Un mal Gobierno se define entre otros factores por sus círculos de corrupción, por sus carencias en la rendición de cuentas, por el clientelismo político que alimenta y por su incapacidad para hacer de la función pública una estructura independiente al servicio de la ciudadanía. Así lo explican muy claramente Piatoni, Villoria, Dahlstrom o Lapuente.

Además, nuestra democracia surge de un sistema de acceso al poder formulado durante la Transición que cerraba algunos instrumentos de participación ciudadana, lo que ha impedido la apertura de las instituciones, que han seguido dominadas por un patriarcalismo de siglos. La consecuencia es que padecemos una sociedad democrática que camina con dificultad por pasillos estrechos.

Nuestro sentido democrático nos obliga a difundir por toda la sociedad lo que dijo en su día el fiscal general del estado Conde-Pumpido: España no es un país sistémico de corrupción sistémica, sino un caso de corrupción política. Por eso las instituciones independientes no tienen buena acogida: son meros bonsáis del ordenamiento jurídico.

Para no vivir en la nube estatal es bueno pisar suelo y ver lo que pasa en la vida local y regional, en la que muchas veces los Gobiernos se ven salpicados por ese efecto negativo del mal gobierno, dejándose arrastrar por sueños de grandeza que nada tienen que ver con la innovación y la creación de una economía sana. Por desgracia, la Región de Murcia sabe mucho de esa parafernalia de proyectos fantasiosos como el del Parque Paramount, la urbanización masiva de Cabo Cope, el Gorgel o el Aeropuerto, y además la especulación ha cometido el gran crimen ambiental de la destrucción del Mar Menor. Son ejemplos de un sistema corrupto que de forma mafiosa ha encubierto estas operaciones especulativas sin escrúpulos con consecuencias mortíferas para la naturaleza, la vida económica y la convivencia social. Una trama que ha contaminado mentes, estructuras, instituciones y un sistema general. Un crimen contra la naturaleza de muy difícil recuperación.

Estas situaciones se favorecen cuando el liderazgo político responde al perfil de los malos Gobiernos y se estrecha el pasillo democrático, en acertada expresión de Acemoglu y Robinson. Vivimos un momento en el que la sociedad civil ha perdido fuerza, el Leviatán se ha desmadrado y se ha convertido en el mayor problema. Tanto que a una catástrofe se atreven a llamarla 'crisis de paisaje', para que nadie piense que es una visión catastrofista sino un diagnóstico técnico de la nueva patología del siglo XXI.

Se permiten decir estas cosas porque parte de la ciudadanía está encadenada en un entramado de ayudas, subvenciones y problemas mentales que impiden que las medidas de salud democrática causen sus efectos. A muchos ciudadanos les encanta tener un pie dentro y otro fuera. Y sería deseable que después de tan evidentes muestras de desgobierno de lo público, se recapacite, y pronto tengamos los dos pies en el pasillo de la democracia. Roosevelt dijo que los hombres necesitados no son hombres libres. Es evidente que, si estamos atados a subvenciones, ayudas y a un variopinto escenario donde entra la publicidad institucional, estamos en los terrenos en donde el poder domina y condiciona.

Solo la persona libre, las instituciones independientes y las organizaciones ciudadanas que persiguen las libertades y la igualdad pueden sentirse con fuerza para entrar en el pasillo democrático y dominar el Leviatán y cambiar los malos Gobiernos por Gobiernos que busquen la excelencia y la participación de la ciudadanía en su gestión de lo público.

Salgamos del pasillo estrecho de nuestra larga Transición y caminemos hacía las avenidas de la libertad dejando atrás el poder despótico. Superemos la etapa de una democracia débil y encorsetada en un marco demasiado estricto que impide que surjan iniciativas ciudadanas. Reformemos con urgencia los textos legales en donde se pervierten los conceptos de participación.

Una sociedad libre es la que sabe enfrentarse a los nuevos retos, y combate de forma eficaz todas las dominaciones, sean viejas o nuevas. Y eso solo sucede cuando todo el mundo se moviliza para defender los derechos. Y no debemos creer que responder es hacer una cadena de tuits: debe ser un movimiento ciudadano de jóvenes, mujeres y hombres que den respuesta a toda clase de acosos a los que los poderosos nos someten en el día a día. El progreso depende de esa capacidad de respuesta, porque innovar la sociedad es organizarla con el desarrollo de los derechos que fortalezcan un pensamiento alternativo.

Los Gobiernos deben ser fuertes y con la suficiente madurez para convivir con una sociedad también madura y fuerte. En estos procesos sobran los que aterrizan precipitadamente y con una inmadurez evidente en la vida política. Esa madurez es la que lleva a que Gobiernos y sociedad cooperen, y es esa cooperación la que genera la capacidad de conseguir aquellas cosas que la sociedad desea. En estos procesos se logra más libertad y las leyes se hacen más fáciles de cumplir.

Necesitamos Gobiernos que asuman sus responsabilidades, presentes y futuras. Que desarrollen sus capacidades adicionales y que sean competentes para desarrollarlas movilizando a la ciudadanía. Y es en esa coordinación participativa en donde las libertades se fortalecen y las desigualdades se reducen. En conclusión: es preciso que la ciudadanía pierda el miedo, recupere su empoderamiento y construya una nueva sociedad.