Es la pregunta del millón y tiene una respuesta fácil, pese a que pueda parecer que es una cuestión complicada. Los gobiernos de coalición, como el que impera en el Ayuntamiento de Murcia, están sujetos a un difícil equilibrio, sobre todo cuando la parte fundamental de los apoyos, el que se convierte en muleta, no tendrá el bastón de mando durante los cuatro años que dura el mandato municipal (no como en Cartagena, que el pacto incluye la alternancia en el sillón).
Ante ese panorama, la aspiración de Ciudadanos en el caso del Gobierno local de la capital de la Región es lograr revertir los vicios de una administración que lleva muchos años haciendo lo mismo con prácticas acomodadas y con un escaso control por parte de los resortes públicos. Lo advirtieron a las primeras de cambio y es lo que están haciendo. Mirando con lupa toda la gestión que los populares están desarrollando en el consistorio de Murcia, que ha provocado ya distintos enfrentamientos entre las dos facciones del pacto.
El último, el de las terrazas de Alfonso X El Sabio, que ha llevado a una profunda crisis entre Partido Popular y Ciudadanos y que, por añadidura, ha puesto encima de la mesa la pregunta de marras. Los populares no lo dicen públicamente, pero en privado y en los distintos canales de comunicación que mantienen con sus acólitos, muestran su convencimiento sobre la cuestión y creen que la formación naranja ya la tiene pactada con PSOE y Podemos.
Sin embargo, la realidad es bien distinta. De momento no hay nada de ese asunto en la agenda de los naranjas y el PSOE tampoco se plantea ponerlo en la palestra hasta que no vea a los de Mario Gómez más maduros. No por falta de ganas o argumentos, sino por las normas que rigen la moción de censura, un cartucho que una vez que se gasta no se puede volver a recargar (la ley establece que un concejal solo puede firmar una moción de censura en todo el mandato).
En este contexto, de receta a medio cocinar, los próximos dos meses serán cruciales para saber si el final será intentar apear a los populares del sillón de la alcaldía. Todo va a depender, aunque parezca una contradicción, del propio PP y del alcalde de Murcia, José Ballesta. De cómo solventen las distintas investigaciones que ha puesto sobre la mesa el portavoz de los naranjas y concejal de Fomento, que está jugando duro y que cuenta con el beneplácito de sus compañeros en Cs, hartos de ser ninguneados por los populares, según ellos mismo denunciaron en rueda de prensa hace un par de semanas.
También serán determinantes los presupuestos municipales, que todavía no han sido ni presentados oficialmente ni debatidos. Parece que los populares tienen problemas para cuadrarlos y les falta un buen puñado de euros, lo que barrunta que pueden producirse recortes que quizá caigan del lado de las concejalías que gestionan los de Cs. Un ingrediente que puede completar la receta para la moción de censura. Antes del verano podría despejarse la incógnita. Por nadie pase.
Primer gorrilla damnificado
Ya hay primer damnificado de la nueva ordenanza de gorrillas. La norma entró en vigor hace unos días y el grupo socialista ya ha recibido la primera denuncia de un hombre, que se presentó en el grupo municipal afirmando que agentes de la Policía Local le habían quitado menos de dos euros y habían mostrado una actitud agresiva hacia él sin que estuviera molestando a ningún conductor. La nueva ordenanza permite al Ayuntamiento requisarles el dinero a estos gorrillas, una medida que no ha logrado sacar de las calles a estos transeúntes en ciudades en las que ya se ha aplicado.
