Lo han hecho, lo han hecho. A pesar de que el Estado de Alarma suprime los plazos en los concursos públicos hasta que no concluya la excepcionalidad, el Gobierno regional, sección PP, aprobó ayer las normas para la renovación de la licencia de la televisión pública. En plena crisis del coronavirus, y a sabiendas de que el decreto del Gobierno central convierte en papel mojado este tipo de decisiones.

Lo han hecho incluso contra el criterio de Cs, socio del PP en la Mesa del Consejo de Gobierno, lo que de entrada ya indica que algo no va bien en la exposición de tan suculento contrato, que debiera gozar de todas las garantías de transparencia y equidad. Si el órgano colegiado que convoca un concurso no comparte las propias bases, ¿no estamos legitimados para sospechar que se trata de un tocomocho promovido por el sector mayoritario?

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha estado durante los últimos días más pendiente del contrato de la TeleMiras que de lo que ahora preocupa a los ciudadanos. El lunes intentó colar el pliego del concurso en la comisión de secretarios generales, en la que recibió el rotundo rechazo de Cs, para esa misma tarde intentar reconducir la negativa en otra reunión presuntamente técnica, en la que el partido coaligado suavizó su posición frontal sin pasar al sí, anunciando la abstención. No fue posible doblegar a Cs en otra reunión de secretarios generales previa al Consejo de Gobierno de ayer, de modo que el PP se quedó solo, y sin importarle escenificar las disensiones internas en el Ejecutivo en una cuestión tan trascendente, decidió tirar el carro por el pedregal y lanzar el concurso por su propia cuenta.

Enmedio de todo esto, tanto el PP como la actual concesionaria, Secuoya, impulsaron a los productores audiovisuales y a la asociación de profesionales de radio y televisión a que salieran a rueda de prensa para denunciar a Cs, en una patética instrumentación forzada por los compromisos adquiridos con la actual gestora, y eso que la asociación de radiotelevisión parecía estar al margen de la influencia de Secuoya, que en la reciente renovación de su directiva intentó coparla con una candidatura de su staff. Para el caso, da lo mismo, pues los que venían como 'independientes' parecen seguir obedeciendo a los intereses de parte. Resulta curioso que no hayamos podido escuchar a los representantes de la producción o de los profesionales en el largo trayecto en que el PP ha incumplido sus propios plazos para dictar el concurso y ahora todos salgan en tropel para recriminar a Cs que quiera leer el pliego antes de firmarlo.

Lo más ridículo es que se expongan los derechos de los trabajadores de La 7 como pretexto de este enjuague cuando está garantizado que su plantilla tiene asegurada la continuidad, con Secuoya o sin Secuoya, ya que si otra empresa ganara el concurso tendría que mantener la actual nómina como condición principal. La que no garantiza el empleo es precisamente Secuoya, que ha amagado por lo bajinis con un ERTE a partir del 1 de abril como gesto de presión para que el concurso se resuelva aquí y ahora y con las bases indudablemente ventajosas elaboradas por el Gobierno amigo, y eso que éste la subvencionará obligadamente. ¿Cómo justificar un ERTE si mantiene la subvención incluso en fase transitoria?

Ante este concurso también hay que ponerse la mascarilla.