Hay cabreos más que justificados, cargados de razones y con derecho a ejercer todas las medidas de presión y de protesta imaginables, pero no todo vale.

Con menos años, menos peso y menos canas de las que luzco ahora, acudí a una entidad bancaria de cuyo nombre prefieron olvidarme para solicitar un préstamo personal. El director de la oficina me trató con gran cortesía y amabilidad y expuso las condiciones en las que se podía aprobar la operación. Estuve de acuerdo y firmamos un escrito que recogía los detalles del crédito previo a la firma del documento definitivo. Salí de la sucursal con la satisfacción y la tranquilidad de que podía acometer, sin problemas, el proyecto en el que me había embarcado. Un optimismo que el ya citado director truncó a los pocos días, cuando volví a la entidad para la firma del préstamo y me comunicó que había cometido un error y que las condiciones que firmamos la semana anterior debían modificarse. La variación era poca cosa en la cuota mensual, pero un dineral en la vida total del crédito. Me remití al acuerdo que habíamos alcanzado previamente, pero, muy correctamente y cariacontecidos, me trasladaron que eran lentejas. Así que las dejé. Mi cabreo fue monumental y, en caliente, traspasé mi nómina, mi hipoteca y todos los productos y recibos que tenía en esa entidad a otro banco, a pesar de que conllevaba un coste inicial en comisiones de todo tipo.

Nunca me he arrepentido de aquella decisión, pero en ningún momento de este episodio de negociación y ruptura perdí las formas ni falte al respeto a nadie. Simplemente, me fui e hice oídos sordos a sus intentos para que siguiera como su cliente, aunque, a decir verdad, sus esfuerzos fueron directamente proporcionales al peso de mis números. Escasos.

Algo parecido, salvando miles de distancias, les ha ocurrido a los funcionarios del ayuntamiento de Cartagena con su acuerdo de condiciones de trabajo. El pasado mes de mayo, pocas semanas antes de las elecciones municipales, llegaron a un acuerdo con el entoces Gobierno socialista de Castejón en el que obtuvieron condiciones muy beneficiosas para los trabajadores. Hasta los propios sindicalistas admiten su sorpresa ante la aceptación, en aquel momento, de todas las propuestas que le plantearon a la alcaldesa Ana Belén Castejón. Todo era perfecto y maravilloso hasta que se celebraron los comicios y salió de las urnas el tripartito de exsocialistas, del PP y de Cs que dirige ahora las riendas del municipio.

El nuevo Gobierno hizo cuentas y comprobó que no salían y le tocó a la concejala Esperanza Nieto el marrón de tener que decirles a los funcionarios que habían cometido un error y que debía firmarse un nuevo acuerdo a la baja, metiendo la tijera a los muchos beneficios económicos que se incluían en el convenio firmado antes del verano del año pasado. Los representantes de la plantilla del Ayuntamiento dijeron que nones, que no están dispuestos a la rebaja que plantea el Ejecutivo local y que quieren a Castejón, la misma que les concedió el oro y el moro, de interlocutora directa para sentarse a abordar el asunto.

Como no podía ser de otra manera, cargados de razones hasta las trancas y ejerciendo todo el derecho del mundo que tienen y tenemos todos comenzaron a protagonizar protestas para exigir al Consistorio que cumpliera con lo pactado. Su reivindicación es legítima, sensata, lógica, entendible y hasta pausible, si quieren, porque no pueden permitir que les tomen el pelo ni les utilicen de cara a una cita electoral. Pero creo que han cometido un error.

Creo que han faltado al respeto, no a la alcaldesa, a la que enmudecieron con sus pitos y sus sirenas durante la Llamada del pasado Miércoles de Ceniza; no a la Semana Santa y sus dirigentes por boicotear el tradicional evento que marca el inicio de la intensa Cuaresma que se vive en Cartagena. A quienes han menospreciado, probablemente sin pretenderlo, es al pueblo de Cartagena al que sirven a diario desde sus distintas responsabilidades.

La Llamada es un acto festivo, de alegría, en el que las cofradías se funden con los cartageneros para celebrar que habrá procesiones un año más. Y no parece el momento más oportuno para las reivindicaciones personales o colectivas de ningún tipo. Quizá hayan conseguido hacer el ruido mediático que perseguían, pero también se pueden haber ganado antipatías que no tenían hasta ese momento.

Lo peor es que llueve sobre mojado y lo de utilizar la Llamada y otros eventos festivos del pueblo cartagenero como escenario que boicotear no es la primera vez que se produce. Porque los festeros y los cofrades se dejan la vida en que podamos disfrutar de nuestro legado y de nuestras tradiciones y no se merecen que, sea quien sea el designado para pregonar o anunciar las fiestas o las procesiones, aparezcan unos cuantos a deslucir su labor.

Los funcionarios y quienes quieran presionar al Gobierno local y a la alcaldesa en particular disponen de una de las mejores webs de un Ayuntamiento en nuestro país, donde se anuncia y se expone con total transparencia la agenda de la alcaldía y de todos sus concejales. Así que hay mucho donde elegir. Que no es por dar ideas, porque no les hacen falta. Es simplemente tratar de no darle la razón a los que afirman, que son muchos, que los cartageneros somos los peores enemigos de nosotros mismos.

Deseo y creo de justicia que los trabajadores municipales consigan aquello que les prometieron tanto como que reflexionen y determinen con más acierto cómo ejercer sus legítimos derechos sin pisar los de los demás. Puedes ser ateo y hasta puede no gustarte la Semana Santa, lo que no es de recibo es menospreciar ni dañar la tradición más querida y respetada por la inmensa mayoría de los cartageneros.