Todo iba relativamente bien entre empresarios, sindicatos y Gobierno a la hora de decidir medidas para paliar la gravísima situación económica que camina de la mano del COVID-19, hasta que el Consejo de Ministros aprobó, dentro de las medidas extraordinarias para la protección del empleo, la prohibición del despido procedente por motivos de la epidemia de coronavirus.

Según UGT y CC OO, la disminución en la afiliación a la Seguridad Social en el mes de marzo podría alcanzar el millón de personas por despido o extinción de contrato, ERTEs aparte. Esta posibilidad justifica sobradamente la decisión tomada por el Gobierno para atajar los despidos y facilitar la regulación o suspensión temporal del empleo, incluido el más precario como pueda serlo el temporal, con protección social a los/as trabajadores/as, y asegurar la continuidad de los contratos cuando la actividad económica se reactive.

¿Por qué no gusta esto a los empresarios? Porque esta medida supone un primer envite al corazón de las reformas laborales de PSOE y PP que supusieron el abaratamiento y la facilitación del despido (lo que suele llamarse eufemísticamente 'flexibilidad del mercado laboral') y una pérdida de derechos laborales que mermó sustancialmente la fuerza negociadora sindical y de los/as trabajadores/as y que ha perpetuado, entre otras cosas, una bolsa de trabajo temporal precario que posibilita el ajuste de los costes laborales a la baja, no solo en épocas de crisis.

Esto es especialmente cierto en la Región de Murcia por las características propias de nuestro modelo productivo, que genera la tercera mayor tasa de temporalidad del país (33,5%), siete puntos por encima de la media nacional y veinte por encima de la media de la UE, ofreciendo un flanco muy vulnerable ante el impacto económico de la pandemia. Ya la recesión económica anterior se llevó por delante 80.000 empleos temporales en nuestra región.

López Miras apunta a la receta de 2008, dice estar con los empresarios y pide más flexibilidad en la normativa laboral; facilitar el despido, en definitiva. El Gobierno central apunta en otra dirección: proteger el empleo y, por tanto, a trabajadores/as y empresa conjuntamente. En lugar de despedir, facilitar la regulación de la jornada o la suspensión temporal del contrato con prestación social para todos los/as trabajadores/as, a la par que se facilita el crédito y liquidez a las empresas, con aplazamiento y exenciones de obligaciones tributarias. Dos enfoques, dos modelos, dos Gobiernos.