04 de marzo de 2020
04.03.2020
Escaño cero

Prevaricación por omisión

27 años sin aprobar los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, el enésimo retraso del Plan de Vertidos al que obligaba la Ley de medidas urgentes sobre el Mar Menor, o el desprecio total del reglamento que desarrolla la Ley de Vivienda

04.03.2020 | 04:00
Prevaricación por omisión

Parece una característica común del Gobierno de López Miras, y de los Gobiernos del PP, no ejecutar las normas a las que están obligados tras haberse aprobado éstas en el Parlamento regional y publicado en el BORM. Ejemplos hay para ilustrar todo lo que se quiera, pero, por señalar algunos, resaltaremos los 27 años sin aprobar los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, el enésimo retraso del Plan de Vertidos al que obligaba la Ley 1/2017 de medidas urgentes para la sostenibilidad del Mar Menor, o el desprecio total del reglamento que desarrolla la Ley de Vivienda de la Región de Murcia.

Comprendo la mala suerte que para el PP supone haber perdido la mayoría absoluta de la que venía beneficiándose desde 1995, que el que hoy es su socio de Gobierno anduviera en los primeros meses de la legislatura anterior deshojando la margarita tratando de decir si apoyarle o no, y el que en esos momentos de duda la oposición aprovechara para aprobar, entre otras, una reforma de la Ley Electoral y otra de la Ley de Vivienda de la Región de Murcia.

Reforma, esta última, impulsada por la movilización social de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y que contiene herramientas para solucionar algunas de las situaciones más dramáticas que sufren hoy una parte importante de familias murcianas, como son la pobreza energética o los desahucios de la vivienda habitual. Entre aquellas, se recoge la obligación de ofrecer un alquiler social antes de proceder al desahucio, convenios con los Ayuntamientos para garantizar el realojo previo o la garantía de suministros básicos de electricidad, gas y agua. Cuestiones todas pendientes de desarrollo reglamentario que ya acumula más de tres años de retraso.

Mientras tanto, solo en materia de desahucios más de 9.000 familias se han visto afectadas en la Región de Murcia desde la entrada en vigor de la reforma de la ley, sin que el Gobierno regional haya movido una sola de las herramientas dispuestas en la misma, en una región en la que una tercera parte de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y que está a la cola del salario y de la pensión medios.

Lástima que el delito de prevaricación por omisión sea de difícil determinación por algunos tribunales, pero en el caso del Gobierno de la Región de Murcia deberían darle un repaso.

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