17 de marzo de 2020
17.03.2020
El castillete

Coronavirus: más estado, más Europa

16.03.2020 | 18:50

El pasado 2 de marzo, Antonio Garamendi, presidente del la CEOE, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aseguró que no era conveniente añadir, al temor provocado por el coronavirus, una mayor incertidumbre derivada de un 'cambio radical' de la reforma laboral. Simultáneamente, el presidente del la patronal automovilística ANFAC, José Vicente de los Mozos, igualmente utilizando el curso fluvial del afluente del Duero a su paso por aquella ciudad castellana, en el contexto de una reunión con el Gobierno para abordar la transición eléctrica del sector, advertía de los peligros de 'retroceder en flexibilidad laboral', en alusión directa a la necesidad de esquivar cualquier tentación de acometer, por parte del ejecutivo, la derogación del cuerpo legal que ha conducido a nuestro mercado de trabajo a la situación de precariedad en que vive. Eso sí, lanzaba esta advertencia después de solicitar a Sánchez una generosa ayuda económica para llevar a cabo la electrificación del parque automovilístico.

Lamentablemente, este discurso de las élites económicas parece estar siendo comprado por la derecha y el sector liberal del Gobierno, que estarían propugnando menos Estado para afrontar esta crisis, replanteándose 'cualquier carga a las empresas', lo que conllevaría 'ralentizar los cambios a la reforma laboral'. En definitiva, se opta por reforzar las líneas de crédito a la economía, a través del ICO, a fin de generar liquidez ante la crisis de oferta que el coronavirus está provocando (faltan suministros para producir); en la misma dirección, se anuncian ayudas públicas directas, pero manteniendo la devaluación salarial inducida por las sucesivas reformas laborales que ha padecido este país y rebajando el impuesto de sociedades a las compañías.

Ello, aparte de que supone consolidar una injusticia, es un error. Observemos lo que ha pasado con el dato del paro en el mes de febrero: el mejor desde 2015. Todos los economistas no enfeudados a intereses espurios han sido unánimes: la creación de empleo y de afiliación a la Seguridad Social tiene mucho que ver con el incremento de la capacidad de compra provocada por la subida del salario mínimo, del sueldo de los funcionarios, de las pensiones y del gasto público en general. Este país tiene un problema de demanda, que se suma al de oferta que sufrimos ahora. Y la insuficiencia de consumo se fundamenta en unos bajos salarios y en un todavía elevado paro (7 puntos por encima de la eurozona) que, a su vez, se sustentan en la primacía absoluta que hoy en día detenta la parte empresarial dentro de los centros de trabajo. Tal es ese desequilibrio que en una buena parte de los sectores, y ello es particularmente significativo en nuestra región, las condiciones de trabajo no se corresponden con los contratos que se firman, ya de por sí suficientemente leoninos.

El único modo de reequilibrar esas relaciones de poder es mediante un cambio legislativo que posibilite la restitución de derechos perdidos por la clase trabajadora. También creando una renta básica y un nivel de empleo público que permitan a trabajadores y trabajadoras rechazar ofertas de empleo rayanas en la esclavitud.

En una situación que puede llegar a ser crítica si el problema de salud pública se agrava, el empresariado debe ser consciente de que ha de ser un aportador neto a la sociedad, dado su, en general, mayor patrimonio. Cuando el crack de 29 y la Segunda Guerra Mundial, el New Deal de Roosvelt convirtió al Estado norteamericano en el conductor de la economía, financiando sus proyectos mediante fuertes impuestos a las rentas altas y obviando los límites del déficit presupuestario, lo que permitió elevar los salarios y acometer importantes obras públicas. Aquí y ahora, la codicia cortoplacista de los poderosos propone medidas liberales, en beneficio exclusivo del capital, que agravarían la situación económica. Es preciso un New Deal europeo con el BCE inyectando en los Gobiernos siquiera una pequeña fracción de lo que aportó a la banca (2 billones de euros).

Más Estado, más Europa: nos jugamos la salud y el progreso.

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