Al PP de López Miras se le ha cruzado el coronavirus justo cuando intentaba dar el tocomocho con el concurso público de la televisión autonómica, diseñado para adjudicarlo a la empresa de cuya marca mediática, La 7, es director general el marido de la secretaria de su propio gabinete con rango de consejera: Antonio Peñarrubia y Mar Moreno, respectivamente. Lo decía el padre Forcada: familia que reza unida permanece unida. Moreno, junto al consejero Javier Celdrán, que establece las bases del concurso, y Peñarrubia, de concursante. Ni al Caudillo le ponían las truchas tan a tino.
Ha tardado López Miras en diseñar el concurso porque en estos tiempos, para hacer este tipo de operaciones, se requiere de un pespunte muy fino. Nadie ha explicado la razón de que el Gobierno no publicara el concurso en el momento que correspondía, hasta el punto de que el retardo ha puesto en peligro la propia continuidad de las emisiones de la televisión pública, que podría ir a negro si los plazos para la renovación de la licencia no se acompasan con la resolución administrativa que establece la continuidad, con la misma adjudicataria o con una alternativa.
En cualquier caso, para garantizar que La 7 siga emitiendo, el Gobierno deberá pagar un millón de euros al mes (según se deduce del cómputo de costes en la adjudicación anual del nuevo concurso) hasta que entre en función la nueva operadora, sea la actual u otra. ¿De dónde va a sacar el Gobierno ese dinero extra durante el intermedio que él mismo ha propiciado con su dilación para publicar el concurso en el momento correspondiente? ¿Y cómo va a justificar estos extras en una situación en que en el servicio sanitario faltan mascarillas y respiradores?
La televisión pública se justifica especialmente en momentos críticos como el que vivimos, pero ayer, mientras las privadas, incluido el Sálvame de Tele5, estaban informando sobre el coronavirus, La 7 emitía Ailoviu, un programa indescriptible a pesar de la solvencia de su director, como si no pasara nada. ¿Televisión pública?
Ya advertí que el coronavirus, aparte de una epidemia, puede ser una tapadera, como el Boletín Oficial durante el mes de agosto: mientras el personal anda distraído, el Gobierno la cuela. López Miras intentó endosar el concurso de la televisión autonómica la pasada semana, pero Ciudadanos, su socio de Gobierno, estuvo inesperadamente al quite. Querían leer las bases del concurso antes de firmarlo. No le habían mostrado ni la letra grande, y menos la pequeña.
Rodillo interno. Pero se trata de un Gobierno de coalición, y las decisiones son colegiadas, de manera que las responsabilidades también son mutuas. Javier Celdrán pretextó que él no pone pegas a las políticas de las consejerías de Cs, de modo que este partido debería corresponder tapándose los ojos a lo que urdan los del PP. Para esto, conociendo los antecedentes (concurso de ambulancias, por ejemplo), hay que poner mucha fe.
El pasado lunes, en la comisión de secretarios generales, los representantes de Cs rechazaron las bases del concurso aduciendo que en el texto no se incluyen determinadas cláusulas sociales exigidas por la legislación, como tampoco la garantía económica que es precisa en estos casos. Otros observadores aprecian que en la 'cocina' del concurso se ha primado la valoración de la estructura directiva incluso sobre la disposición de infraestructuras y tecnología, lo que con toda claridad supone una ventaja para la actual operadora, Secuoya, que no ha hecho inversiones en este capítulo. Le ponen la alfombra roja.
Javier Celdrán provocó después una reunión de los secretarios de Cs con técnicos de su Administración a fin de machacar los argumentos de aquéllos, y nada se resolvió. Ayer mismo, en la antesala del Consejo de Gobierno que se clebrará hoy, otra nueva reunión de los directores generales concluyó con la abstención de los que corresponden a Cs respecto al texto del pliego. Esto significa que si hoy López Miras pretende aprobar el concurso, lo hará, pero sin los votos a favor de los consejeros de Cs en su Consejo de Gobierno. Primera crisis interna, y la clara evidencia de que cuando se trata de intereses empresariales concretos, la facción PP del Gobierno prioriza la política de amiguetes. Ahora, tras la cortina del coronavirus.
