26 de marzo de 2020
26.03.2020
La Opinión de Murcia
Desde mi picoesquina

La monarquía, en crisis... la república ¿más cerca?

Cuando el coronavirus sea ya sólo un triste recuerdo, hay que impulsar un movimiento social que, amén de cuestionar la Monarquía, dé pasos decididos hacia la República en clave federal

25.03.2020 | 21:25
La monarquía, en crisis... la república ¿más cerca?

El confinamiento obligado en el que vivimos por la grave crisis del coronavirus que atenaza al país permite hacer aquello que siempre posponemos. Y una de esas cosas es pensar más, reflexionar, con todo el tiempo del mundo. Pero, el coronavirus que ocupa toda nuestra atención está haciendo que, en parte, se haya hablado poco de otra crisis causada por otro virus incrustado, tiempo ha, en el Régimen político español: la Monarquía borbónica.

El principio monárquico, según Javier Pérez Royo, ha venido apropiándose, históricamente, del edificio constitucional español desde el siglo XIX, de modo tal que el Estado dejó de ser constitucional para convertirse en una monarquía constitucional. Según él, todas las constituciones anteriores a la republicana de 1931 (1812, 1837, 1845, 1869 y 1876) no lo fueron de la Nación española, sino de la Monarquía española, lo que condujo a una plena identificación Monarquía-Estado y, consecuentemente, a la subordinación del principio representativo al Estado monárquico, con su secuela de corrupción estructural del sistema. El grado de putrefacción, a juicio del constitucionalista, llegó a ser de tal magnitud que bastó la utilización del sufragio universal de Sagasta de 1890 en unas elecciones municipales (12 abril de 1931) para que el edificio constitucional de la Restauración borbónica de 1875 se viniera abajo y se produjera la proclamación de la Segunda República.

La segunda Restauración monárquica española tras la muerte del dictador Franco en noviembre de 1975 fue el instrumento que las clases dominantes en España impusieron para escapar, primero, de la presión en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial (Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947) y, en segundo lugar, para preparar la sucesión de Franco mediante la Ley Orgánica del Estado de 1967, por el que Juan Carlos I ocuparía la Jefatura del Estado tras la muerte de aquél, previa designación por el dictador de su 'sucesor a título de Rey', en 1969, hecho que tuvo lugar en sesión solemne ante las Cortes franquistas. Esta Monarquía restaurada sería la encargada, pues, de 'dirigir' la transición de las leyes fundamentales del régimen franquista a la Constitución de 1978 (en adelante, CE 78).

Primer dato, pues: la Monarquía española está aquejada de una evidente falta de legitimidad de origen. Pero es que, además, la operación de instaurar en el país un sistema democrático, a juicio de muchos analistas, ha venido estando subordinado a la operación de asegurar el éxito de la Restauración de la Monarquía. De ahí que fuera inviable plantear, siquiera, la posibilidad de convocar un referéndum para que el pueblo, en su momento, pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado. De ahí, también, la cláusula de 'intangibilidad encubierta' que supone el artículo 168 de la CE 78, que luego comentaremos.

Hablamos al inicio de que la institución monárquica española está en crisis. Ni siquiera el hecho de la abdicación del monarca emérito, en 2014, en su hijo Felipe (VI) ha logrado frenarla. Una vez más, el pueblo exteriorizó hace unos días el hartazgo ante las tropelías de una Monarquía en horas bajas. Las caceroladas en los balcones de toda España, simultáneas al discurso de Felipe VI, reflejaron ese malestar, sobre todo tras el conocimiento popular de las presuntas prácticas delictivas del rey emérito Juan Carlos I, perceptor de 100 millones de euros de los sátrapas saudíes como comisión por mediar con ellos para la construcción del AVE a La Meca. Ese dinero, como se sabe, fue a parar a opacas cuentas en paraísos fiscales; 65 millones para, supuestamente, 'comprar' el silencio de su amante Corinna Larsen. El escándalo lo destapó el diario británico The Telegraph, que daba cuenta de que Felipe VI figuraba como segundo beneficiario de una cuenta bancaria de la Fundación Lucum, circunstancia conocida, sin duda, y convenientemente ocultada por la Casa del Rey durante todo el año. Desde 2018, se sabe que la Fiscalía suiza anda investigando dichos hechos.

Vista la gravedad del asunto, que, esta vez sí, puede poner en jaque a la Corona, quizá no sea tan sorprendente que los partidos 'sostenedores' del Régimen del 78 (PSOE, PP, Cs) se hayan venido negando a la apertura de una comisión parlamentaria, que, al margen de los procesos judiciales locales o foráneos, pueda dilucidar responsabilidades.

Sin duda alguna, el rey emérito, al margen de la 'ayuda' de esos partidos y de la que le presten prestigiosos abogados, tratará de aferrarse a lo establecido en el artículo 56.3 de la CE 78, el referido a su inviolabilidad y ausencia de responsabilidad, pues sus actos (art. 64) siempre son refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros. Pero no es este el caso: al rey emérito hay que juzgarlo por turbios negocios que nada tienen que ver con sus actos de Estado y que, además, algunos fueron cometidos tras su abdicación.

Está claro que esta situación motivaría una reforma constitucional del Título II, el referido a la Corona. Cosa difícil con la composición de estas Cortes y la tibieza del PSOE para abordar el asunto. Pero es que, además, el propio texto constitucional establece mecanismos muy poco flexibles para su reforma. En referencia a este asunto, el artículo 168 estipula que para reformar el Título II son precisos los dos tercios de ambas Cámaras y la disolución de las Cortes. Las nuevas Cámaras elegidas someterían a aprobación, también por dos tercios, el nuevo texto propuesto, que, una vez aprobado, sería sometido a referéndum.

¿Por dónde caminar, pues? Cuando el coronavirus sea ya sólo un triste recuerdo, hay que impulsar un movimiento social que, amén de cuestionar la Monarquía, dé pasos decididos hacia la República en clave federal. La continuidad del proceso constituyente, ya iniciado, es hoy más necesaria que nunca, pues la crisis monárquica se solapa con la no resuelta, desde la Transición, crisis territorial del Estado. La crisis del coronavirus ha dejado aplazado un movimiento estatal para celebrar una consulta Monarquía/República, y que estaba prevista para el próximo 9 de mayo. El proceso continuará cuando superemos estos desagradables momentos.

La Monarquía está sumida en una grave crisis. ¿Está la República más cerca?

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