales para este colectivo, de las que unas 271.000 son privadas. En España, por cada plaza pública, hay tres privadas. Fondos de inversión extranjeros, conocedores del aumento de esperanza de vida de la población española, están haciendo un suculento negocio ante la falta de oferta pública. Cinco primeros grupos empresariales, DomusVI, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol copan una cuarta parte del total del mercado. Parece indudable, a la vista del nicho de negocio de estos centros, que interesa más la cuenta de resultados de algunas empresas que el bienestar de nuestras personas mayores.
Las Comunidades autónomas con mayor porcentaje de oferta pública son Extremadura, Canarias, Baleares, Aragón, País Vasco y Navarra; pero, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se registra un déficit de 70.000 plazas públicas en residencias para los nueve millones de personas mayores de 65 años. Dentro de esas estadísticas, la Región de Murcia (en adelante, CARM) figura, según datos del IMAS, en una posición intermedia, con sólo cinco centros propios (del IMAS), 47 concertados, y un centro público y concertado en residencias con plazas psicogeriátricas, es decir, en total, 54 centros. Según la asociación arriba citada, la Región tiene una carencia de más de 8.600 plazas.
El índice de cobertura de plazas públicas (calculado a partir de la oferta de esas plazas/población mayor de 65 años x 100) es en España de 4,28, que no llega a la media europea de 4,6. Con datos del Imserso, Murcia, con un 1,35%, está muy lejos de los de Castilla y León (7,77), Extremadura (5,98) y Cantabria (4,60), por poner sólo unos ejemplos.
Pero, al margen de consideraciones estadísticas, lo preocupante en relación con nuestras residencias de mayores, ahora que la pandemia nos azota, es constatar el grado de dejadez y abandono de muchas de ellas, hecho que ha instado a la Fiscalía a investigar la muerte de ancianos en 38 de esos centros, la mitad de ellos en la Comunidad de Madrid (CAM) y dos en la CARM.
Para ejemplificar el panorama de lo que podrían ser situaciones extrapolables a muchas residencias, un artículo del pasado 27 de marzo en Cuarto Poder denunciaba la situación de abandono, suciedad, escasa comida, infradotación de personal (mayoritariamente femenino) en algunas de la CAM, precisamente la Comunidad autónoma que viene registrando las peores cifras de la pandemia (con más de 5.000 muertes de ancianos) en medio de las acusaciones de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso ((¡qué cinismo, pues ella tiene todas las competencias!), y de Pablo Casado al Gobierno central de improvisación y abandono.
Hay que decir que la CAM cuenta con casi 480 residencias, pero sólo 25 son de titularidad pública. En este contexto no es de extrañar que prime la cuenta de resultados de las empresas adjudicatarias sobre la salud de las personas residentes.
En ese artículo se denunciaba que, en Arganda, el 9 de mayo de 2017, había 10 auxiliares y un enfermero para un total de 343 personas. Una señora se semiamputó la pierna con las barras de su cama, falleciendo días después. La solución de la consejería de Madrid no fue exigir más personal a la empresa concesionaria, sino comprar camas nuevas para evitar más accidentes.
Nuestro modelo residencial responde, pues, a la imagen de un sector precarizado, saturado, y privatizado. La situación de nuestra Región no es mucho mejor. En octubre de 2019, SATSE expuso que los centros públicos de la CARM disponían de una enfermera por cada cuarenta personas internas en el turno de mañana y 60 en el de tarde, denunciando que un total de 11 centros (sobre 54) eran deficitarios en médicos y auxiliares de enfermería.
Otra cuestión es la relativa a la aportación económica de las personas usuarias en los centros de titularidad pública, calculada a partir de su pensión, y que, de media, supone en el Estado el 80% (en Murcia, el 75%), con desfases sorprendentes como la aportación media de los usuarios en Extremadura (308 euros/mes) y Baleares (1.033 euros). Cabe señalar que, en los centros privados, el coste está hoy por encima de los 1.400 euros/mes, cifra que supone el 70% de la pensión media en España, y que, por tanto, excluye a la inmensa mayoría de la población femenina, potencialmente usuaria de este servicio, cuyas pensiones están por debajo de la que perciben los hombres.
Tras esta breve radiografía de la situación de nuestras residencias de mayores, hay que decir que el Gobierno, que sigue sin ofrecer datos reales de la mortalidad en ellas, admite, sin embargo, que cuando pase la pandemia habrá que revisar el modelo. En ese sentido, aporto las que creo que serían las actuaciones urgentes para la mejora de este servicio público:
1. Auditoría y convergencia (homologación) de costes de la prestación de este servicio público en toda España.
2. Revisión al alza de las plantillas, con dotación suficiente de personal sanitario y auxiliar en los centros de mayores públicos, y exigencia de igual requisito en los privados y concertados.
3. Ajustar la aportación económica de las personas usuarias de la red pública a un máximo del 70% (frente al 80% actual) de la pensión media femenina de cada comunidad autónoma.
4. Reforzar la red de plazas públicas (no con conciertos con los centros privados, como en Murcia) en los próximos años, con, al menos 70.000 nuevas plazas.
Porque las residencias de mayores deben dejar de ser un negocio.
