No es el momento, en absoluto, de cuestionar el funcionamiento de la sanidad española con respecto a cómo afrontar la lucha contra el coronavirus. No, es el momento de que los ciudadanos hagamos aquello que se nos dice, que nos mantengamos en casa, que procuremos ir lo menos posible a los supermercados, que guardemos la cuarentena que se nos exige, porque es la única manera de que el virus no se propague.

No, no es el momento de convertirnos en técnicos y dar soluciones de Perogrullo a este gran problema. No lo es, pero quizás sí sea el momento de reflexionar sobre la efectividad de ciertas transferencias hechas a las autonomías, por ejemplo las de sanidad. Porque algo tan importante para la sociedad, en España, depende de los Gobiernos regionales, que hace años que tienen transferidas prácticamente todas las competencias en este campo (excepto Ceuta y Melilla), habiendo creado cada una de ellas sus propios servicios autonómicos de salud. En muchos casos, cada Gobierno regional ha ido decidiendo sobre la sanidad pública en función de sus intereses ideológicos, que ha impulsado a algunos de ellos a favorecer la fortaleza de la sanidad privada, o lo que es igual, intereses empresariales, en detrimento de la sanidad publica, de la que han ido recortando hasta dejarla en su mínima expresión. Entre otras, se encuentran dos autonomías dirigidas por quienes, en teoría, tienen distintas ideologías, pero que en el fondo coinciden en algunas cosas, por ejemplo, en la manera de empobrecer la sanidad publica. Dos autonomías, una presidida por Quim Torra, la otra presidida por Isabel Díaz Ayuso, que coinciden en ser las que más están gritando ahora, las que están dando más la nota para que el ruido desvíe la atención de lo que se ha venido haciendo mal desde hace años, en las comunidades presididas por ellos.

Así es, el señor Torra, desde Cataluña, y la señora Díaz Ayuso, desde Madrid, vienen, un día sí y otro también, diciendo tontunas como que el Gobierno central no les deja actuar adecuadamente en su Comunidad respeto a esta cuestión, porque, al parecer, les está impidiendo realizar las compras de los materiales necesarios para combatir el coronavirus. Así como suena, un ruido en el que coinciden los que aparentemente están tan alejados ideológicamente, quizá porque no lo están tanto.

En el tema catalán, lo que son las cosas, tanto mirar a Europa, para despreciar a España, y mientras Cataluña destina un 3,7% de su PIB a la sanidad, la Europa de los 15 dedica una media de 7,2% y España un 5,9% al gasto sanitario público. Y es que Cataluña continúa entre las Comunidades autónomas con peor sanidad pública, tal y como se pone de manifiesto en el último informe sobre Los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas 2019 realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Un informe que sitúa a Cataluña en el cuarto lugar por la cola del ranking nacional (14 de 17), sin abandonar el grupo de las cuatro últimas posiciones, en el que se encuentra desde 2015, cuando en el 2009 se encontraba situada en quinto lugar.

Por otra parte, los datos recogidos por el Observatorio Madrileño de Salud, sitúan la sanidad pública madrileña en parámetros negativos muy alejados de la media del resto de Comunidades autónomas. Tal y como apuntan, en atención hospitalaria y especializada, existe una media de espera de 148 días, y 590.517 personas están en listas de espera reconocidas, lo que supone un 8,96% de la población. Se ha producido una reducción del total de camas hospitalarias con financiación pública en la región (793 camas menos) y desde 2009 se ha registrado una reducción de personal de más de 5.000 profesionales.

Pues bien, con estos datos, estos son los que más ruido están haciendo. Justo como hacen los calmares con su tinta, utilizar una estrategia de evasión.