La tractoradas que en ocasiones ocupan carreteras, autovías e incluso centros urbanos empiezan, desde hace años, a formar parte del paisaje español. Sorprende, sin embargo, la dimensión de la protesta actual de agricultores y ganaderos, precisamente cuando se ha constituido un Gobierno de coalición de izquierdas en España, si se tiene en cuenta que los problemas que se denuncian vienen de muy atrás y que, por tanto, lejos de ser coyunturales, tienen un carácter estructural.

Para situar el problema, hay que decir que la participación en el Producto Interior Bruto (PIB) del sector agrícola en 2018 se situaba en el 2,8% (la Industria, un 19,9%, y el Sector Servicios, un 67,71), cuando en 2008, año del inicio de la crisis, era algo inferior, el 2,37%. Eso supone que, según datos de Expansión, el sector primario en nuestro país ocupaba en 2018 a 774.600 personas (76,9% de hombres y 23,1% de mujeres) sobre una población activa que se acerca a los 20 millones de personas, es decir, apenas un 3,5% del total.

Dicho esto, hay que hacer notar algo evidente: la protesta no la protagonizan los miles y miles de jornaleros agrícolas mal pagados y al límite de la semiesclavitud en sus condiciones laborales en las plantaciones de fresa de Huelva, en los invernaderos de Almería o en los cultivos intensivos del Campo de Cartagena, y poco tiene que ver con las reivindicaciones de los jornaleros que, allá por los años de la II República, reclamaban tierras de cultivo y la reforma agraria.

La revuelta campesina actual está protagonizada por agricultores, un colectivo variado que va desde los pequeños y medianos propietarios, hasta los terratenientes y quienes arriendan sus tierras a poderosas multinacionales alimentarias. Primer dato, pues: la aparente unidad de las reivindicaciones de lo que, in extenso, viene denominándose 'campo español', oculta esa heterogeneidad del movimiento. Segundo dato: el alcance de una de las motivaciones que se esgrime para las protestas, a saber, la 'venta a pérdidas', no alcanza por igual al pequeño y mediano agricultor y ganadero que a las poderosas empresas agrarias, menos afectadas por las políticas de precios que imponen las cadenas de alimentación.

PROBLEMAS COMUNES.

Y, sin embargo, dicho esto, es cierto que como denuncia el portal Efe Agro, hay una serie de problemas comunes para los que el Gobierno, precisamente porque estamos en una economía de mercado, tiene poco margen de maniobra. Bajo la etiqueta en redes sociales 'Agricultores al límite', las tres principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA (en esta ocasión no se ha sumado Cooperativas), basan sus protestas en:

1. Caída de precios.

En el caso del aceite de oliva, sector del que se calcula que comen más de 250.000 familias en el país, se ha registrado una caída del 25-30% en el último año y que llega al 50% si se compara con el 2018. En su punto de mira, las organizaciones agrarias culpan a las cadenas de grandes superficies comerciales.

2. Aranceles de EE UU.

La decisión de la Administración Trump (con el permiso de la Organización Mundial del Comercio) de imponer aranceles a la importación de algunos productos agroalimentarios españoles, entre ellos el aceite, el vino o los quesos, ha indignado al sector, que pone el grito en el cielo por pagar los platos rotos de un conflicto vinculado a las ayudas públicas al sector aeronáutico en Europa. Las empresas, a través de sus patronales, exigen medidas de compensación a Bruselas y más firmeza al Gobierno para la defensa de sus derechos.

3. Más costes.

Los agricultores critican el incremento de los costes de producción de los insumos agrícolas, pero no dejan de lado el efecto que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pueda tener sobre las rentas agrarias en los momentos en que, aun de forma puntual, se necesite contratar personal para la recolección agrícola.

4. Negociación de la PAC.

La Política Agrícola Común (PAC) es un instrumento clave para la actividad primaria. La negociación para el período 2021-2027 genera nerviosismo entre el sector, que rechaza de plano cualquier intento por reducir su presupuesto tras la marcha del Reino Unido.

5. Competencia desleal.

Los productores españoles advierten de la competencia desleal procedente de países no comunitarios, donde las exigencias sanitarias y de calidad de los productos son menores, como en Sudáfrica (con los cítricos) y en China (miel).

EL PROBLEMA DE LA DESPOBLACIÓN.

En el campo, que ocupa el 84,3% del territorio nacional, está empadronado el 16,7% de la población. El auténtico problema del campo español, pues, es la despoblación. Según datos de Expansión, de los 8.125 municipios del país, el 82,2% son rurales y el 60% tiene menos de mil habitantes, por lo que están en riesgo de desaparecer, de manera irreversible, unos 1.900 pueblos y municipios, especialmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Teruel.

El problema viene dado por el abandono del hábitat rural, a partir de los años 60 del pasado siglo, por una población ligada antaño a los usos del campo, que vivía en él y cuidaba de él, porque era su medio de vida. Las ayudas de la PAC no han logrado revertir esa situación.

Amenazado también por el cambio climático y la escasez y los malos usos del agua, y aunque la salud de las exportaciones agrícolas es evidente y crece el turismo rural, ambos factores no son de por sí suficientes para generar empleo.

SOLUCIONES A CORTO-MEDIO PLAZO.

Atajar los problemas de la despoblación del hábitat rural no es fácil. Pero hay soluciones a medio y largo plazo:

1. Dotación de wifi en esas zonas rurales.

2. Servicios educativos y médicos adecuados.

3. Puesta en valor de nuestros montes y masas forestales.

4. Fomento del cooperativismo agrario.

5. Revisión de la fiscalidad, y potenciación de los seguros agrarios.

6. Apoyo a la población joven para prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales.

7. Revalorización del secano.

8. Tendencia gradual a ir implantando una agricultura de proximidad, precisamente impuesta por el cambio climático.

9. Adaptación de los cultivos a las exigencias de ese cambio climático, con políticas de ahorro y de uso racional del agua, según la disponibilidad del recurso.

10. Fomento del turismo rural respetuoso con el medio.

Puede verse que los problemas del agro español tienen, como he dicho arriba, una base estructural para la que hay soluciones.