En ocasiones, noticias muy significativas cuya difusión masiva alteraría la percepción que la opinión pública tiene de la realidad socioeconómica, permanecen escondidas en recónditos lugares de las columnas de opinión o de las páginas salmón de los diarios. Y ahí están, quizás, para evitar que la gente adquiera conciencia del estado real de la cosa pública y actúe en consecuencia. Una de esas noticias la encontré hace un par de semanas. Decía que las empresas españolas, consideradas en su conjunto, presentaban unos niveles de rentabilidad muy superiores a sus homólogas europeas. En concreto, se informaba de que su superávit financiero (exceso de renta disponible sobre las necesidades de inversión) había alcanzado, hasta el tercer trimestre de 2019, unos 26.600 millones de euros, casi cuatro veces más que en Alemania e infinitamente por encima de las empresas francesas y británicas, que arrojaban déficits muy voluminosos, lo que las obligaba a pedir créditos para invertir.

Viene esto a cuento porque en lo tocante al impuesto de sociedades, las empresas españolas pagan cinco puntos menos, en porcentaje del total de sus tributos, que las de la OCDE. Las gratificaciones fiscales de las que se benefician quienes más tienen suponen un drenaje de unos 37.000 millones de euros para las arcas públicas. El impuesto de patrimonio, que sólo se aplica a aquéllos cuyas posesiones superan los 700.000 euros, excluidos los primeros 300.000 euros de la vivienda habitual, sólo permite, debido a las bonificaciones, recaudar en el conjunto de Comunidades Autónomas poco más de mil millones de euros. El impuesto de sucesiones (de afectación real sólo a las rentas muy altas), por su parte, está bonificado casi en su totalidad, de manera que nuestra Hacienda regional renuncia a unos 240 millones.

En resumen, las grandes empresas, rentas y patrimonios de este país pagan muy pocos impuestos. Eso provoca que estemos a siete puntos del PIB de la presión fiscal de la eurozona (lo que nos cuesta 87.000 millones), y todavía más alejados de las grandes economías del euro, como Francia o Italia. Tenemos, pues, un grave problema recaudatorio que no es sino la expresión de un problema mayor y estructural: la desigualdad. Lo ha puesto de manifiesto en toda su crudeza el relator de la ONU Philip Alston, quien tras visitar España ha concluido que aquí padecemos una fuerte desestructuración social, con niveles de paro, pobreza y precariedad incompatibles con nuestra condición de país rico. Reclama medidas fiscales contundentes y atajar el problema de la vivienda.

El nuevo Gobierno progresista de coalición ha presentado un programa que camina, precisamente, en esa dirección. Habla de aumentar, entre 2020 y 2025, los presupuestos en educación, sanidad y dependencia en unos 40.000 millones aproximadamente. Igualmente, el vicepresidente de políticas sociales, Pablo Iglesias, propone establecer una renta básica (ingreso mínimo), la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años y un incremento significativo, desde lo público, de la inversión para impulsar la transición energética y la digitalización. Esto se cuantifica en unas cuantas decenas de miles de millones de euros más. El problema es que el plan fiscal del Gobierno sólo contempla un crecimiento de los ingresos, por subidas de impuestos a las rentas altas y a las empresas tecnológicas americanas, por valor de unos 5.700 millones de euros. Si la economía sube un 1,5%, como está previsto, entrarían en el sistema unos 7.200 millones de euros añadidos netos. Contamos, por tanto, con unos 13.000 millones de euros, pero ahora viene la Comisión Europea con las rebajas y nos obliga a hacer un ajuste del déficit estructural del 0,65%, que son unos 8.100 millones, y nos quedan para este ejercicio unos 5000 millones para cubrir el déficit social: absolutamente insuficientes.

Para cumplir el programa progresista, el gasto social y la inversión pública deben elevarse cada año unos 20.000 millones durante cuatro ejercicios consecutivos. Sólo para parecernos a los países de nuestro entorno, no para hacer una revolución comunista. La única revolución que este país necesita es la fiscal. Caiga quien caiga.