El año pasado, un estudio sin precedentes de la Organización Internacional del Trabajo reveló que siete de cada diez trabajadores en el mundo son independientes o trabajan en pequeñas empresas, dato que nos lleva a la conclusión de que el empleo independiente, las microempresas y las pequeñas empresas tienen un papel infinitamente más importante como proveedores de empleo de lo que se creía y que estas 'pequeñas unidades económicas', representan el 70% del empleo total, por lo que son quienes más empleo generan.

Las políticas de izquierdas se han olvidado de que el concepto 'trabajador' o 'clase trabajadora' está continuamente presente en nuestros autónomos y pymes, resultando en la actualidad un auténtico anacronismo aquel trasnochado concepto de lucha obrera pensando en el trabajador explotado, sin derechos, con horarios infinitos y sueldos precarios.

Si alguien se ha encargado precisamente de borrar esas utopías de izquierda son precisamente nuestras pequeñas empresas, auténticas generadoras de riqueza y empleo que, en la gravísima situación actual, se van a ver seriamente perjudicadas si los Gobiernos no las alivian de cargas fiscales y sociales, ya que muchas, muchísimas de ellas se han visto y se verán abocadas a tener que bajar la persiana definitivamente. Está claro que la prioridad de las políticas de emergencia durante la pandemia es salvar vidas, pero en paralelo hemos de evitar en la medida de lo posible que el pulmón de nuestra economía, el pequeño empresario y autónomo, se asfixie.

Los ciudadanos demostramos que estamos dispuestos a cooperar y a confiar en las directrices marcadas por los organismos competentes para superar esta pandemia. Ahora es el turno de las instituciones de tomar decisiones valientes, correctas y bien encaminadas, si bien no fáciles para nadie, pero efectivas para ir devolviéndonos paulatinamente a la vida anterior a esta pesadilla mundial.

Los españoles quieren trabajar, prefieren un salario a una indemnización, y para ello debemos evitar el mayor número de ceses de actividad del tejido productivo. Es nuestra obligación luchar por sus puestos de trabajo. Las empresas, las pymes, los autónomos y los asalariados quieren y deben mantener su misma actividad y seguir produciendo. Por ello, y ahora más que nunca, debemos garantizar que realmente se acogen a Ertes, figuras que reflejan en sus propias siglas la temporalidad. Debemos luchar por los recursos económicos sistemáticos que entran en sus hogares, así como proporcionar la certidumbre a los trabajadores, de que cuando pase esta crisis, volverán a sus puestos de trabajo, con la misma normalidad y rutina laboral que antes, recordando todo esto como un mal sueño, un paréntesis y que las instituciones han estado a la altura.

Los Gobiernos, nacional y regional, deben demostrar que son adultos y capaces de dirigir y gestionar esta crisis, de dar órdenes precisas, de tranquilizar a la población, pero siempre diciéndoles la verdad; en definitiva, ahora es cuando han de mostrar la capacidad de liderazgo y de llevar sosegadamente a los ciudadanos a la normalidad.

No podemos devenir en ruina a nuestros compatriotas como la nefasta consecuencia de un grave problema en el que están absolutamente exentos de culpa, como tampoco podemos pedirles que se endeuden más en préstamos para salvar sus negocios.

Las medidas que acaba de anunciar el Gobierno, con la moratoria en el pago de impuestos anunciada, necesariamente van a afectar a las cuentas públicas. Hay que pedir una moratoria a la UE para cumplir la regla del déficit. El Banco Central Europeo debe facilitar la liquidez necesaria para que los gobiernos de cada país puedan actuar sobre los sectores productivos más perjudicados por la crisis. Esa inyección de liquidez sería el balón de oxígeno necesario en estos delicados momentos.

Es, por tanto, urgente y necesario 'recompensar' a la gente por el alto precio que está pagando y el sacrificio que conlleva. Esa recompensa debe venir vía exenciones tributarias, tales como exoneración de los impuestos hasta la reactivación de la actividad; eliminación de los impuestos que gravan los suministros esenciales tales como electricidad y agua durante el período de vigencia del estado de alarma; eliminación de las tasas de basuras, impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En definitiva, la cuestión tributaria encierra en sí misma la búsqueda de la igualdad social a través de la acción de Estado.